Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha.

Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha.

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El grueso de los 77,5 millones de euros aprobados en Castilla-La Mancha para Bienestar Social se dedicará a ayuda a domicilio

En total, este programa tiene un coste que supera los 58 millones de euros.

Más información: El Gobierno de Page movilizará 77,5 millones de euros para financiar servicios de Bienestar Social en Castilla-La Mancha

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes una inversión de 77,5 millones destinada a sufragar la cartera de servicios sociales de Atención Primaria que gestionan ayuntamientos y mancomunidades. La mayor parte de este montante, 58 millones de euros, corresponden al programa de ayuda a domicilio.

Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que estos acuerdos “dan luz verde al marco de concertación que permite sostener y reforzar la red pública durante todo el año”.

Este sistema se articula a través de tres grandes líneas de actuación que consolidan la colaboración con las entidades locales mediante la firma de 664 convenios en toda la región, para poder dar cobertura al conjunto de la comunidad autónoma.

“Estos convenios cuentan con la colaboración institucional de ambas administraciones que de manera corresponsable participan en la financiación y también en la contratación de todos los profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria", ha señalado la consejera, quien además ha apuntado que permitirá la contratación de 1.062 profesionales, 34 más que en la edición anterior.

La titular de Bienestar Social ha puesto el acento en la ayuda a domicilio como uno de los pilares del sistema, “un servicio clave para la autonomía personal y la permanencia en el entorno, especialmente en el medio rural”. Se trata de un servicio que alcanza a alrededor de 40.000 beneficiarios y que en 2026 se va a reforzar con más de 185.000 horas adicionales, “hasta llegar a los 5,5 millones de horas de atención”, ha explicado.

Tres bloques de convenios

García Torijano ha explicado los tres niveles de convenios que se suscriben con los ayuntamientos en esta materia. En el primero, el Plan Concertado de Servicios Sociales, los convenios se suscriben con consistorios grandes y incluyen tanto los servicios sociales de atención primaria como ayuda a domicilio por un importe de 40,4 millones.

En total, se articulan 103 convenios con ayuntamientos que ayudan a financiar 667 profesionales que se ven reforzados con 60 equipos técnicos de inclusión social integrados por 116 profesionales.

Estos acuerdos recogen que la Junta aporte el 55 % de los gastos en municipios con más de 20.000 habitantes y el 70 % en los que no superan esta cifra. El resto del presupuesto corre a cargo de los propios ayuntamientos.

El segundo bloque, con un presupuesto de 10,8 millones de euros, cubre los servicios sociales de ámbito supramunicipal, un modelo que permite garantizar la atención en zonas rurales y municipios de menor tamaño, especialmente en contextos de despoblación.

A través de esta financiación se articulan 51 convenios con mancomunidades y agrupaciones de municipios, que permiten dar cobertura a 510 municipios, con la participación de 167 profesionales y el refuerzo de 18 equipos técnicos de inclusión social.

En este caso, la Junta aporta el 99,98 % de los costes y los consistorios el 0,02 %.

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado 26,1 millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito del Programa Regional de Acción Social (PRAS), dirigido a entidades locales.

En total, este bloque servicios de atención a domicilio afecta a más de 510 entidades locales agrupadas en ayuntamientos de cabecera y lo financia la Junta en un 76 % y los ayuntamientos en el 24 % restante.

"No se trata de un gasto, es una inversión social", ha sentenciado la consejera de Bienestar Social al entender que permite garantizar derechos, reforzar la cohesión territorial y asegurar la atención a las personas en todo el territorio regional.