La regularización exprés en Castilla-La Mancha: sin cifras exactas de inmigrantes, con dudas sobre la documentación

El volumen de ciudadanos que se encuentran en situación irregular en Castilla-La Mancha y que podrían acogerse a la regularización extraordinaria que ha planteado el Gobierno de España "no se puede medir", explica Juan Carlos del Puerto, secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO en la región.

Desde el sindicato recuerdan que no existen "cifras oficiales" sobre el fenómeno de la inmigración irregular en Castilla-La Mancha y que, aunque podrían emplearse indicadores como los empadronamientos, estos no reflejarían la realidad porque no todos los individuos figuran censados.

El único registro orientativo es el de solicitantes de protección internacional, que la organización sindical calcula entre 3.000 y 4.000 personas en la región, aunque esta cifra está muy por debajo del número total de ciudadanos extranjeros indocumentados.

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Los futuros solicitantes que han pedido consejo en las oficinas de CCOO en la región forman un grupo amplio, sin que emerjan patrones muy definidos. "Hay personas con carreras y sin carreras, personas con formación básica y con formación universitaria", apunta Del Puerto.

La ausencia de un perfil claro caracterizará la regularización por venir. Por una parte, se distingue a "personal cualificado extranjero que tiene algún problema en su país de origen"; al mismo tiempo, las mujeres destacan en las tareas de los cuidados a personas mayores.

En cualquier caso, no se atisba una nacionalidad predominante. Entre los países africanos, hay senegaleses que trabajan en las "industrias más pesadas"; muchos latinoamericanos se afanan "en dependencia y hostelería", mientras que los marroquíes y argelinos operan, mayoritariamente, en "transporte, comercio, también hostelería".

Ya son "población activa"

El mensaje que proyecta el sindicato trata de acallar el retrato sobre el colectivo que se esboza desde ciertas tribunas. Quienes pueden acogerse a la regularización extraordinaria se reparten entre todos los sectores productivos, incluidos los servicios, la industria o el campo.

Aunque desarrollan su actividad profesional sin papeles, el grueso de los potenciales beneficiarios "son población activa que ya está incorporada a nuestra sociedad", añaden.

Regularizar sí, pero no a ciegas

La aportación de estas personas se gratifica con dinero, pero no con el deseado estatus legal. Del Puerto afea al "empresario que se aprovecha de su situación", también a aquellas personas con un familiar dependiente a quienes "no les sale a cuenta" dar de alta al empleado que "llega por contacto" y a quien pagan en negro.

"Nos tenemos que quitar esa idea de que hay personas extranjeras que llevan aquí solo cinco o seis meses y van a aprovecharse de los vientos de esta regularización", remarca el representante de CCOO en Castilla-La Mancha, quien extiende a "un año y medio, dos años o incluso tres años" las situaciones más frecuentes.

Además, plantea un ejercicio de solidaridad social retrospectiva. "Igual que otros países nos ofrecieron una buena cara cuando emigramos, también nosotros debemos darles la oportunidad de regularizar su situación y aportar a nuestro país".

Del Puerto recuerda que la legislación vigente ya posibilita que los migrantes sin permiso de residencia disfruten de atención sanitaria y accedan a otros servicios públicos, aunque subraya el escaso uso que estas personas suelen hacer de estas coberturas.

¿Qué documentación se va a pedir?

La posición de CCOO respecto a este proceso "es, elementalmente, positiva", confirma Del Puerto. Su organización concibe el plan del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez como "un reconocimiento justo del papel que realizan los trabajadores migrantes en nuestra región, ya estén en situación irregular o regular".

La normativa aún por concretar se concibe como "un procedimiento de justicia que lo que hace es adelantar lo que iba a pasar".

No obstante, la aquiescencia con el fondo del asunto no esconde algunas críticas al Gobierno de España. "Hay mucho margen de mejora en cómo están transmitiendo la información".

Juan Carlos del Puerto es el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

El decreto que debe establecer las pautas de la regularización y que, presumiblemente, se aprobará la próxima semana, "no está todavía cerrado", recuerdan desde CCOO. "Tampoco hay información concisa", apostillan.

"Por parte del Gobierno se está promoviendo que esto es un trámite público, gratuito y que se puede hacer motu proprio por la persona extranjera". Sin embargo, "no hay una directriz concreta sobre la documentación que se va a pedir".

Del Puerto extiende su crítica a los "tiempos de gestión" y augura que "muchas particularidades van a acabar en los juzgados contenciosos-administrativos".

Aunque el representante sindical reitera su visión "positiva" de la reforma, considera que tendría que haberse desarrollado "con un poco más de calma, un poquito más de negociación y una profundidad muchísimo mayor".

Más allá de algunas pocas quejas puntuales, el procedimiento se antoja para CCOO como una solución para ese ciudadano que "quiere permanecer, residir, crecer y asegurarse unas mejores condiciones de vida que las de su país de origen".

Dudas con la gestión burocrática

Del Puerto aplaude la decisión de "sacar fuera" del servicio ordinario de las oficinas de Extranjería las regularizaciones por venir. Al mismo tiempo, denuncia "una falta de trabajadores estructural en la Administración pública", una carencia que el sindicato denunció con la huelga del personal de Extranjería del pasado año.

La premura que marcan las fechas —y el hecho de que aún no se haya iniciado el procedimiento— reduce a poco más de dos meses y medio el tiempo de gestión posible. "Van a llegar por los pelos", cuenta Del Puerto, quien contempla la posibilidad de que a fecha de 30 de junio "no se hayan regularizado completamente todos los expedientes".

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Desde CCOO aplauden la apuesta de la Administración por las comisiones de servicios y la ampliación de horarios para la presentación de registros. El sindicato sugiere la posibilidad de "prórroga u otro instrumento por el estilo" si, a partir de julio, restan solicitudes por valorar.

El temor ante un eventual colapso no opaca el éxito del proceso de regularización extraordinario emprendido en la Comunidad Valenciana tras la dana de octubre de 2024, un proceso del que "muy poquita gente sabe".

Se atendieron más de 30.000 solicitudes de regularización. "Y se dio pie a todos, se llegó a todos los expedientes y se llevaron a cabo cuando se creía que no se iba a llegar: hubo otro proceso extraordinario hace dos días y dio muy buenos resultados", concluye Del Puerto.