Este viernes lo anunció el presidente Emiliano García-Page y ahora lo ha detallado el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Bienestar Animal del Gobierno de España porque "rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural".

En su escrito de alegaciones, el Ejecutivo castellano-manchego muestra su "profundo desacuerdo" con el proyecto legal, sobre el que alerta que "invade competencias de las comunidades autónomas".

Martínez Guijarro, que este sábado ha asistido al Campeonato Nacional 2022 Mastín Español en Jábaga (Cuenca), ha pedido "no hacer leyes desde despachos de una gran ciudad y sin conocer la realidad del medio rural", por lo que ha solicitado al Gobierno de España que "reconduzca" el proyecto de ley para que incluya las particularidades del campo. "La gente que vive en el medio rural no puede tener el sentimiento de ataque permanente desde los urbanitas", ha añadido.

Perros de caza

Entre las cuestiones que han levantado ampollas en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro ha citado algunas de ellas, como el hecho de que los perros de caza pasen a ser considerados como animales de compañía.

"No son mascotas y por lo tanto no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal", ha defendido el vicepresidente castellano-manchego, que ha considerado que los canes utilizados por los cazadores "tienen que tener una regularización, pero no ésta".

Asimismo, ha apuntado el proyecto de Ley de Bienestar Animal incorpora obligaciones para las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos, "pero no plantea la financiación de la prestación de esos servicios".

"Si el Gobierno de España quiere imponer esas obligaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos tiene que poner financiación", ha concluido.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha aseguró este viernes que desde el "cariño a los animales" en la vida actual "no debe de imperar la ley de la selva". Su Ejecutivo pretende con las alegaciones que el proyecto de ley "no se convierta" en un intercambio de bienestar animal por "malestar" humano, dijo García-Page.