El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado al respecto del protocolo del Gobierno español para luchar contra la desinformación, considerando que "todo intento en España de mediatizar a los medios o controlar a los periodistas no sólo es un error, sino que se vuelve en contra".

En una entrevista en el Canal 24 horas de Televisión Española recogida por Europa Press, García-Page ha señalado que ni el Gobierno ni quien estará al frente de esta comisión -el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo- tienen "dosis alguna de ingenuidad".

Por ello, ha pedido "explicarlo bien", ya que con los medios de comunicación en España ya hay "una práctica asentada y un juego de equilibrios", además de que la propia audiencia "persigue" la mala praxis periodística. "Hay poco que rascar y tocar ahí, ya va bien en materia de medios de comunicación, incluyendo los digitales".

Eso sí, opina que hay algo distinto que sí puede contemplar una reflexión en el apartado de la desinformación en redes sociales. "A mí me pueden insultar en un periódico y yo puedo poner una denuncia, pero en redes sociales se ataca sin que haya reproches sociales", ha considerado, añadiendo que en todo caso es "difícil" que eso lo pueda cambiar un Gobierno.

La polémica del idioma

Por otro lado, García-Page ha pedido encontrar un "punto medio" y equilibrar el debate idiomático dentro de la negociación de la próxima ley educativa, si bien ha lamentado la "poca lógica" que existe en el extremo de que se aprenda más castellano en puntos del planeta como Japón o China que "en algunos lugares de España", en referencia velada a Cataluña.

En una entrevista con el Canal 24 Horas recogida por Europa Press, García-Page ha abundado en la "lástima" que genera el hecho de que incluso a Brasil se le ha premiado por colocar el castellano como segundo idioma en su enseñanza y por contra se cuestione su enseñanza a cuenta del debate ideológico independentista catalán.

En este punto, ha defendido "el modelo inicial" de la Constitución, un sistema por el cual el castellano "es oficial en toda España y todos tienen derecho y obligación a hablarlo", a lo que se suma el hecho de que en comunidades autónomas con idioma propio haya cooficialidad.

Por ello, lo que hay que hacer en su opinión es garantizar este derecho en todo el territorio, especialmente en Cataluña, donde ha sugerido que existen colegios que "burlan la ley" y no aseguran la enseñanza de ambas lenguas cooficiales al mismo nivel.

Otro extremo en este debate es "garantizar los derechos del resto, de los que nunca hablan catalán", y tras bromear con que él mismo no habla la lengua catalana "ni en la intimidad ni en público", ha mostrado su deseo de poder ir a Cataluña y "leer los carteles en castellano". Según ha dicho, utilizar el idioma "como elemento arrojadizo o de privilegio" es un error que hay que corregir.

Al respecto de la redacción de las lenguas vehiculares en el texto de la ley, ha alertado de la posibilidad de que la decisión pase por "la mano del independentismo", ya que esta vertiente política lo utilizaría "como barrera y elemento de separación". "Hay que llegar a un punto medio y habrá que ver elementos de equilibrio, que es como han convivido siempre catalán y castellano", ha abogado García-Page.