La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, ha recordado a los consumidores que la plataforma de alojamientos vacacionales Airbnb debe modificar sus condiciones para adaptarse a la normativa europea y ser transparente en la presentación de los precios.

En un comunicado, la Consejería ha explicado que se ha detectado que la presentación actual de los precios de la plataforma y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.

Por ello, las autoridades europeas de protección de los consumidores y la Comisión Europea han exigido a Airbnb una serie de cambios y la empresa tiene de plazo hasta finales de agosto para presentar sus propuestas.

Una vez que Airbnb haya planteado soluciones, la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores de la Unión Europea las examinarán y, si no se consideran satisfactorios, la empresa podría ser sometida a medidas ejecutivas.

En concreto, se le requiere modificar la manera en que presenta la información sobre precios desde la búsqueda inicial en su sitio web, con el fin de garantizar que, cuando se ofrezca una vivienda, el consumidor sea informado del precio total, incluidos todos los gastos y suplementos obligatorios, como gastos de servicio y de limpieza.

También que cuando no sea posible calcular el precio final de antemano, se informe claramente a los consumidores de que pueden aplicarse suplementos adicionales.

Asimismo, deberá indicar si la oferta procede de un anfitrión privado o de uno profesional, ya que las normas de protección de los consumidores son diferentes según el caso.

La Consejería de Sanidad ha advertido de que las condiciones de servicio de Airbnb deben hacerse "conforme a la legislación europea de protección de los consumidores".

La Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos exige que las cláusulas y condiciones generales no creen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor.

También exige que las cláusulas se redacten de forma clara y comprensible, a fin de que los consumidores sean informados de forma inequívoca e inteligible sobre sus derechos.

Esto significa, por ejemplo, que la plataforma no puede privar a los consumidores de su derecho legal básico de demandar a un anfitrión en caso de daños personales u otros daños.

Tampoco puede modificar unilateralmente las cláusulas y condiciones sin informar a los consumidores anticipadamente y darles la posibilidad de rescindir el contrato.

Además, la terminación o suspensión de un contrato por la empresa debe explicarse a los consumidores y regirse por normas claras y no debe privar al consumidor del derecho a una indemnización adecuada o del derecho de recurso.

Por todo ello, la Consejería de Sanidad ha remarcado que la política de Airbnb en materia de restituciones e indemnizaciones y de aceptación de demandas por daños "debe estar claramente definida y no debe privar a los consumidores de su derecho de interponer los recursos legales a su disposición".

También debe proporcionar en su sitio web un enlace con la plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) fácilmente accesible y toda la información necesaria en relación con la resolución de litigios, con arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento.