El gobierno de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, y el partido que lo apoya, el PSOE, han tomado este jueves dos polémicas decisiones en torno a sendos temas de plena actualidad y relacionados entre sí: las macrogranjas y el llamado "caso Garzón".

Como ha informado EL DIGITAL CLM, el pleno de las Cortes de CLM aprobó ayer la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022, con el voto a favor de la mayoría socialista. Esta ley incluye la enmienda de los socialistas que fija hasta el 31 de diciembre de 2024 la moratoria a las macrogranjas. Esta iniciativa fue anunciada por el ejecutivo de Page hace más de un mes, mucho antes de que se produjeran las declaraciones de Garzón a The Guardian. 

Se esperaba que saliera adelante esta normativa pionera en España, pese a la fuerte contestación que está teniendo en el sector ganadero de la región. De hecho, el pasado miércoles se reunieron representantes de ganaderos, fábricas de pienso, organizaciones agrarias, empresas de gestión de purines, agricultores productores de cereales e industrias cárnicas para analizar la situación. Sus conclusiones no pudieron ser más rotundas.

En declaraciones a los medios se mostraron "en guerra totalmente" contra la moratoria, por lo que no han descartado movilizaciones en las que se verán "cerdos por las calles" en señal de protesta. El sector considera que la moratoria no tiene sentido, ya que las granjas intensivas de la región cumplen toda la normativa relativa a este tipo de explotaciones. El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, habitualmente noderado y conciliador, mostró su enfado llegando a proclamar que el trasfondo es el de "un modelo de hacer política que atenta contra el tejido productivo" y que "nos condena a ser un país dependiente del subsidio", en el que "todo el mundo esté sometido a una subvención para comer, para que no seamos libres".

PP y Ciudadanos han votado en contra del conjunto de la Ley de Acompañamiento en la que se incluye la moratoria a las macrogranjas.

Por otro lado, y también ayer durante la sesión plenaria del parlamento castellano-manchego, se debatió una moción presentada por el Partido Popular en la que se exigía a Pedro Sánchez el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su ataque al sector cárnico y a las macrogranjas. El PSOE ha justificado con diversos argumentos su votó en contra de la moción, pese a que Page ha sido de los dirigentes socialistas más críticos contra Garzón. Pero una cosa es el reproche público e incluso la ridiculización de las declaraciones del polémico ministro, que es lo que ha hecho Page, y otra muy distinta que el PSOE de Castilla-La Mancha permita que desde las Cortes se pida oficialmente la reprobación de un miembro del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Y en eso estamos.