Francisco Sosa Wagner. Foto: Archivo

Catedrático de Derecho administrativo, eurodiputado, ensayista, novelista y columnista, Francisco Sosa Wagner (Alhucemas, 1946) es una figura bien conocida por quienes se interesan por la vida pública española. En su amplia obra publicada se encuentran sólidos estudios jurídicos y también libros de tono más ligero que permiten el acercamiento de un público más amplio al complejo y a veces árido mundo del derecho. Y en este segundo género se ubica La independencia del juez, una obra breve en la que se pasa revista a los problemas que lastran el funcionamiento de la justicia en la España actual, situándolos en el marco histórico del desarrollo de las instituciones judiciales en nuestro país.

La percepción general de los ciudadanos es que la justicia española está insuficientemente dotada de medios y excesivamente condicionada por intereses políticos partidistas. Resulta notable que, según una encuesta citada por Sosa Wagner, España se sitúe en el cuarto peor lugar dentro de la Unión Europea en lo referente a la percepción de la independencia judicial. Ese es por supuesto el tema central de La independencia del juez, pero conviene destacar que el libro de Sosa Wagner no es una jeremiada en la que sólo se destaquen los aspectos negativos. Su juicio es matizado y se acerca mucho al de un informe reciente del Consejo de Europa, que subraya la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales a nivel individual, pero hace notar la gran controversia que rodea la independencia estructural del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía y la forma en que los partidos políticos condicionan los nombramientos más relevantes.

Así es que, si bien en las alturas del poder judicial hay mucho que reformar, el sistema se basa en fundamentos sólidos, empezando por el acceso a la carrera judicial mediante oposición, que no es un sistema anacrónico, aunque Sosa Wagner concede que pudieran valorarse algo menos los esfuerzos memorísticos, en todo caso indispensables. Y a partir de ahí un magistrado que no pretenda alcanzar las cimas de la judicatura ni entrar en política, tiene asegurada su independencia. En el caso de los fiscales, no cabría hablar de independencia, sino de autonomía, que podría reforzarse mediante unas medidas sencillas que propone Sosa Wagner.

La politización supone en cambio un problema serio en el caso del Consejo Superior del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Respecto al primero, cuyas extensas atribuciones incluyen el nombramiento de los principales cargos judiciales, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, es notoria la vinculación de sus miembros con uno u otro de los grandes partidos. Sosa Wagner opina que una posibilidad sería suprimirlo, lo que exigiría una reforma constitucional muy sencilla y efectuar la designación de los altos cargos judiciales mediante un concurso de méritos. Otra menos radical sería la designación del CGPJ por sorteo entre candidatos cualificados, que previamente deberían comparecer ante el parlamento.

Respecto al Tribunal Constitucional, Sosa Wagner, tras haber analizado la desastrosa experiencia de su antecesor en la Segunda República, y haber examinado el caso de sus homólogos en Estados Unidos, Alemania y Francia, le rinde homenaje por la valía jurídica de sus sucesivos miembros y por su importante labor en el encauzamiento de los problemas surgidos con el desarrollo del Estado de las autonomías, pero denuncia también la politización de su nombramiento, frente a la que propone también un proceso concluido en el sorteo.

¿Serían estas reformas efectivas? Es difícil saberlo, pero al menos son propuestas que vale la pena discutir.