La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se separa un poco del precipicio al que ha estado asomada durante los últimos meses al haber aprobado este jueves en su asamblea general, con un 85,19 % de los votos a favor, la reforma de los estatutos necesaria para adecuar su funcionamiento a la Ley de Propiedad Intelectual española y al marco legal europeo. De un total de 25.907 votos, 22.070 (85,19%) han sido a favor, 3.323 en contra (12,83%) y 514 se han abstenido (1,98%), informa la entidad en un comunicado.

La reforma estatutaria era necesaria para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que fue reformada para incorporar las exigencias de la nueva normativa europea, que reclama a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor una mayor transparencia, entre otras cosas. También era un requisito de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), el organismo internacional que aglutina a este tipo de entidades, que expulsó a la SGAE temporalmente debido al incumplimiento de sus normas.

Con la aprobación de los nuevos estatutos la SGAE se aleja un poco de la posibilidad de intervención por parte del Ministerio de Cultura, que lo solicitó el 18 de febrero de 2019 ante la Audiencia Nacional. Esta denegó la intervención en junio al considerarse incapacitada para tomar la decisión. Tras un periodo en el que el asunto quedó en un segundo plano debido a la provisionalidad del gobierno, las elecciones del 9-N y las negociaciones entre PSOE, Podemos y otras fuerzas políticas para sacar adelante el nuevo gobierno, el recién nombrado ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes reconoció hace unos días que la intervención de la entidad seguía siendo una posibilidad.

Tras conocerse los resultados Pilar Jurado, presidenta de la SGAE, ha “agradecido a los socios estatutarios su participación”, y afirmado que “el respaldo mayoritario de la Asamblea es un sí al futuro de la SGAE, que afrontamos con seguridad jurídica y un elevado nivel de consenso interno. Haber superado el 80% de votos afirmativos significa que estos son los estatutos del acuerdo y del diálogo”.

Este ha sido el tercer intento de aprobar la reforma estatutaria, tras dos votaciones en las que no se alcanzaron los dos tercios necesarios de votos positivos. Tanto José Miguel Fernández Sastrón como José Ángel Hevia, los anteriores presidentes de la entidad, fracasaron en su intento por aprobar la reforma estatutaria, y Pilar Jurado lo ha conseguido después de haber aplazado la votación que debía celebrarse en diciembre de 2019, pero que se retrasó para esperar a que abandonaran la entidad algunos de sus detractores, salida que se hizo efectiva al comenzar 2020.

Según la presidenta de la entidad, los nuevos estatutos servirán para “dar aún más voz a los autores y creadores en la toma de decisiones, y hacer la entidad más moderna, flexible, transparente”. En este sentido, una de las principales novedades de estos estatutos es que todos los socios que estén en activo tendrán al menos un voto en la asamblea. Además, la entidad se obliga a publicar un “informe anual de transparencia” sobre los descuentos de administración, las actividades culturales y asistenciales y la actividad financiera. Lo realizará la Junta Directiva dentro de los tres primeros meses del año y se someterá a la votación de la Asamblea dentro de los seis primeros meses del año.

Los nuevos estatutos contemplan también la creación de un órgano de supervisión independiente formado por personas externas a la entidad, algo que estipula la nueva normativa europea y la LPI para las entidades de gestión con una recaudación superior a los 100 millones de euros anuales (la de SGAE, con 124.000 socios, ronda los 300).

Durante muchos meses, la SGAE se mostró incapaz de aprobar los nuevos estatutos debido a profundos enfrentamientos entre los socios que representan a distintos sectores, ante lo cual el ministerio de Cultura solicitó el 18 de febrero de 2019 la intervención parcial de la entidad a la Audiencia Nacional, que esta denegó en junio al considerarse incapacitada para tomar la decisión. Tras un periodo en el que el asunto quedó en un segundo plano debido a la provisionalidad del Gobierno, las elecciones del 9-N y las negociaciones entre PSOE, Podemos y otras fuerzas políticas para sacar adelante el nuevo Gobierno, el recién nombrado ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes reconoció hace unos días que la intervención de la entidad seguía siendo una posibilidad.

La aprobación de estos nuevos estatutos no liquida los enquistados problemas internos de la SGAE ni cumple todos los requisitos del Ministerio de Cultura. Quedan pendientes la aprobación del nuevo reglamento de reparto de derechos, que deberá ser sometido a la asamblea general.