Image: El INAEM pide una ley propia similar a las del Museo del Prado, el Reina Sofía y la BNE

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El INAEM pide una ley propia similar a las del Museo del Prado, el Reina Sofía y la BNE

El máximo organismo público de las artes escénicas propone una regulación específica para combatir su "lentitud" de maniobra y las diferencias salariales

5 diciembre, 2018 00:00

Auditorio Nacional de Música. Foto: INAEM

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha propuesto hoy al grupo de trabajo constituido para estudiar su reforma que se dote a este organismo de una ley propia que regule sus fines y sus medios. Esta fórmula sería acorde a la que regulan otros ámbitos del Ministerio de Cultura, como son el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía y la Bilbioteca Nacional de España.

Esta propuesta está incluida en el primer informe provisional de conclusiones del grupo de trabajo y tendrá que ser evaluada por los representantes sindicales en los próximos días, para el día 12 de diciembre volver a mantener una reunión y cerrar un documento.

El informe de conclusiones está elaborado en base a las reuniones del grupo de trabajo y de los siete subgrupos que se vienen reuniendo desde el mes de julio. El texto recoge un completo análisis de los problemas que afectan al INAEM y sostiene que el marco jurídico actual de este organismo autónomo “es un modelo agotado”. De ahí que se produzca, según dice el informe, “lentitud en los procedimientos en materia de subvenciones y contratación, que no se acompasan a la realidad de la actividad realizada que demanda rápida respuesta e intervención”.

Además, se producen diferencias salariales para la misma actividad y distintas condiciones de trabajo entre aquellos que realizan la misma función, según les sea de aplicación un convenio laboral u otro.

Así, de lo sostenido por los subgrupos de trabajo se concluye que todos los problemas que afectan al INAEM “tienen naturaleza estructural y se derivan del marco jurídico en el que debe desarrollar su actividad”, por lo que el INAEM debería contar con un instrumento jurídico que le permita “establecer los fines y los medios para los que desarrollar su actividad”.

En su primera comparecencia en el Congreso tras asumir la cartera del Ministerio de Cultura, José Guirao ya anunció que la reforma del INAEM era una prioridad para él. "Es un organismo ejemplar cuya organización administrativa no está a la altura de los tiempos y amenaza con sofocar a nuestras unidades de producción". Tanto el ministro como muchas voces del sector pretenden agilizar su funcionamiento para, entre otras coas, potenciar las giras nacionales e internacionales de las compañías nacionales de teatro, música y danza.

En el reportaje Los retos de la cultura que publicó El Cultural a propósito del nombramiento de Guirao, la actriz y directora teatral Magüi Mira consideró una necesidad apremiante modernizar el INAEM, en su opinón "un organismo injusto y decadente". También pedía "crear una agencia que agilice todos los trámites legales, como corresponde a una administración del siglo XXI" y una mayor "autonomía para producir, coproducir y exhibir fuera de Madrid". Por su parte, Cristina Rota, actriz, profesora y directora del Centro de Nuevos Creadores y la Sala Mirador, opina que los centros de producción del INAEM "trabajan con demasiada intensidad en Madrid capital, haciendo competencia indirecta al pequeño y mediano formato", y pide crear centros de producción en otras capitales de provincia, siguiendo una "lógica de Estado federal".

Como indica el informe provisional del grupo de trabajo, la ley especial del INAEM se regularía su organización y sus regímenes de personal, patrimonial, de contratación, presupuestario y económico financiero, siguiendo idéntico esquema que las otras instituciones culturales que cuentan con ley propia. El informe no recoge cómo debería ser el desarrollo de esta ley, ya que el texto es un punto de partida, basado en el consenso, para trabajar en una dirección. El informe que finalmente apruebe el grupo de trabajo será enviado al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, para su evaluación y toma de decisiones en el marco del real decreto que dio origen al estudio de la reforma del INAEM.

Ese real decreto que puso en marcha en junio la creación de este grupo de trabajo reconocía la necesidad de "una reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la gestión del INAEM en relación al cumplimiento de sus objetivos". El grupo ha sido presidido por la directora general del INAEM, Amaya de Miguel, e integrado por representantes de los centros de creación artística (Auditorio Nacional de Música, Ballet Nacional de España, Centro Dramático Nacional, Centro Nacional de Difusión Musical, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta y Coro Nacionales de España y Teatro de la Zarzuela), del Ministerio de Cultura y Deporte, y de las centrales sindicales (CCOO, UGT y CSIF). También se ha invitado a participar en los trabajos de análisis a los vocales de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y a la Unión de Actores.

En relación con el ámbito laboral, el informe señala que “el régimen jurídico de los distintos tipos de personal y el marco de las relaciones laborales debe ser revisado para simplificar, homologar, adecuar sus condiciones especialísimas en la aplicación de políticas de recursos humanos, pero también disponer de instrumentos que permitan realizar una mínima planificación de dichos recursos humanos”. Se deja abierta la posiblidad de determinar que el INAEM disponga de un convenio colectivo propio o mantenga a parte de su personal sujeto al Convenio Único.

Antes de lanzar la propuesta de la Ley específica, el grupo de trabajo ha analizado las diversas formas jurídicas dentro del sector público que podrían satisfacer mejor las necesidades que presenta el INAEM. Para ello se ha estudiado el régimen de los organismos, las entidades públicas empresariales, las fundaciones estatales y las sociedades mercantiles estatales. "Todos estos regímienes jurídicos ofrecen ventajas e inconvenientes, pero ninguno resuelve la totalidad de los problemas identificados, de ahí la idoneidad de tener una ley específica", señala el grupo de trabajo.