Josep Maria Bartomeu, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona el pasado mes de octubre. EFE
Bartomeu defiende el pago de 1,7 millones de euros a un abogado en el caso de fraude fiscal por el fichaje de Neymar
El expresidente del Barça ha aducido un pacto verbal que desembocó en un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
De esta forma, el club azulgrana admitía dos delitos fiscales en el fichaje del jugador brasileño y aceptaba el pago de una multa.
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Josep Maria Bartomeu ha vuelto a acudir al juzgado, aunque en este caso no lo ha hecho por el 'caso Negreira', sino como imputado por una supuesta administración desleal en el pago de comisiones durante su etapa como presidente del Fútbol Club Barcelona.
Al máximo mandatario del club desde 2014 a 2020 se le acusa de haber pagado 1,7 millones de euros a un abogado por su intermediación en el caso de fraude fiscal por el fichaje de Neymar.
En su declaración, Bartomeu ha justificado el pago de esa cantidad a su letrado José Ángel González Franco en la negociación que desembocó en un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Agencia Tributaria con el que la entidad azulgrana admitía dos delitos fiscales en el fichaje del brasileño y aceptaba el pago de una multa
El expresidente ha señalado que González Franco percibió un 10% del dinero que el Barcelona logró ahorrarse con el acuerdo, que redujo la cantidad a pagar de 22 millones a 5 millones.
La decisión se adoptó tras una reunión en la que también participó el anterior presidente del club, Sandro Rosell, igualmente implicado en la causa penal por fraude fiscal.
En primer lugar, se realizó un pago en agosto del 2016 de 950.000 euros y, después, en mayo de 2017, el resto, hasta alcanzar los 1,7 millones. En la causa hay correos electrónicos en los que el despacho de abogados reclama a la entidad esta cantidad.
Josep Maria Bartomeu, durante un acto.
La Fiscalía sostiene que no fue hasta el 11 de mayo de 2017, meses después del primer desembolso, cuando se elevó a la junta directiva la aprobación de la carta de encargo, de fecha 4 de marzo de 2016, así como la factura final pendiente del último pago, de 769.111 euros, emitida el 6 de abril de 2017.
El magistrado investiga una serie de operaciones que podrían haber ocasionado en total un perjuicio de cuatro millones de euros. La fiscalía, sin embargo, no ha preguntado nada sobre las comisiones por el fichaje de Malcon, que sí figura en su denuncia.
Para el ministerio público, Bartomeu "omitió el deber de diligencia y lealtad" y "usurpó" funciones de la junta directiva. La Fiscalía concretó en septiembre que hay tres operaciones bajo sospecha:
1) El fichaje de Malcom
En 2018, el Barça cerró a contrarreloj el fichaje de Malcom por 41 millones de euros, procedente del Girondins de Burdeos.
Tras la firma, el jugador y la sociedad Elenko Sports pactaron 10 millones para intermediarios.
El club acabó abonando 855.600 euros a esa sociedad sin contrato previo con ella, lo que obligó a presentar una complementaria a Hacienda con recargos e intereses.
La Fiscalía interpreta que hubo aprobaciones fuera del cauce de la junta y un sobrecoste injustificado.
La auditoría enfatizó que la comisión rondó el 25% del precio, muy por encima del 5% habitual. Esa asimetría es el eje probatorio para sostener administración desleal.
Más allá de los porcentajes, el elemento fiscal agrava el cuadro. La regularización por recargos e intereses encareció el coste total, impactando en caja sin retorno deportivo equivalente.
En términos de gobernanza, el reproche es claro: faltó control y sobró discrecionalidad.
2) Minutas en el 'caso Neymar'
Se investiga el pago de 1,7 millones de euros al abogado penalista José Ángel González Franco ligado al cierre de conformidad penal por el fichaje de Neymar.
Aquel acuerdo supuso que el club admitiera dos delitos fiscales y abonara una multa de 5,5 millones de euros, muy inferior a los casi 70 millones que, según algunas fuentes, llegó a plantear la acusación.
La tesis de Fiscalía es que esa minuta pudo no responder a trabajos reales vinculados a la conformidad o, en parte, solventar gastos de defensa de personas físicas.
El ministerio público señala que el desembolso se habría aprobado fuera del ámbito colegiado de la junta.
El entorno del letrado lo niega de plano y enmarca la cifra en un "success fee" por resultado: minimizar la exposición penal del club y el importe final de la sanción.
Otras teorías recogen esa misma versión y sitúan el pago dentro de usos del mercado en pleitos complejos. Más allá del debate técnico, la clave jurídica vuelve a ser el proceso de aprobación.
La instrucción evaluará si la junta conoció, deliberó y votó la minuta, y si se preservó el interés social del Barça. Sin ese expediente, la discrecionalidad podría mutar en deslealtad.
3) 1,5 millones al Club Esportiu Laietà
Según la Fiscalía, el Barça pagó 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por molestias y supuestos servicios a empleados, pese a que sus terrenos no estaban afectados por la modificación urbanística aprobada en 2017 para el proyecto del Espai Barça.
Los 1,5 millones estarían repartidos en tres partidas: 561.807 euros al Club Esportiu Laietà por ruido y polvo; 516.000 euros al Club Deportivo Laietà por uso de instalaciones; y 421.925 euros a la Fundación homónima por afectaciones.
La Fiscalía lo ve como trato de favor injustificado. Este capítulo conecta con una crítica recurrente en el forensic solicitado por la directiva de Joan Laporta: pagos sin causa y documentación insuficiente.
Si el juez considera que no hay contraprestación real o necesidad objetiva, el desembolso podría integrar administración desleal. La instrucción afinará ese juicio de proporcionalidad.
En este sentido, Bartomeu ha precisado que él no intervino en esa negociación y que, en su día, este tema pasó por la junta directiva del club. El expresidente del Barça ya fue condenado a una sanción de 10.000 euros por injurias graves, en lo que puede ser la antesala de otra condena por el caso.
