Cuando Teruel fue privilegiada: su rebelión contra el rey Felipe II por conservar su fuero

Despoblado y olvidado por la Administración en la actualidad, Teruel clama ya desde el Congreso por más infraestructuras y atención para su tierra. Lo hace a través un movimiento ciudadano, Teruel Existe, que encadena manifestaciones desde diciembre de 1999, encabezado por la figura del fustigado Tomás Guitarte. Pero estas reivindicaciones chocan —y quedan muy lejos— con el periodo medieval en el que la zona gozó de bonanza y numerosos privilegios, que tuvo que defender rebelándose incluso contra la autoridad del rey Felipe II.

Fundada en el año 1171 por las topas de Alfonso II de Aragón y marcando la frontera con la taifa de Valencia, la ciudad de Teruel se erigió en territorio inestable, propenso a sufrir batidas y saqueos. En ese contexto, en el siglo XIII, el Reino aragonés hubo de concederle, junto a la ciudad de Albarracín y sus respectivas comunidades de aldeas, un sistema jurídico diferenciado del resto de Aragón, que se mantuvo hasta comienzos de la Edad Moderna.

Ese fuero destinado a la repoblación del territorio contemplaba la libertad de aquellas personas que decidiesen instalarse en la villa, un amplio autogobierno encabezado por la figura del juez, la exención de impuestos a aquel que mantuviera un caballo para la guerra o el beneficio de la totalidad del botín de guerra para la hueste del concejo, según un estudio del investigador e historiador José Luis Castán Esteban. Y así se mantendría hasta 1598.

Las viscisitudes de la región con la Monarquía Hispánica arrancaron en 1483, cuando los Reyes Católicos emitieron una bula que establecía un Tribunal de la Inquisición en los dominios aragoneses. Fernando nombró un asistente y capitán del rey para solventar estas disputas, que según los turolenses, y amparándose en su fuero municipal, suponían una intromisión en el control de la justicia, que recaía en manos de las oligarquías ciudadanas. De hecho, fue denunciado como un contrafuero.

Pero todo se precipitó a mediados del siglo XVI, ya bajo el reinado de Felipe II. El monarca (im)prudente nombró como comisario real, otorgándole más poderes que a sus predecesores, a Matías de Moncayo en 1560. También se acometieron modificaciones del fuero encaminadas a conferir un mayor control a las instancias reales. Estas medidas soliviantaron a los turolenses, que terminarían por amotinarse en 1571.

La rebelión fue respondida con la orden de Moncayo de retirar a los regidores y jurados las insignias de sus cargos, algo que enfureció todavía más a los locales. Al grito de "viva la libertad" y cuestionando la autoridad del comisario real, se plantaron en su casa y le forzaron a restituir los puestos. El motín cesó entonces, pero solo hasta que Felipe II ordenó el envío de un contingente militar al mando del duque de Segorbe.

Acompañado del inquisidor de Valencia, Segorbe entró en la ciudad de Teruel el 13 de abril de 1571. Los cabecillas de la revuelta fueron encarcelados por orden del duque "diciendo les avía de cortar las cavezas", según un cronista contemporáneo. Como medida de presión, también prohibió la salida de la villa a los vecinos o empezó a nombrar directamente los cargos municipales. Para finales de 1572, cuando se registró la muerte de Matías de Moncayo, la ciudad había quedado pacificada.

Las alteraciones de Zaragoza

El conflicto, no obstante, se agudizó en 1585, cuando una queja del agravio cometido contra el fuero presentado en las Cortes amparó a las ciudades de Teruel y Albarracín a recurrir al Justicia Mayor de Aragón en contra de las pretensiones del rey, que defendía que estas dos regiones no pertenecían al Reino de Aragón.

Y en ese contexto se explica que ambas villas fuesen las únicas en secundar el motín que estalló en Zaragoza en 1591, lugar al que había huido el traidor Antonio Pérez, exsecretario de Felipe II. Tras ser detenido y entregado al Santo Oficio, Pérez fue liberado en la jornada del 24 de mayo, cuando los zaragozanos armaron un gran tumulto y se le dejó marchar en dirección a Francia.

La revuelta soliviantó a Felipe II, que envió a un ejército real de más de 12.000 hombres a sofocarla. La derrota de los sublevados y las prácticas represivas conducirían al fin del conflicto, un desenlace ratificado en 1598, cuando se concedió la agregación de las ciudades y comunidades de Teruel y Albarracín a los Fueros de Aragón. De esta forma, quedó abolido el fuero agraciado en el siglo XIII y que había sido hasta ese momento "el eje de la vida social y política del territorio", como resume José Luis Castán Esteban.