Un operario retira parte del techo protegido por la existencia de amianto en una empresa. EFE
Ya es oficial: los vecinos están obligados a pagar la retirada del amianto de sus edificios si ha transcurrido su vida útil
La norma exige un inventario municipal y un calendario de retirada, mientras miles de cubiertas de fibrocemento superan ya los 30 y 40 años de vida útil.
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Miles de edificios españoles conviven todavía con un material que la ciencia lleva décadas señalando como cancerígeno. El amianto, prohibido en España desde 2002, sigue presente en cubiertas, fachadas y tuberías de viviendas y colegios anteriores a esa fecha.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Ese inventario debe incluir un calendario que planifique la retirada progresiva del material.
La norma, publicada en el BOE en abril de 2022, fijó un año de plazo para completar el censo desde su entrada en vigor. Muchos municipios, sin embargo, tramitan aún licitaciones y estudios previos con retraso sobre ese calendario.
El censo, de carácter público, debe remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de cada comunidad autónoma. Estas administraciones inspeccionarán, además, que la retirada se haya ejecutado correctamente y que ese material llegara a un gestor autorizado finalmente.
Cuánto dura el amianto
La ley fija un criterio de prioridad: se retirarán antes los materiales peligrosos y los que exponen a población vulnerable, como colegios, hospitales o residencias. Las instalaciones públicas de mayor riesgo deberán quedar libres de amianto antes de 2028.
A esa obligación legal se suma otro factor: la vida útil del propio material. Los técnicos calculan que las placas de fibrocemento con amianto duran entre 30 y 40 años antes de degradarse y liberar fibras al ambiente circundante.
Buena parte del parque de cubiertas instalado en España durante los 60, 70 y 80 ya ha superado, o está a punto de superar, ese umbral. Eso convierte la retirada en una urgencia sanitaria más allá del trámite administrativo.
La normativa de salud laboral y medioambiental refuerza esta obligación: exige actuar cuando el material alcanza el final de su vida útil, exista o no calendario municipal ya aprobado. El riesgo de inhalación crece a medida que se deteriora.
La inhalación de fibras de amianto se asocia al mesotelioma y a otros cánceres pulmonares, enfermedades que tardan décadas en manifestarse tras la exposición inicial. Los expertos insisten en anticiparse al deterioro y no esperar a que aparezcan daños.
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En 2024, el Ministerio de Sanidad publicó unas directrices no vinculantes para ayudar a los ayuntamientos a elaborar el censo, ante la falta de reglamento que desarrollara la ley. El documento propone metodologías de priorización y una ficha modelo.
El reto para los municipios no es menor: identificar amianto exige inspeccionar edificios uno a uno, tomar muestras y clasificar el riesgo según antigüedad y uso. Muchos ayuntamientos pequeños carecen de medios técnicos para afrontar ese trabajo en solitario.
Algunos consistorios ya usan teledetección con imágenes satelitales e inteligencia artificial para localizar cubiertas sospechosas sin inspeccionar edificio por edificio. Esta metodología agiliza el censo inicial, aunque no sustituye la comprobación posterior mediante la toma de muestras en campo.
Mientras se completan los censos, comunidades de vecinos y propietarios particulares siguen sin plazo legal para retirar el amianto de sus edificios. La recomendación técnica, no obstante, es unánime: cuanto más envejece el material, mayor es el riesgo real.
