Imagen de archivo del presidente de China, Xi-Jinping.
La UE marca las normas: prohíbe el uso de tecnología china en proyectos energéticos con financiación europea
Bruselas veta inversores chinos en proyectos energéticos con dinero de la UE: ciberseguridad, control digital de la red y dependencia estratégica en juego.
Más información: La UE cambia las reglas: Bruselas activa una nueva ayuda para las empresas golpeadas por el combustible
La Unión Europea ha dado un paso muy concreto en su pulso tecnológico con China: Bruselas prohibirá el uso de onduladores chinos en proyectos energéticos financiados con fondos comunitarios por riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica.
La medida, anunciada este lunes y adoptada formalmente el 1 de abril, no afecta a todos los proyectos energéticos europeos, sino a aquellos que reciban dinero de la UE. Los equipos pagados solo con fondos nacionales quedan fuera, al menos por ahora.
Los onduladores, también conocidos como inversores, son una pieza mucho más importante de lo que su nombre sugiere. Transforman corriente continua en corriente alterna y gestionan el flujo eléctrico en instalaciones solares, baterías, redes, centros de datos o sistemas industriales.
Por eso Bruselas los trata como algo más que simples componentes. En una planta fotovoltaica o un sistema de almacenamiento, estos dispositivos funcionan casi como el cerebro de la instalación, conectados a redes digitales y capaces de influir en la estabilidad del suministro.
La Comisión Europea considera que determinados proveedores de China, Rusia, Irán y Corea del Norte entrañan un riesgo elevado. La presencia rusa, iraní o norcoreana es marginal, pero China domina el mercado mundial de inversores solares con una cuota muy elevada.
Supondría una brecha en la ciberseguridad
EFE sitúa esa cuota china en torno al 80% del suministro global, mientras otros análisis recientes señalan que Europa depende de China para buena parte de sus tecnologías verdes, incluidos paneles solares, baterías e inversores de potencia.
El temor de Bruselas no es solo comercial. Las autoridades europeas creen que estos equipos podrían abrir una brecha de seguridad en infraestructuras críticas, con consecuencias potenciales sobre la gestión de redes eléctricas o incluso la continuidad del suministro.
Proveedores de países no considerados de riesgo, como Japón, Corea del Sur, Suiza o Estados Unidos, seguirán siendo elegibles para proyectos con financiación europea.
La Comisión también intenta rebajar el impacto económico de la decisión. Según esas mismas fuentes, sustituir los equipos afectados supondría un encarecimiento inferior al 2%, una cifra pensada para desactivar el argumento de que la medida disparará los costes.
![China expande su influencia en África: construye puertos para controlar el comercio y ampliar su presencia militar](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/13\/actualidad\/1003744205319_262413706_320x180.jpg"])
En la práctica, el veto se aplicará mediante instrucciones internas a los servicios de la Comisión. Los proyectos que utilicen proveedores catalogados como de alto riesgo no podrán recibir financiación comunitaria, aunque no estarán obligados automáticamente a retirar equipos ya instalados.
El calendario incluye matices relevantes. Los proyectos conectados a la red o que prevean conectarse tendrán una fase de evaluación hasta el 1 de noviembre de 2026, antes de que se decidan medidas adicionales.
A partir de abril de 2027, las nuevas contrataciones deberán incorporar plenamente las restricciones, aunque podrán contemplarse excepciones limitadas por razones políticas o de seguridad. El objetivo es evitar un corte brusco en proyectos ya en marcha.
La decisión encaja con una estrategia europea más amplia. Ya en enero, Bruselas preparaba normas para apartar proveedores chinos de infraestructuras críticas, incluidas telecomunicaciones y sistemas energéticos como la solar.
China ha reaccionado con dureza a este tipo de medidas. El 29 de abril Pekín amenazó con tomar represalias si la UE no revisa sus nuevas reglas industriales y tecnológicas, que considera discriminatorias.
La Comisión, en cambio, defiende que su decisión cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio y responde a informes de inteligencia y análisis de riesgo. Bruselas insiste en que no se trata de proteccionismo, sino de seguridad económica.
El cambio es importante porque afecta al corazón de la transición energética. Europa quiere acelerar renovables, baterías y electrificación, pero al mismo tiempo intenta no construir esa transición sobre componentes que considera vulnerables o demasiado dependientes de China.
