Las gatas identifican los quejidos de las crías como más o menos urgentes.

Las gatas identifican los quejidos de las crías como más o menos urgentes. Marina del Castell Flickr

Ciencia

Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal multa con 10.000 euros si no esterilizas a tu gato antes de los 6 meses

La norma también establece la obligación del microchip y prohíbe dejar al animal solo más de 72 horas consecutivas.

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P. G. Santos
Publicada

Las claves

La nueva Ley de Bienestar Animal obliga a esterilizar a todos los gatos antes de los seis meses de vida, salvo si el dueño es criador autorizado.

No cumplir con la esterilización puede suponer multas de entre 10.000 y 50.000 euros, aplicables tanto a gatos jóvenes como a adultos adoptados no esterilizados.

La norma refuerza el registro con microchip y exige a los veterinarios notificar irregularidades para controlar la sobrepoblación felina y el abandono.

La ley busca reducir el gasto público y la saturación de refugios, mientras asociaciones piden ayudas para costear la esterilización obligatoria.

La nueva Ley de Bienestar Animal endurece las normativas para todos los dueños de mascotas en España. Una de las medidas más polémicas afecta directamente a los propietarios felinos, imponiendo severas sanciones económicas por no cumplir estas estrictas reglas.

El texto legal establece que resulta completamente obligatorio esterilizar a cualquier gato antes de que cumpla sus primeros seis meses de vida. Aquellos ciudadanos que ignoren esta directriz se enfrentarán a importantes multas.

La única excepción contemplada es que el propietario esté acreditado como criador autorizado ante las autoridades competentes. Pero si no es así, cometerá una infracción grave, con sanciones que van de los 10.000 a los 50.000 euros.

Con esta medida se busca controlar la sobrepoblación felina y reducir el abandono descontrolado en las calles españolas. Las protectoras llevaban mucho tiempo exigiendo contundencia para frenar las camadas indeseadas que terminan saturando todos los refugios.

Los veterinarios estarán obligados a notificar cualquier irregularidad detectada durante las revisiones rutinarias de aquellos animales jóvenes sin el procedimiento quirúrgico obligatorio ya realizado.

Muchos propietarios han expresado su profundo malestar ante estas elevadas cuantías punitivas. Consideran que el coste de la intervención veterinaria ya supone un esfuerzo económico notable. No obstante, las autoridades defienden firmemente la legalidad de estas sanciones administrativas.

Argumentan que el coste derivado de mantener colonias callejeras multiplica exponencialmente el gasto público anual que los ayuntamientos destinan al bienestar de los diferentes animales domésticos urbanos.

Para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa, se potenciará el registro mediante microchip obligatorio. Este pequeño dispositivo almacena los datos sanitarios del animal, incluyendo un apartado específico destinado a confirmar su estado reproductivo.

Los datos evidencian la urgencia de la medida: solo el 4,3% de los gatos que llegan a centros de acogida en España disponen de microchip. La norma busca revertir esta situación y frenar el ciclo de abandono y cría incontrolada que colapsa los refugios.

Cómo afecta a adopciones

Quienes adopten un felino adulto no esterilizado tendrán un plazo prudencial estipulado por ley para realizar dicha operación. El incumplimiento de este periodo de adaptación conllevará exactamente las mismas multas astronómicas previstas para las jóvenes crías con seis meses.

Asociaciones defensoras de los derechos animales recomiendan solicitar cita previa con bastante antelación. Las clínicas veterinarias están experimentando un aumento significativo de clientes preocupados por regularizar la situación legal de sus mascotas.

Expertos en comportamiento felino señalan beneficios adicionales en la salud del animal tras la cirugía. Se reducen drásticamente los riesgos de desarrollar ciertos tumores malignos y disminuye la agresividad territorial que suele generar importantes conflictos vecinales de forma diaria.

En España, uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía y hay más de trece millones de mascotas registradas. Las asociaciones protectoras reclaman que las sanciones vayan acompañadas de ayudas para sufragar estos procedimientos obligatorios.