El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva el Plan de gestión del Lobo, que pretendía ser "el marco que coordinara todas las acciones relacionadas con el lobo ibérico, para mantener la población de lobos en un estado de conservación favorable, buscando la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional y favoreciendo que la especie se convierta en un elemento dinamizador del desarrollo rural".

La Alianza UPA-COAG ha considerado "lamentable" la decisión, ya que "existe un enorme incremento de ataques de lobos en Castilla y León en este último año, y de estudios científicos que avalan que en nuestra región hay más de 1.900 lobos".

Para las organizaciones, con esta decisión judicial se vuelve "a poner de manifiesto que los tribunales de justicia con sus veredictos parecen velar más por la fauna que por las personas, en este caso ganaderos que ven como la expansión descontrolada de especies animales afecta muy seriamente su patrimonio económico".

La Alianza UPA-COAG considera un "despropósito" que a las administraciones competentes "con sus tibias actuaciones" y los responsables de la Justicia de España "no atiendan a quienes estén en peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos".

UPA-COGAG recuerda que la normativa recoge a través de la directiva europea Hábitat el permiso de actuaciones excepcionales a la protección permitiendo los controles de especies "para evitar daños graves en especial a cultivos y ganado. Así como a otras formas de propiedad". Esta norma debería, en su opinión, "complementarse con un verdadero Plan de Gestión que controle realmente la población de esta especie en todo nuestro territorio".

La Alianza hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que "este nuevo varapalo judicial en forma de auto dictado por el Tribunal Supremo días atrás, sea respondido como se merece por el gabinete jurídico de la Administración Regional. Legalmente debe controlarse una especie que se ha expandido extraordinariamente por todo el territorio regional en los últimos años provocando daños millonarios a los ganaderos de Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero".

"La protección ilimitada y extrema de la fauna salvaje está provocando plagas y graves problemas sociales, económicos y sanitarios que sorprendentemente siguen siendo secundarios para el colectivo político y judicial, tal y como se desprende de las actuaciones que a diario sufrimos quienes vivimos y realizamos nuestra actividad profesional en el medio rural", concluyen.