Vox ha cumplido sobre la bocina y ha logrado que se pongan en marcha esta misma semana dos de sus promesas estrella tras integrarse en el Gobierno de la Junta de Castilla y León el pasado mes de abril, el primer Ejecutivo del que forma parte el partido en su historia. La formación se había comprometido a que antes de que finalizara el período ordinario de sesiones en las Cortes, este jueves 30 de junio, se iniciaría la tramitación de la nueva normativa de concordia -que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica de 2018- y de la reforma de la Ley de designación de senadores.

Ambas medidas han arrancado in extremis y queda en el aire el inicio de la tramitación de la nueva Ley contra la violencia intrafamiliar que, según aseguró ayer el vicepresidente, Juan García-Gallardo, se producirá a lo largo del mes de julio. Una norma que, según aseguró el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, poco después de rubricarse el pacto con Vox, coexistirá con la Ley contra la violencia de género autonómica, que no será derogada.

La "concordia" que sustituirá a la memoria histórica

La normativa de Concordia –que según anunció el jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, podrá tener forma de ley o de decreto, según el contenido– es la que ha levantado una mayor polémica durante la última semana. PP y Vox anunciaron el miércoles el inicio de la tramitación de la nueva norma y mostraron su unidad, defendiendo la utilidad de esta medida para "unir a los españoles". "Se ha iniciado el trámite para la nueva normativa en materia de Concordia. Y son tres puntos comunes los que la inspiran: reivindicar nuestra historia común, que esa reivindicación se realice desde una perspectiva integradora y que se pueda combatir cualquier intento de utilizar nuestra historia para dividir a los españoles", señalaba Carriedo tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

El portavoz detalló los pasos a seguir después del inicio de la tramitación de esta nueva normativa. "Lo primero es definir el contenido de la normativa, la compatibilidad con la ley nacional que sigue vigente y su disposición en la página web de la Junta, el inicio del trámite para que se puedan formular cualquier tipo de alegaciones e ir viendo las opiniones del conjunto de consejerías", afirmaba, asegurando que lo que busca la Junta "es el máximo nivel de consenso y acuerdo". "Esa es la dirección en la que estamos trabajando", zanjaba el portavoz de la Junta.

El PP de Castilla y León, pues, certificaba así la ruptura con su pasado reciente y asumía las tesis de Vox, ya que fueron los populares quienes impulsaron, bajo el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera (2001-2019) el Decreto de Memoria Histórica de 2018 que, hasta ahora, sigue vigente. Con todo, Carriedo reconoció la "virtud desde el punto de vista humano" del Decreto impulsado por Herrera -al haber permitido que los familiares de los asesinados en la Guerra Civil encontrasen sus restos- pero aseguró que la nueva normativa serviría para "que la Historia sirva como elemento de unión y sea un elemento de reconciliación entre españoles y nunca sea un elemento de división, de desunión o de buscar distancias".

Gallardo saca pecho del arranque de la normativa de concordia

El vicepresidente, Juan García-Gallardo, se pronunció en el mismo sentido antes de su intervención ante la Comisión Europea, en Bruselas, en la tarde de este jueves. Gallardo sacó pecho de que las dos formaciones que componen el Ejecutivo autonómico, PP y Vox, están "de acuerdo" en su redacción y aseguró que será "un buen texto para la generalidad de los castellanos y leoneses".

El vicepresidente aseguró que desea que "cuanto antes" se apruebe la nueva regulación y no aclaró si será un decreto o una ley. "Va a ser una nueva normativa que regule todo lo referente a la memoria histórica", afirmaba. Del mismo modo, el vicepresidente aseguraba que se cumplirá con el plazo fijado para el inicio de la tramitación de la nueva norma de violencia intrafamiliar. "Nos queda un mes", dijo García-Gallardo, quien señaló que los dos partidos tienen "tiempo" para terminar el texto y proceder a su aprobación.

Una nueva fórmula para la elección de los senadores

Este mismo jueves, también sobre la bocina, Partido Popular y Vox ultimaban el texto definitivo de modificación de la Ley de designación de senadores de Castilla y León que registrarán el próximo martes, día 5 de julio, y a continuación presentarán en rueda de prensa. Una reforma que llevará a que los senadores por designación autonómica se elijan a partir de ahora en votaciones separadas en las Cortes y no en bloque como hasta ahora.

De esta forma se cumplía el anuncio realizado por ambas formaciones el pasado 10 de mayo, cuando los portavoces del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y del Grupo Vox, Carlos Menéndez, anunciaron el inicio de los trabajos para reformar la ley de elección de senadores autonómicos por las Cortes.

Ambos partidos comunicaron su decisión ya que, a su juicio, el voto contrario del PSOE a la propuesta efectuada en el pleno de designación de senadores del pasado 10 de mayo "perseguía bloquear el nombramiento de dos senadores populares en virtud de los resultados electorales del pasado 13 de febrero, apartándose así de la línea de consenso en la designación y desarrollo de las instituciones propias de la Comunidad".

La iniciativa anunciada es fruto de los trabajos llevados a cabo por el Grupo Popular y el Grupo Vox y el texto resultante, según indicaron ambas formaciones, "se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional e impide que un partido bloquee la designación de senadores conforme al reparto derivado de las elecciones autonómicas". Una reforma que evitara episodios como el del pleno del pasado 10 de mayo en el que el PSOE votó en contra de su candidato a senador para mostrar su rechazo al candidato popular Javier Maroto, alavés empadronado en el municipio segoviano de Sotosalbos.

La Ley contra la violencia intrafamiliar sigue pendiente

La única de las tres normas que Vox prometió impulsar este verano que sigue pendiente es la Ley contra la violencia intrafamiliar cuya tramitación, según anunció este jueves García-Gallardo, se iniciará a lo largo del mes de julio. Esta cuestión también ha estado en la primera línea de la polémica durante las últimas semanas sobre todo a raíz del minuto de silencio convocado por el vicepresidente el pasado 23 de junio tras la muerte de un hombre en un pueblo de León a manos de su pareja. Un minuto de silencio al que no acudieron los consejeros del PP.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, justificaba la ausencia de los consejeros populares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de aquel día. "Estamos plenamente de acuerdo en la repulsa respecto de cualquier tipo de violencia pero en mi caso he preferido esperar a conocer los detalles del suceso", señalaba Carriedo, añadiendo que "en casos de violencia de género es mas automático conocer el caracter del suceso y cuando sepamos los detalles podremos establecer una posición". "Con caracter general, nuestra repulsa a cualquier episodio de violencia que se produzca", zanjaba.

Una diferencia de postura que no impedirá que la nueva Ley contra la violencia intrafamiliar salga adelante, en virtud del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. Solo un día después de la firma del pacto Mañueco negaba que la Ley contra la violencia intrafamiliar fuese a sustituir o modificar la norma contra la violencia de género autonómica.

Según afirmaba, en Castilla y León ya existe "un plan de violencia intrafamiliar" y que la apuesta era "convertir ese plan en ley", pero sin tocar ningún aspecto de la norma contra la violencia de género. "Queremos que haya una protección mayor para las personas que puedan sufrir violencia en el entorno familiar", decía. Una tercera medida estrella de Vox que aún tendrá que esperar unas semanas para iniciar su tramitación.