El Ejecutivo regional tramitó 620,5 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE en el primer cuatrimestre de este año, pese a que el grueso de la asignación de estas partidas por el Gobierno se produjo en el tramo final de 2021, según destacó a agencia Ical, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien defendió que “las autonomías como Castilla y León, estamos recuperando el tiempo perdido”.

Carlos Fernández Carriedo denunció que el proceso impulsado por el Gobierno “ha contado con importantes retrasos” y recordó que se empezó a hablar de estas partidas en junio de 2020 y “hasta diciembre de 2021 han estado pensando qué hacer con estos fondos”. En este sentido, precisó que menos del nueve por ciento del dinero se formalizó en el primer semestre de 2021; un 60 por ciento se cerró en el último trimestre del año pasado, y un 30 por ciento se asignó en el último mes del ejercicio. “El tiempo de gestión se ha limitado porque hasta el 1 de enero no hemos tenido asignación de estos fondos. Sólo tenían que convocar la Conferencia Sectorial y repartir los fondos, han tardado año y medio y ahora es culpa nuestra”, dijo a Ical, frente a las críticas desde la oposición y la delegación del Gobierno sobre su gestión.

Carlos Fernández Carriedo precisó que de los 620,5 millones, 137,58 corresponden con el REACT EU y 369,27 del MRR. Asimismo, 113 millones son reembolsos del REACT EU que se adelantaron en la lucha contra la pandemia. Aclaró el titular de Economía y Hacienda que del total, 242 estaban ya incluidos en la prórroga presupuestaria y 378,5 corresponden a nueva generación de crédito.

Carriedo indicó que la asignación total de las conferencias sectoriales a la Comunidad, asciende a 710,62 millones hasta esas fechas, y el desfase con lo tramitado responde a que se reservan cuantías porque todavía no saben qué parte imputarán a este año y cuánto dejarán para 2023, ante posibles convocatorias plurianuales.

Reprogramación

Carriedo también expuso que han demandado “alguna reprogramación” por los “malos diseños” y ante las nuevas condiciones económicas por el agravamiento de la crisis con la guerra de Ucrania, para “ajustar los créditos” que dependerán de si hay nuevas asignaciones, aunque “las conferencias sectoriales van sumamente lentas”, criticó. Puso como ejemplo, la convocatoria de ayuda para autoconsumo energético, dotada con 48 millones, para la que esperan cantidades adicionales ante la expectativa de su demanda íntegra, así como la modificación de las bases para que incluyan a los autónomos.

El consejero criticó duramente la gestión de estos fondos por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez y las “enormes dificultades de coordinación” porque la conferencia sectorial del Plan de Recuperación “apenas se ha reunido” y tampoco se han celebrado encuentros del Comité de Coordinación de Fondos.

Asimismo, Carlos Fernández Carriedo denunció que la herramienta informática (Plataforma común de Fondos Europeos, CoFFEE) “no funciona” y la labor de seguimiento de la ejecución del plan “se está llevando a cabo de una manera artesanal”.

Carriedo también puso de relieve las “escasas bases reguladoras” que frenar las convocatorias autonómicas que dependen de la normativa nacional, y precisó además que solo se han publicado tres instrucciones de gestión y una resolución.

Carlos Fernández Carriedo también puso de manifiesto que no existe un pronunciamiento expreso del Gobierno sobre si el IVA es un concepto subvencionable y si está incorporado a las cantidades asignadas en conferencias sectoriales. “Al no haber un criterio claro algunos ministerios están haciendo su propia interpretación”, lamentó.

En este contexto, Carriedo enfatizó que el principal problema de estos fondos es que “no se ha escuchado a las autonomías ni a los sectores productivos, por lo que no se ha diseñado conforme a sus necesidades”. Apuntó que el Gobierno, dentro de las ayudas que gestiona directamente, solo ha aprobado dos PERTE de once previsto, y en el caso de la automoción, ha tenido que ampliar dos veces el plazo de la convocatoria porque no tiene demanda ante condiciones que las empresas “no pueden cumplir”.

Por último, exigió al Ejecutivo “agilidad, igualdad de trato, equidad y, sobre todo, que escuche a los sectores productivos y a las autonomías, porque deberíamos hacer los posible para que las ayudas lleguen a todos”. “El Gobierno toma medidas que dificultan esos objetivos”, sentenció.