Hace mes y medio el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sorprendía con la campaña 'Hijos del Azúcar', con la que pretende poner coto a la obesidad infantil a través de un menor consumo de este ingrediente, que en su mayoría procede del cultivo de la remolacha.

La respuesta del sector industrial afectado no se hizo esperar, de manera que organizaciones agrarias, Administraciones regionales y sindicatos arremetieron contra lo que consideraban una "criminalización del sector".

La polémica ha dejado de estar en primera línea informativa, pero sigue generando la misma incertidumbre de futuro para las familias que viven de este cultivo que ven cómo el tiempo pasa y nadie ha conseguido cambiar las intenciones del responsable de la cartera de Consumo. 

En este sentido, Francisco Fernández, secretario general de la Sección Sindical Estatal de UGT-FICA, exige al máximo responsable de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, "que sea más contundente y exigente defendiendo los empleos y la industria remolachera-azucarera de la Comunidad frente a este atropello".

Esta industria tiene un especial peso en Castilla y León, que es la despensa del azúcar en España, con cuatro de las cinco fábricas de este alimento a nivel nacional, además del centro de envasado ubicado en la localidad zamorana de Benavente. 

Se trata de un mercado que da empleo en esta Comundad a cerca de 1.300 trabajadores, a los que hay que añadir aproximadamente otros 750 empleos fijos discontinuos, además de los casi dos mil agricultores que dependen del cultivo de la remolacha y de los empleos que genera sólo en logística, dado que cada fábrica mueve alrededor de veinte mil camiones al año, incluyendo los que entran en la campaña de recogida. 

El ministro no respondió a UGT-FICA

Francisco Fernández envió por entonces en nombre del sindicato una carta al ministro invitándolo a que aclarara cuatro cuestiones muy concretas respecto a esta campaña, "pero no se ha dignado ni a responder".

Hoy, casi un mes después, este representante sindical nacional sigue exigiendo que el ministro rectifique y "se entere de lo que está hablando antes de ir así contra el sustento de los trabajadores".

En aquella misiva, Fernández le preguntaba Garzón si esta "ofensiva para criminalizar el consumo de azúcar" estaba consensuada con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como si se había "dignado a consultar antes con los alcaldes de los territorios donde hay azucareras" que mantienen el entorno rural, dan empleo y son un dique de contención frente a la denominada España vaciada. Se da la circunstancia, además, de que se ha ido incrementando año tras año la incorporación de gente joven a este sector, hasta alcanzar una cuota que roza el 18%.

También se lo invitó a "visitar una fábrica para que comprobara in situ "la gravedad de sus declaraciones", pero "ni siquiera fue capaz de responder".

"Este ministro legisla sin tener ni la más remota idea del sector, sin preocuparle los trabajadores y criminalizando industrias a golpe de ocurrencia, y esto es muy grave", indica Fernández. "Es un desprecio absoluto hacia la clase trabajadora y hacia estas empresas", añade.

El silencio de Pedro Sánchez

A pesar de que Fernández reconoce que el consejero Jesús Julio Carnero mostró en su día "un claro rechazo" a la ofensiva del ministro Garzón, "cualquier responsable de una consejería así en una comunidad autónoma que representa el 80% de la producción de un alimento en toda España, pelearía con más ahínco la defensa de este sector", indica Fernández.

Pero UGT-FICA también tiene palabras de reproche contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que lo primero que tiene que hacer es no permitir que Garzón criminalice así el sustento de los trabajadores de la remolacha".

Además, afea al presidente del Ejecutivo nacional que, igual que salió en defensa del consumo de carne en su día tras "atacar también a esta industria", "no haya hecho lo mismo con la campaña contra el sector remolachero-azucarero".

Defensa del trabajador con sentido común

El secretario general de la Sección Sindical Estatal de UGT-FICA apela a recuperar "el sentido común" para gobernar con un consenso que "es posible cuando están al frente de las administraciones personas responsables" independientemente de su tendencia política.

En este sentido, Fernández recuerda que "sí fue posible y normal entenderse" cuando en 2017 el ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, quiso sacar adelante un impuesto a las bebidas azucaradas "que finalmente no salió adelante porque se impuso el sentido común por encima de la ideología", si bien posteriormente "llegó el ministro Garzón y sin hacer caso del clamor de la industria, lo retomó".

"Los derechos de los trabajadores están como están porque en este país nos ha tocado la peor clase política de toda la Democracia, en el peor momento", sentencia Fernández. "Si una medida se demuestra que es positiva, hay que votar en contra porque la presenta el otro. Y así con todo. Los derechos de los trabajadores son la excusa, pero en realidad demuestran que les importan muy poco", añade.

La campaña contra el consumo excesivo de azúcar "no es el problema, sino la excusa para controlarlo todo. El ciudadano es libre para decidir qué come y atentar así contra todo un sector es una irresponsabilidad que denota, además, que el ministro de Consumo no sabe ni de lo que habla, porque todo alimento tomado con moderación, es bueno".

"En España tenemos cada día más gente en la pobreza y eso sí mata, y no el hecho de tomar dulces de vez en cuando. Eso tienes la libertad de controlarlo, no poder poner la calefacción en casa, no. A veces uno piensa que quienes gobiernan han perdido el norte", concluye.