Uno de los factores determinantes de la desigualdad socioeconómica es la asimetría y creciente divergencia entre la retribución del capital y los rendimientos del trabajo. Como expone Piketti en El Capital en el Siglo XXI, la constante histórica del último siglo es que las rentas de capital o de la propiedad han crecido a mayores tasas que las rentas derivadas del trabajo. Ahora bien, la experiencia de la socialdemocracia en buena parte de Europa no ha funcionado para corregir esta tendencia y reducir al máximo esta brecha social. Tras décadas de un capitalismo supuestamente corregido por un sistema estatista de corte socialdemócrata basado en la transferencia de rentas, la brecha de la desigualdad no sólo sigue abierta, sino que crece y es más profunda. ¿Podemos seguir confiando únicamente en las viejas recetas intervencionistas y asistencialistas?
En efecto, las medidas paliativas provenientes del progresismo socialdemócrata europeo no han conseguido que se reduzca la desigualdad social. Una alternativa es proponer una transición radical en la intervención estatal: pasar de unas políticas públicas basadas casi exclusivamente en la transferencia de rentas (vía tributación-redistribución) -propias de un Estado social y garantista- a la articulación efectiva de transferencias de propiedad con participación real de los trabajadores en el capital de las empresas. El fomento de un ecosistema económico en el que aquellos que dependen de rentas laborales puedan acceder a rentas de capital constituye una vía alternativa que puede contribuir a ir cerrando la brecha de la desigualdad social.
El acceso a la propiedad de los recursos productivos por parte de los trabajadores no significa que haya que penalizar, expropiar o confiscar a los que actualmente la detentan. Más bien, lo que supone es impulsar la construcción gradual de medios y estructuras en las empresas mediante los cuales los trabajadores accedan progresivamente a la propiedad y administración. Este objetivo puede obtenerse mediante una pluralidad de mecanismos legales y contractuales. Uno de ellos, por ejemplo, es la adquisición de acciones o instrumentos de inversión en la empresa, de forma que los trabajadores participen económicamente en los resultados empresariales y puedan disfrutar de los beneficios que contribuyen a crear.
Convertir a los trabajadores en propietarios es el mayor temor del capitalismo actual. Pero no seamos ingenuos, también lo es del socialismo y de todos aquellos que viven de victimizar a los grupos sociales que dicen defender. Ambas doctrinas ideológicas han devenido en la praxis en ingenierías sociales que operan como mecanismos de control social, de ahí el antagonismo e inmovilismo social que ambas contribuyen a sostener. El capitalismo global actual, por su inclinación oligárquica y promotora de conductas antisociales y anticompetitivas, es renuente a dejar espacio a los asalariados en la propiedad y gestión de las organizaciones.
Pero los partidos socialistas y los sindicalistas tampoco quieren perder su clientela, máxime si viven de la subvención estatal, porque en el fondo se encuentran cómodos en esta fácil y vieja dialéctica victimista de explotadores-explotados. Instrumentar medidas efectivas para que los asalariados accedan al capital y gestión de las empresas en las que trabajan es el mayor reto político y jurídico de la actualidad, si lo que de verdad se quiere es ir cerrando una brecha social que de otro modo sólo va a agravarse en el futuro, en un contexto de robotización, digitalización y automatización de procesos productivos que posiblemente destruya mucho empleo.
La reforma del capitalismo actual exige la promoción e impulso de un marco jurídico de incentivos para que las empresas adopten estructuras orgánicas en las que la propiedad y el trabajo converjan, como ya existe en las sociedades cooperativas y otras entidades de base mutual, con un notable éxito. En las grandes corporaciones la dificultad estriba en cómo hacer que su estructura de capital se abra a los trabajadores. Las ampliaciones de capital una vez alcanzados determinados límites, deberían hacerse con preferencia a los trabajadores, así como la decisión sobre la distribución de dividendos. Las grandes corporaciones que cotizan en los mercados bursátiles (sociedades anónimas) deberían tener incentivos (fiscales y administrativos) para dar acceso al capital a sus trabajadores de modo que también puedan ser partícipes, junto al resto de accionistas e inversores, de los rendimientos del capital derivados de su titularidad.
En definitiva, hay opciones y posibilidades reales dentro del ordenamiento jurídico para incentivar estructuras contractuales y organizativas que posibiliten la convergencia e interconexión entre trabajo, propiedad y gestión en las empresas. Cambios que redunden en una disminución efectiva de la desigualdad social. Sólo hace falta voluntad política para activarlos.