La portavoz de Junts Míriam Nogueras asiste al pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE
La legislatura de Pedro Sánchez ha vuelto a estrellarse contra la realidad de su extrema debilidad parlamentaria, demostrando que Moncloa es rehén de quienes buscan desestabilizar el Estado. La derogación de los polémicos decretos de alquiler y vivienda escenifica el fracaso de una política cimentada en la improvisación y el tacticismo. "Kaputt". Con esta sola palabra, dictada en la práctica desde Waterloo por la derecha separatista catalana, se pone un humillante punto final a la desesperación sanchista. El Ejecutivo ha visto cómo sus propios aliados de conveniencia le daban la espalda sin contemplaciones.
Estos decretos suponían un despropósito intervencionista. Sus cláusulas favorecían desproporcionadamente a los inquilinos, desprotegían a los propietarios y asfixiaban la menguante oferta inmobiliaria. Lo más sangrante residía en su diseño asimétrico: disposiciones hechas a medida en Cataluña y el País Vasco, consagrando una intolerable desigualdad. Todo ello perpetrado sin contar con el partido mayoritario, ignorando al PP, a UPN y a Vox. El balance real es demoledor: tras ocho años de gobierno de izquierda sectaria sin presupuestos generales aprobados, se acumulan más de 200.000 desahucios y el drama de la vivienda escala al número 1 en las preocupaciones de los españoles.
A este fiasco se suma la utilización oportunista del drama de Maricarmen, de 87 años, cuyo desahucio ha sido instrumentalizado sin pudor por la extrema izquierda y por el gobierno. Este desalojo se produjo tras aplicar normativas socialistas (no las franquistas), definidas como "machistas" en el propio BOE. Si hoy cuenta con la posibilidad real de regresar a su vivienda es gracias exclusivamente a la impecable intermediación del Ayuntamiento de Madrid. A esta manipulación se añade una ocupación bochornosa: Madrid sigue soportando una acampada ilegal frente a Sol, protagonizada por comunistas, ingenuos idealistas y grupúsculos antisistema jaleados por un Sindicato de Inquilinas sin naturaleza sindical, ni capacidad de convocar una huelga general. Ante esto, el delegado del Gobierno incurre en una flagrante dejadez de funciones, permitiendo la ocupación y obligando a Isabel Díaz Ayuso a acudir a la Justicia para intentar restablecer el orden.
En el arco parlamentario, la puñalada de Junts confirma que el chantaje separatista es insaciable. De nada sirvieron las supuestas "amenazas" de adelanto electoral esparcidas por la "bulosfera" sanchista para amedrentar a Puigdemont. Las claudicaciones, traducidas en una amnistía redactada a su medida y sin arrepentimiento, no han comprado lealtad. Ahora, el Gobierno fía su subsistencia al Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, del que se espera que, al dictado del Ejecutivo, perdone los delitos que el Supremo se ha negado a amnistiar, lo que evidenciaría una polarización y politización vergonzosas en un Estado de derecho.
En el debate previo a la derogación, el presidente rozó el paroxismo al advertir proféticamente que el rechazo parlamentario "sería recordado por la historia". Un alarde de cinismo de quien solo "ve la paja en el ojo ajeno" y culpa de su incompetencia e inacción a la oposición: lo que pasará a la historia es su mandato agónico. Una deriva que culmina con la falta de determinación y cobardía ante quienes asaltan Ceuta y con el inaudito aislamiento de España en la UE, emitiendo el único voto en contra de los 27 respecto al reglamento de retornos y devoluciones en caliente. Un posicionamiento que sacrifica la seguridad en el altar del dogmatismo.
El estrepitoso fracaso de estos decretazos oportunistas es la radiografía exacta de un proyecto político agotado. Frente a la emergencia social, el sanchismo ha respondido con parches ideológicos, discriminación territorial y un alarmante abandono de sus funciones en las fronteras y en Europa. La instrumentalización de dramas personales en las calles y la sumisión al independentismo demuestran que el objetivo no era resolver la crisis de la vivienda, sino sobrevivir a cualquier precio. Esta derogación, sumada a la clamorosa falta de apoyo parlamentario y social, es de facto una cuestión de confianza perdida que inhabilita a este Ejecutivo para seguir al frente de la nación.
