El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.
El surrealismo político en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sumido a España alcanza cotas de verdadera traición institucional cuando se analiza el desprecio sistemático hacia los derechos de los ciudadanos españoles, ya sean de origen o nacionalizados. Mientras el Ejecutivo se dedica a promover regularizaciones masivas que generan un efecto llamada insostenible y provocan el rechazo de una Europa que ya amenaza con blindar sus fronteras frente a la "vía española", los preceptos fundamentales de nuestra Constitución permanecen como papel mojado para quienes sí cumplen la ley.
Es un insulto a la inteligencia y a la justicia social que un Gobierno autodenominado "progresista" ignore deliberadamente el Artículo 47 de la Constitución, que establece de forma taxativa que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". En lugar de proteger este derecho para quienes contribuyen al sistema, la gestión sanchista ha facilitado un caos habitacional donde la inseguridad jurídica y la falta de prioridad nacional dejan a las familias españolas a la cola de las ayudas públicas, mientras se destinan recursos ingentes a gestionar una inmigración ilegal descontrolada.
Del mismo modo, la demagogia de este Gobierno choca frontalmente con el Artículo 35, que dicta que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente". Este derecho, que debería ser el pilar de la dignidad nacional, es sacrificado en el altar de una ideología que prefiere la saturación de los servicios públicos y la degradación del mercado laboral antes que aplicar los acuerdos constitucionalistas y plenamente legales que PP y Vox han impulsado en regiones como Extremadura y Aragón.
Estos acuerdos, lejos de ser la caricatura "ultra" que la propaganda de Moncloa intenta vender, no hacen más que rescatar el espíritu de nuestra Carta Magna: poner al ciudadano nacional que cumple sus deberes en el centro de la protección del Estado. La verdadera corrupción no solo reside en las tramas que acechan al entorno del presidente, sino en la corrupción moral de un Ejecutivo que discrimina a sus propios ciudadanos, ignora los artículos 13, 14 y 9.1 de la Constitución y sitúa a España como un paria en el espacio Schengen por su incapacidad de imponer el orden y la ley frente a la demagogia fronteriza. La única prioridad nacional urgente es recuperar la cordura democrática y desalojar de las instituciones a quienes han convertido la Constitución en una herramienta de ingeniería social al servicio de su propia supervivencia política.