El portazo de Bruselas a la demagogia sanchista

La decisión comunicada este martes por la Comisión Europea, rechazando de plano la regularización masiva de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, no es un mero trámite administrativo. Es la enmienda a la totalidad de una forma de entender la política basada en la improvisación y el sectarismo. Europa ha dicho "basta" a un Ejecutivo que, acorralado por la corrupción sistémica y la ineficacia, intentó pervertir una iniciativa de profunda raíz social para convertirla en una huida hacia adelante, despojándola de las garantías mínimas de seguridad y legalidad que exigen el sentido común y los tratados de la Unión.

La gravedad del varapalo es aún mayor cuando se analiza el contexto. Es cierto, y nadie lo niega, que la iniciativa original contaba con un respaldo social abrumador. Más de 700 organizaciones civiles, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal y Cáritas, e incluso el Partido Popular, habían mostrado su apoyo a la tramitación de una solución humanitaria. Sin embargo, lo que estas instituciones y la sociedad española apoyaban era un proceso ordenado, justo y legal; un acto de dignidad, no el cheque en blanco al caos que finalmente diseñó el Gobierno.

El sanchismo ha traicionado ese consenso transversal. Donde la Iglesia y la oposición pedían integración y orden, el Ejecutivo, rehén de sus socios de extrema izquierda, impuso la laxitud absoluta. La Comisión Europea ha tumbado la medida precisamente por lo que el Gobierno decidió omitir deliberadamente para contentar al radicalismo: la exigencia innegociable de certificados de antecedentes penales limpios del país de origen, la acreditación fehaciente de arraigo real, y el compromiso firme de respeto a la legalidad y adaptación cultural. Bruselas ha recordado lo obvio: no se puede regularizar a ciegas, sin filtros de seguridad y sin evaluar la capacidad de absorción del Estado, transformando una causa noble en un riesgo para la seguridad comunitaria.

Resulta imposible disociar esta chapuza legislativa de la asfixiante situación judicial que atraviesa el partido del Gobierno y el entorno del presidente. La promoción de esta regularización "sin papeles y sin condiciones" no respondía a una necesidad técnica, sino a la urgencia política de cambiar el foco de la conversación pública. Con el socialismo cercado por escándalos de corrupción que parasitan las instituciones, necesitaban un titular grandilocuente que polarizara a la sociedad y tapara el saqueo de las arcas públicas. Han intentado utilizar a cientos de miles de seres humanos como escudos políticos para protegerse de la acción de la justicia.

A esta corrupción moral se suma una incompetencia gestora que roza lo criminal, cuya metáfora más dolorosa es el colapso de nuestras infraestructuras. Es un sarcasmo insultante que el mismo Gobierno incapaz de garantizar que los trenes circulen sin descarrilar o sufrir averías constantes —fruto de la negligencia y la falta de inversión— pretenda gestionar la integración administrativa de medio millón de personas de golpe. La falta de diligencia en los recientes accidentes ferroviarios y el deterioro de los servicios públicos responden al mismo patrón que el descontrol migratorio: el abandono del interés general para centrarse en la supervivencia política y la colocación de afines.

El veto de Europa actúa hoy como el último garante de la racionalidad frente al populismo. Bruselas ha recordado a Sánchez que el apoyo de la Iglesia o de la sociedad civil a una idea humanitaria no le exime de cumplir la ley. Un Estado que no controla sus fronteras, que deja que sus infraestructuras colapsen por desidia y que legisla para encubrir su corrupción, no tiene credibilidad en el continente. La regularización masiva ha muerto hoy en los despachos de la Comisión, víctima de un Gobierno que todo lo que toca, incluso las causas más justas, lo corrompe con su ineficacia.