Atenxia ha desarrollado una plataforma pionera con IA y evidencia científica que ayuda a los profesionales a tratar la dislexia y TDAH de forma conjunta gracias a su aplicación.
Los excluidos: niños y niñas con TDAH en España
Cuando pienso en los niños y niñas que viven con TDAH en España, me viene a la mente una cifra significativa: entre el 5 % y el 7 % de la población infantil escolar padece el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), lo que implica que existen alrededor de 500.000 menores afectados.
Sin embargo, sólo una proporción reducida recibe un diagnóstico formal y aún menos accede a tratamiento adecuado: se estima que menos del 20% de los casos está detectado oficialmente, por lo que aproximadamente un 80 % permanece sin diagnóstico ni intervención especializada.
En 2017, el 4,06% de los menores entre 4 y 17 años en Cataluña presentaban diagnóstico clínico de TDAH (lo que equivalía a unos 45.260 niños y adolescentes). El diagnóstico medio se registraba alrededor de los 10,4 años, y se evidenciaban diferencias claras por género (≈ 5,8 % en chicos frente a 2,2% en chicas) y por zonas geográficas (más frecuencia en áreas centrales y sur de Cataluña, menos en Girona).
La ausencia de datos más recientes posteriores a 2017 es, en sí misma, preocupante: sin cifras actualizadas, es difícil planificar recursos, diseñar políticas públicas eficaces o detectar nuevas necesidades sociales. Esta carencia revela una falta de seguimiento institucional ante un trastorno que impacta directamente en la vida escolar y emocional de miles de niños y niñas.
Además, persisten desigualdades estructurales: retraso en el diagnóstico (sobre todo en niñas), desigualdad territorial y una tasa de detección que no refleja la prevalencia real. Y si nos detenemos a analizar el acceso a becas educativas, surgen preguntas incómodas:
- ¿Por qué miles de menores con TDAH, que ven afectado su rendimiento escolar, quedan excluidos de ayudas dirigidas a necesidades especiales?
- ¿No es contradictorio que el Real Decreto 471/2021 exija un grado de discapacidad del 33 % para acceder a becas, aunque el Tribunal Supremo haya aclarado que dicho requisito no debe aplicarse a alumnos con TDAH?
La falta de diagnóstico, especialmente en niñas, y una normativa rígida convierten las becas en una barrera más que en una ayuda.
Ante este contexto, la labor de las asociaciones de familias y personas afectadas por TDAH es imprescindible. Entidades como la FCAFA-TDAH (Federación Catalana de Asociaciones de Afectados por TDAH), entre muchas otras, han sido clave para visibilizar los obstáculos de acceso a las becas que enfrentan estos alumnos.
Estas organizaciones ofrecen orientación a las familias sobre cómo solicitar ayudas, reúnen documentación, lideran campañas de presión social y presentan recursos legales. También han tenido interlocución directa con el Ministerio de Educación para exigir cambios normativos que reconozcan la realidad del alumnado con TDAH.
Un ejemplo destacable fue la movilización que consiguió que el Tribunal Supremo, en 2021, reconociera el derecho de estos estudiantes a acceder a becas sin necesidad de presentar un certificado de discapacidad. Gracias a ello, se abrieron nuevas oportunidades para miles de familias cuyas solicitudes habían sido previamente rechazadas. Sin embargo, muchas siguen enfrentando trabas burocráticas.
Además, muchas de estas asociaciones colaboran con centros educativos, brindando formación sobre el TDAH, estrategias pedagógicas adaptadas y asesoramiento sobre cómo justificar necesidades educativas especiales en los expedientes de solicitud de ayudas.
En mi opinión, el compromiso constante y generoso de estas entidades suple las carencias del sistema. Allí donde las administraciones no llegan, llegan las familias organizadas: informando, acompañando y defendiendo derechos que deberían estar garantizados de forma automática.
Conclusión desde el corazón
Este panorama revela un desajuste profundo entre la realidad de los menores con TDAH y las políticas educativas actuales. La falta de datos actualizados desde 2017 en Cataluña es una señal clara de abandono institucional. No se puede gestionar lo que no se mide, ni proteger lo que no se reconoce.
Las becas educativas deben dejar de ser un privilegio condicionado por tecnicismos poco realistas y convertirse en una herramienta de justicia y equidad. Para lograrlo, se necesita legislación sensible, diagnósticos accesibles, estadísticas actualizadas y un verdadero compromiso político con las necesidades de estos niños y niñas.
