Sexo no consentido

Estaremos de acuerdo en que para el mantenimiento de los niveles estandarizados para un país desarrollado en cuanto a calidad de vida, infraestructuras, educación, sanidad, ocio, etc., es condición sine qua non que los ciudadanos aportemos una parte de nuestros ingresos en función de la capacidad económica de cada uno en favor del estado.

Bien, partiendo de este punto en común, que pocos no compartirán, debemos hacer un ejercicio de análisis, aunque sea somero pero para que esté al alcance de todos, acerca de la profundidad e intensidad con la que todos y cada uno de los españoles, sí, usted y yo, participamos con nuestras respectivas capacidades económicas en el actual maltrecho estado del bienestar. Esto se lleva a cabo mediante la satisfacción de los diferentes tributos que el estado nos impone conducentes al sostenimiento del gasto público inherente al coste de las comodidades de las cuales nos rodeamos en el día a día. Les presento a nuestros amigos los impuestos.

Según el tenor literal del artículo 2.2.c) de la Ley General Tributaria (LGT) los impuestos "son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente". Esto quiere decir que el estado, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 31.1. de la Constitución Española (CE), recauda impuestos coactivamente y sin la exigencia de ofrecer una contrapartida a los ciudadanos, esto es, sin la obligación de ofrecer nada a cambio.

Este hecho queda más visiblemente reflejado si realizamos una comparativa con otros momentos de nuestra historia tributaria reciente donde las capacidades económicas medias de la población eran mucho menores, los impuestos eran mucho más bajos o no existían, pero de manera sorprendente la capacidad adquisitiva era muy superior a la actual.

Por otro lado, los poderes públicos están obligados a generar las condiciones necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la sociedad preservando el estatus social de bienestar; para ello asumimos el objeto de los impuestos y del esfuerzo que hace el español medio para pagarlos, ya que si tenemos en cuenta el IRPF, IVA, etcétera, podemos decir que de nuestro sueldo o renta pagamos, al menos, la mitad en impuestos.

Ejemplo: Si tenemos un descuento del 18% al 20% en la nómina (IRPF) y le sumamos que de todo lo que compramos, el 21% del precio son impuestos (IVA), seremos conscientes de que sólo teniendo en cuenta estos dos impuestos suman alrededor de un 40% de nuestros ingresos, esto sin tener en cuenta el resto de la lista de impuestos, tasas y contribuciones especiales que soportamos a diario, lo cual nos haría llegar casi, o sin casi, al 50%.

Véase que para alguien que cobre dos mil euros netos al mes, pagará mil en impuestos y únicamente podrá disfrutar de otros mil como fruto del esfuerzo por su trabajo. O dicho de otra manera, la mitad de su vida trabajará sin cobrar nada, sin poder hacer uso de las rentas que su trabajo produce. Parece demasiado, ¿no? Pues es así.

Está en boca de todos el preguntarnos dónde acaban los más de 271.935 millones de euros que hacienda recaudó durante el ejercicio del pasado año 2023, teniendo en cuenta el alto esfuerzo fiscal al que estamos sometidos en España.
Estas preguntas nos surgen, por ejemplo, cuando intentamos coger una cita para el médico, o pegamos un llantazo en uno de los tantos socavones de nuestras carreteras, o cuando cada año y al margen de la gratuidad de la enseñanza llega septiembre, y los gastos escolares nos tumban la economía doméstica al menos durante un par de meses. Son cosas que todo el mundo puede ver y palpar en la vida cotidiana.

El citado artículo de nuestra CE también establece que el sistema tributario debe ser justo y estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Para ello, los diferentes gobiernos son los que tienen el encargo de establecer lo que es justo, así como los parámetros de los principios de igualdad y progresividad, infinidad de veces en contra del interés del ciudadano, con un único y remarcado afán recaudatorio no demasiado justificado. Los políticos también pagan impuestos, pero ya se encargan ellos mismos de subirse los sueldos hasta donde sea necesario y las veces que hagan falta. Para eso sí hay unanimidad en los parlamentos. Y después surgen fiestas con putas, gambas y cocaína.

Sobre este tema hay mucha tela que cortar, pero no dejaré de citar la bochornosa factura de las leyes tributarias en relación con la doble imposición, los fines extrafiscales y la madre del cordero, que es la confiscatoriedad.

La confiscatoriedad será el tema de un próximo artículo, y es aquí cuando nos ponemos contra la pared, con los brazos apoyados, inclinados hacia adelante y con las piernas abiertas preparados para tener sexo no consentido.