Lejos de mejorar el servicio de Atención Temprana que lleva a niños y niñas con déficits (o con riesgo de padecerlos) a tener que acudir regularemente a pediatras, psicólogos, pedagogos o fisioterapeutas, el Gobierno valenciano no ha hecho más que empeorarlo en los últimos meses. 

O eso es al menos lo que aseguran los padres y madres de niños y niñas de entre 0 y 6 años con trastornos de neurodesarrollo y/o discapacidad que acuden a los servicios de atención temprana en diferentes centros de la Comunidad Valenciana.

Aglutinados en el colectivo Familiares de Atención Temprana valenciana, llevan recogidas más de 66.000 firmas a través de la plataforma Change.org para presionar a la conselleria de Igualdad, competente en la materia, para que cambie el modo de proceder de los centros de desarrollo infantil y atención temprana (Cdiat/CAT).  

Un modo de proceder que, consideran, está perjudicando aún más a los niños y niñas desde la entrada en vigor de una nueva instrucción en julio de 2022 pensada para modificar la tipología e intensidad de las sesiones de atención directa y, sobre todo, para reducir las listas de espera, que la asociación de madres y padres estima que supera los 9 meses, afectando a más de 1.500 menores. 

"La citada instrucción básicamente sirve para maquillar estos nefastos datos al fijar la intensidad de tratamiento inicial en una sola sesión semanal, excluir la interdisciplinariedad al establecer un único profesional por niño (es decir, si por ejemplo si recibe fisioterapia ya no puede ser tratado por el logopeda) y aumentar la ratio marcando como mínimo 1.71 (proporción aceptada como medida máxima temporal y excepcional)", revelan en el comunicado anexo a la recogida de firmas. 

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De esto precisamente se quejaba Jovana Reyes en un artículo reciente de EL ESPAÑOL De Alicante donde contaba las vicisitudes que estaba pasando para sacar adelante a su hijo Martín, con parálisis cerebral tetraparesia espástica tras, supuestamente, una mala praxis en el General de Alicante. "De Atención Temprana solo le están dando sesiones de 45 minutos a la semana porque nos dicen que están saturados", señalaba entonces la progenitora tras aclarar que se tienen que costear ellos mismos un fisioterapeuta, un logopeda y un terapeuta ocupacional.  

Con todo, los padres y madres afectados denuncian que si bien es verdad que aumenta el número de usuarios tratados ("disminuyendo ostensiblemente la indecente lista de espera", en realidad lo que está ocurriendo es que se está haciendo "a costa de disminuir la frecuencia asistencial desmantelando totalmente los principios de calidad amén de sobrecargar a los profesionales con más burocracia estéril".

"Denunciamos estos hechos porque, como padres, madres y familiares de niños usuarios, somos conocedores de las notables injusticias que encierra esta supuesta mejora en la racionalización del servicio". Es por ello por lo que exigen "la abolición de dicha instrucción y un verdadero compromiso inclusivo garantizando la creación de nuevos centros y dotando a los existentes de más profesionales y recursos para asegurar el acceso urgente de todos aquellos niños que lo necesitan".

Reacción de Igualdad

Preguntada a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por el malestar que reina entre familiares, la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert lo ha achacado a desinformación. "La información que se está dando desde algunos centros de atención temprana 'es errónea o no está contemplada en la instrucción, lo que está provocando, en muchos casos, confusión a las familias'”, aduce. 

Albert asegura que la nueva instrucción funciona pues "la cifra de niñas y niños atendidos en los centros de atención temprana ha aumentado un 10 % solamente durante los primeros cuatro meses desde su entrada en vigor". En este sentido, Elena Albert ha explicado que los cambios introducidos con esta nueva instrucción son “imprescindibles y necesarios para la racionalización y planificación de las intervenciones ante el incremento progresivo de la demanda de atención temprana y con el objetivo de ofrecer servicio al mayor número de niños y niñas y sus familia”.

No obstante, la directora general reconoce indirectamente las quejas de familias que consideran "insuficiente" una única sesión semanal, pero explica que es así porque así lo "aconsejan las recomendaciones científicas y como se venía haciendo de media hasta ahora, aunque se pueden ampliar a propuesta de las y los profesionales tras la evaluación individualizada de cada caso y de forma justificada".

Sin embargo, los padres y madres de la asociación insisten en que, antes de la instrucción, eran varios los profesionales que intervenían en cada caso, cuando ahora solo puede uno de ellos, el cual "no tiene potestad para decidir el número de sesiones", como sí ocurría antes.

También han notado desde julio de 2022 "un aumento del trabajo burocrático" por el cual las familias deben firmar en cada sesión. Eso es porque "la instrucción regula la necesidad de justificar la realización de las sesiones de intervención mediante la firma de las familias" para controlar "las cancelaciones, el absentismo y la teleintervención", responde el departamento que dirige Aitana Mas.