Cabecera del Puerto Deportivo de Guardamar.
El doble rasero en el puerto deportivo de Guardamar: ¿amarristas en precario y la piscifactoría prorrogada?
Los cesionarios denuncian que la empresa municipal les exige tarifas de "transeúnte" tras caducar la concesión, mientras garantizó suelo a una mercantil privada hasta 2030 para justificar fondos europeos.
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El conflicto administrativo que rodea al puerto deportivo Marina de las Dunas de Guardamar del Segura ha dado un giro definitivo hacia los tribunales tras salir a la luz documentos oficiales de la propia gestora municipal. A finales de julio, la expiración de la concesión pública tras treinta años de explotación destapó un escenario de inoperatividad por la falta de calado de su espigón y el abandono de los mantenimientos.
Sin embargo, los últimos escritos notificados por la mercantil pública Marina de las Dunas S.A. (MADUSA) demuestran que la crisis actual responde a una supuesta cadena de negligencias administrativas y a un explícito doble rasero en la gestión del recinto público.
Desde el vencimiento del título el pasado 30 de julio, cerca de 160 usuarios históricos que han sostenido el puerto durante tres décadas con sus cuotas y el pago de continuas derramas extraordinarias han sido degradados a la condición de clientes "en tránsito" o "en precario".
La indignación entre los amarristas se ha disparado al comprobar que el Consistorio condiciona la prestación de los servicios básicos a la aceptación de estas tarifas. Según denuncian por escrito los propios afectados, la administración del recinto ha llegado a advertirles abiertamente con que la falta de pago de estos importes "generará la suspensión de servicios portuarios, tales como accesos, varadero, agua, electricidad". Así lo exponen en su blog cesionariosguardamar.org.
La empresa municipal enmascaró esta medida bajo una supuesta bajada general de tarifas del 6,7%. No obstante, la propia memoria económico-financiera firmada por MADUSA revela el truco contable: la reducción beneficia únicamente al 10% de las embarcaciones de paso, mientras que sobre el 75% del puerto —los cesionarios de toda la vida— impacta en una subida promedio del 65% mensual, pasando de 2,92 a 4,82 euros por metro cuadrado. Una maniobra acompañada de coacciones escritas donde se advierte a los amarristas que el impago de estas nuevas cuotas "generará la suspensión de servicios portuarios, tales como accesos, varadero, agua, electricidad".
![La desembocadura del río Segura en Guardamar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/8794211.jpg?p=w:1706\/h:960&h=H6tzRkmk"])
La justificación municipal para extinguir los derechos de los usuarios y aplicar estos incrementos ha sido la finalización de la concesión matriz. Sin embargo, las fechas de los documentos oficiales desmontan la neutralidad del Consistorio y confirman una actuación contradictoria aprobada en una misma semana.
El 25 de mayo de 2026, la dirección del puerto remitió un oficio a la Generalitat garantizando a la mercantil privada Alevines de Guardamar la prórroga de su ocupación "en las mismas condiciones" para reformar su planta de preengorde de peces con subvenciones europeas que la obligan a operar hasta 2032.
Apenas tres días después, el 28 de mayo, el mismo Consejo de Administración de MADUSA aprobaba el acuerdo para arrebatar los derechos a los amarristas convirtiéndolos en transeúntes. Mismo suelo, mismo órgano de gobierno y misma concesión a punto de caducar: continuidad blindada a futuro para la piscifactoría privada y precariedad con subidas del 65% para los usuarios históricos.
El agravio se profundiza ante la falta de cobertura legal de la propia gestora. Pese a que el equipo de gobierno justificó la reestructuración amparándose en supuestas "indicaciones de la Administración", el Ayuntamiento admitió por escrito el pasado 1 de septiembre en un oficio oficial que "a fecha de este oficio, no existe resolución formal ni título acreditativo definitivo dictado por la Conselleria competente". Sin título alguno, MADUSA lleva más de un mes cobrando tarifas bajo la amenaza de cortar suministros.
Este limbo jurídico es el resultado directo de una tramitación exprés e in extremis. Pese a que la ley permitía pedir la prórroga de la concesión desde 2019 y el equipo de gobierno afirmó en el pleno de febrero de 2025 que el proyecto estaría listo "en un par de meses", la solicitud formal no se presentó hasta los primeros días de julio de 2026, a menos de un mes del vencimiento.
La autorización temporal para poder seguir operando no se registró hasta el 28 de julio, dos días antes de la caducidad. Sabiendo que la Administración autonómica requiere de más de 50 días para tramitar licencias de urgencia, la gestora sumió deliberadamente al puerto en la alegalidad mientras aseguraba por escrito la estancia de la piscifactoría.
Ante lo que consideran un acoso tarifario e institucional sin base legal, la masa social de amarristas ultima querellas y demandas de responsabilidad patrimonial contra el Consistorio y la mercantil pública.
