La mayor parte de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana no tendrán que pagar la tasa turística que el tripartito de izquierdas (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) quiere poner en marcha en la autonomía a finales de 2023. No lo harán porque el impuesto, tal como está diseñado, afecta a los alojamientos (hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y cruceros) que son minoritarios en la región frente a la oferta no reglada, tal como especifica un reciente estudio de la Universidad de Alicante (UA). 

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En él cinco profesores explican la diferencia fundamental entre el ecosistema valenciano y el balear y catalán, las otras dos únicas autonomías españolas que han puesto en marcha un tributo que grave las estancias turísticas: que el alojamiento reglado "supone solo el 44 % de los turistas (apenas un 23 % de las pernoctaciones) en la Comunidad" frente al 60 % en Cataluña y el 80 % en islas Baleares. Es decir, que el objeto de la tasa (el que los visitantes paguen por el impacto que provocan) se diluye.

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Este factor es uno de los que el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, ha puesto encima de la mesa para argumentar su oposición a la tasa. Considera que no sería justo para el alojamiento reglado, que además en su mayor parte se compone de pymes o empresas familiares, porque no podrían competir en precio con las grandes cadenas, que tendrían menos problemas para asumir una subida. 

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El organismo que dirige Colomer, Turisme Comunitat Valenciana, es el encargado de vigilar la oferta sin reglar en la Comunidad. Y su condición de organismo autónomo -no es una Conselleria- no juega precisamente a su favor, sobre todo en lo relativo a temas de personal. Actualmente cuenta con 14 inspectores para vigilar toda la oferta que hay en la autonomía: cinco en la provincia de Alicante, cinco en Valencia y cuatro en Castellón. 

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Se trata de una cifra que los empresarios consideran "ridícula" teniendo en cuenta el volumen de plazas que en teoría están fuera de la regulación. De hecho, se estima que en puntos clave como las ciudades de Valencia y Alicante los apartamentos alegales superan -y por bastante- a la oferta reglada.

Más de 600 inspecciones

¿Cómo funciona el sistema para luchar contra el intrusismo turístico? Cada año se elabora un plan anual de inspecciones, diseñado con las aportaciones y sugerencias, entre otros, de las empresas registradas y de las organizaciones más representativas del sector turístico.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.