Ana Molina vive en una casa de campo en Santa Ana, una pedanía de Elche perteneciente en lo que allí se conoce como el camp d'Elx. "Soy una afectada directa porque las plantas solares se quedarán a cinco metros de mi casa, lindando con la valla", cuenta a EL ESPAÑOL De Alicante durante la concentración de rechazo que ha tenido lugar este sábado de asociaciones, colectivos ecologistas y vecinos perjudicados por el boom fotovoltaico; reclaman al Ayuntamiento "una ubicación racional de las energías renovables en el suelo no urbanizable".

"Todos entendemos que este tipo de energía es buena, yo tengo autoconsumo, pero ¿quién se iría a vivir ahora al lado de una subestación eléctrica o campo fotovoltaico? Se pregunta tras recordar que su vivienda "va a perder valor". El proyecto en cuestión que afecta a la familia de Ana aún no está aprobado, "pero sí solicitado", recuerda.

En todo el término del campo ilicitano, hay proyectadas una treintena de propuestas para instalar fotovoltaicas. En la pedanía de Santa Ana hay un total de cinco proyectos solicitados, "uno incluso afecta a la vía de evacuación en caso de lluvias", avanza esta portavoz. 

Una de las casas afectadas por la proximidad de las fotovoltaicas, en este caso en la pedanía de Valverde.

Son voces que hablan del impacto que va a generar macroplantas en zonas naturales, y las líneas de alta tensión asociadas, "sobre la población, el paisaje, la biodiversidad y el mosaico agrario", relata Marga Guilló, representante de la asociación ADR Camp d'Elx, presente en la concentración. Por poner un ejemplo, Molina asegura que uno de las posibles plantas solares está planeada dentro de una "zona prioritaria de aves", como águilas, perdices o chorlitos "y se va a llenar todo de tendidos eléctricos, porque cada proyecto lleva un tendido eléctrico asociado"

Sin embargo, estas mismas fuentes van más allá del impacto y denuncian que estos proyectos están "llenos de irregularidades". "Nos hemos dado cuenta de que quienes están tramitando estos proyectos están pillando parcelas de vecinos con contratos supuestamente firmados por ellos, pero no es así, por lo que la persona afectada irá a los tribunales y los vecinos deben alegar para que se entera Conselleria", asegura Molina. 

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Por su parte, Guilló habla de que hay casos en los que "los vecinos se están enterando por el BOE de expropiación de tierras en la segunda fase del proceso en marcha". Incluso añade que "algunos proyectos presentados ante Conselleria de Industria, con el paso previo de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche, se han presentado con documentación dudosa o sin la preceptiva aportación de contratos de arrendamiento reales y legales".

Modificar el PGOU

Una de las soluciones que han planteado al Ayuntamiento de Elche es la modificación parcial del PGOU para regular el suelo no urbanizable que predomina en el campo ilicitano. "Aquí la gravedad es que el PGOU es de 1998 y el suelo no urbanizable en Elche permite que entre cualquiera a instalar placas, otros ayuntamientos han suspendido cautelarmente estas instalaciones pero aquí no", denuncia. 

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"Nos dicen que no tienen suficientes funcionarios para cambiar el plan de ordenación, pero llevamos tres años desde que entraron los primeros proyectos en 2020, por lo que han tenido tiempo para modificar parcialmente el PGOU, porque no les pedimos cambiarlo todo, sino solo esa parte", avisa Ana Molina, que es a su vez la presidenta de la asociación de vecinos de su pedanía. 

"Nosotros en concreto llevamos desde 2007 pidiéndoles que modifiquen el PGOU para regular actividades sostenibles en el campo de Elche para que haya casas rurales, pero ahora viene una ley impuesta a nivel estatal que permite cualquier barrabasada", se lamenta Marga Guilló. Al final, ambas consideran que "el Ayuntamiento mira para otro lado, el mundo rural es invisible para ellos y vienen elecciones y como nos dan la espalda, habrá que ver qué hace el mundo rural en mayo". 

Reacción del Ayuntamiento

"Entendemos la preocupación de los vecinos por saber en qué condiciones, dónde y cómo se van a instalar", avanza Ana Arabid, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche. "También hay que tener en cuenta que no todas las plantas que están en tramitación van a acabar siendo instaladas", afirma a este medio. "Puede ser así o no, de hecho, ya se ha denegado alguna, porque este Ayuntamiento también ha decretado informes negativos", asegura.

En la actualidad, han otorgado una licencia favorable en la pedanía de Perleta y tres que están a punto de recibir luz verde de las 30, aproximadamente, que están sobre la mesa, cuenta Arabid, la máxima responsable de esta cuestión en el consistorio (sin olvidar la del alcalde). Según esta regidora socialista, "en el Ayuntamiento, desde el principio, hemos tratado de ofrecerles la mayor información posible a los vecinos teniendo en cuenta que no depende de nosotros, ya que solo emitimos un informe que solicita conselleria entre los múltiples informes que hay que tener en cuenta", sostiene. 

Es más, señala que el consistorio "emite un informe a Conselleria que no es vinculante", por lo que "el margen de maniobra que tenemos es bastante limitado". A este respecto, asegura que "eso no quiere decir que el Ayuntamiento se desentienda del tema, lógicamente atendemos a los vecinos".

Preguntada por el coste electoral que puede acarrear la posición municipal en el campo de Elche, Arabid responde: "No nos planteamos esto en términos electorales, sino en la responsabilidad que ostentamos para gobernar Elche para todos y todas y estoy convencida de que en las pedanías hay sensibilidades políticas de todo tipo, porque este tema no es político, la lucha contra el cambio climático debe trascender todo este tipo de cosas".