XC Business 90, la empresa a la que la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) permitió en 2018 la construcción de unos macrodepósitos de combustible en suelo del Puerto, está en quiebra. O, al menos, arroja pérdidas de más de 700.000 euros en el último ejercicio contable (2020), según la documentación a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Durante años esta compañía no ha presentado la información de sus finanzas, tal como estipula la Ley. Este oscurantismo no impidió a la APA adjudicar el proyecto para instalar varios depósitos de combustible de 100.000 toneladas en una parcela de 140.000 metros cuadrados de suelo portuario, que ha generado un enorme rechazo vecinal, político y social. Bastó con el aval, sin contar con la solvencia económica de la compañía. 

De hecho, ni las autoridades ni los funcionarios implicados en este contrato acudieron al Registro Mercantil para consultar las cuentas anuales de XC Business 90 para comprobar su solvencia o cumplimiento de las normas mercantiles, según manifestó su representante en sala de lo contencioso administrativo tras una denuncia interpueta por la asociación de consumidores integrada en la Plataforma en Defensa del Puerto. 

Es más: tampoco lo hubiesen encontrado porque la empresa no había entregado su contabilidad desde el año 2014, a pesar de estar obligada por Ley. 

¿Y cuáles son sus números? En 2019 figuran 578.597 euros de aprovisionamiento y solo 30.137 de ingresos. Las pérdidas ese ejercicio ascienden a 563.735 euros, con lo cual los fondos propios de la compañía alcanzan los -720.201 euros.

Un año más tarde, en 2020, ganan 13.872 euros (resultado explotación), destinado a compensar pérdidas de años anteriores. Su volumen de facturación es de 25.150 euros por "prestación de servicios", algo llamativo para una compañía que no tiene personal propio. El ejercicio se cierra con -706.000 de fondos propios, lo que vuelve a evidenciar la situación de insolvencia de la mercantil.  

Un proyecto cuestionado

La última novedad sobre el proyecto de los depósitos de combustible del Puerto es una modificación de la legislación autonómica que le afecta directamente. La Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas ha cambiado la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje para prohibir la creación de instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas a menos de un kilómetro de zonas urbanas. 

Esto, en la práctica, supone el bloqueo del proyecto porque se sitúa a apenas 750 metros de una zona vecinal. La compañía, sin embargo, sigue con su intención de sacarlo adelante, y recientemente ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, que daba la razón al Ayuntamiento a la hora de denegarle el permiso de obra por silencio administrativo. 

Falta por ver cuál es la postura del nuevo presidente del Puerto, Julián López, en este tema. Tomó posesión de su cargo hace apenas una semana, por lo que vecinos, ecologistas y otros colectivos integrados en la Plataforma en Defensa del Puerto están esperando un pronuciamiento sobre el futuro del proyecto.