"La mayor parte del territorio nacional sufre cierto grado de estrés hídrico que en el Bajo Segura alcanza el grado de sobreexplotación a pesar de los aportes externos y de uso de recursos no convencionales. Los trasvases son pieza clave e insustituibles en la distribución de recursos en España por motivos económicos, sociales y ambientales". Esta es una de las principales conclusiones del Congreso Nacional del Agua celebrado a finales de la semana pasada en Orihuela.

Y como expuso Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), "su buen funcionamiento tropieza con problemas de tipo institucional y, fundamentalmente, de tipo político. En España tenemos en funcionamiento más de 15 trasvases y solo se pone en cuestión el Trasvase Tajo-Segura y también el Júcar-Vinalopó".

Actualmente están en funcionamiento los 15, entre ellos, el minitrasvase del Ebro a Tarragona, el trasvase del Gran Bilbao, el trasvase Tajo-Guadiana, el Guadiario-Majaceite, el Negratín-Almanzora, el Del Condado o Júcar-Turia. Algunos, con aportes de cientos de hectómetros cúbicos.

Sin embargo, todas estas transferencias hídricas no se hayan cuestionadas. ¿Por qué? Los especialistas que participaron en el Congreso siguen defendiendo la vigencia y necesidad de la trasferencia al sureste español.

Las conclusiones

Para Melgarejo, el cambio climático que aduce el Ministerio de Teresa Ribera para reducir mes a mes los aportes al sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería, es una evidencia científica incontestable. 

Es más, en la cita oriolana se ha establecido claramente que "el cambio climático incrementa las posibilidades de que la Vega Baja entre en el futuro de fenómenos extremos como inundaciones y sequías. Todas las previsiones apuntan a que provocará la reducción de aportes hídricos de entre 10 y el 50% en el global de las cuencas hidrográficas españolas".

Sin embargo, hay otros factores que hay que considerar: el río Segura "no se revertirá su sobreexplotación ni sumando recursos no convencionales a su capacidad actual incluyendo la gestión de la demanda". O lo que es lo mismo "el Trasvase Tajo-Segura es insustituible, es imprescindible, es necesario; el trasvase es vital para cubrir las necesidades hídricas del sureste español, pero no ha sido suficiente para acabar con el déficit la demanda de recursos hídricos va por delante de la oferta disponible".

De ahí, que "las aportaciones de la desalinización previstas para 2027 es de 404 hectómetros cúbicos cifra que difícilmente se alcanzará por los elevados costes de estos recursos para los usos agrarios. Con estas aportaciones no se podrían cubrir los caudales que llegan del trasvase Tajo Segura y habría que pensar en una ampliación de las desalinizadoras".

En este sentido, Melgarejo apuesta por "lograr acuerdos y consensos entre las administraciones que permitan una participación activa de la sociedad. Ni las sequías ni las inundaciones van a dejar de amenazar a la Vega Baja pero debemos prever medidas que mitiguen sus efectos".

Así, para ambos problemas que centraron el congreso, insiste aplicar también otra serie de medidas que han dado resultado: extensión de los seguros agrarios y planificación de obras con análisis de riesgo-beneficio que permitan saber cuánto pueden costar las inversiones, por dónde irán las obras y a quién afectarán.

Además, durante el congreso también se ha abordado herramientas como los "mercados del agua" no han tenido un desarrollo suficiente puesto que solo se han utilizado en periodos de gran escasez. La cesión de derechos y los bancos de agua entre distintas cuencas fueron legislados ante de la sequía de 2004-2009 pero abandonados durante la sequía del 2014-2018. El objetivo, es recuperarlos como una posibilidad de aportes complementaria.