El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en Alicante, ha dictado apertura de juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno socialista de la ciudad.

Efe recoge que la decisión de la jueza de decretar la apertura de juicio oral en el 'caso enchufes', a petición de Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). La acusación se dirige contra dos exconcejales y seis técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Así, será la Audiencia de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa. Anteriormente, varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.

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Los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales, que se enfrentan a penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.

La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra del SPPLB por la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del Interventor, que incluía una subida salarial que suponía un incremento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.

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Además, también "se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada", recoge el escrito. La acusación también incide en la creación y cobertura "de un elevado número de plazas de personal laboral temporal" pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento y que la parte acusadora cifró en 43 enchufados.

Así, cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron 13 los que se incorporaron, lo que, según se denuncia, produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.