La Generalitat presenta el mayor proyecto de inversión en justicia hecho en Alicante para unificar las diversas infraestructuras que se encargan de su gestión. "Y no es solo un edificio, sino una concepción humanista de la justicia", afirma el presidente Ximo Puig sobre este proyecto de 85,6 millones de euros que se empezará construir a finales de este año. Pese a esa voluntad de transparencia, el jefe del Consell ha rechazado atender a las preguntas de los medios en el día que se ha hecho pública la vinculación del PSOE valenciano con una posible financiación ilegal del partido, según publica El Mundo.

Los actuales juzgados de Benalúa han acogido una gran presentación en la que sin posibilidad de preguntas por parte de los medios de comunicación se han desgranado los detalles de una inversión histórica para la ciudad y provincia. Con esos términos se ha referido tanto la consellera de Justicia Gabriela Bravo como el presidente Ximo Puig al destacar que se resolvía así la situación desigual de Alicante respecto a Valencia y Castellón que ya cuentan con sus propias ciudades de la justicia.

Desde que en el año 2000 se derribara el cuartel del Benalúa, el de San Fernando, se había generado una desconexión en los barrios y ese vacío ha durado 20 años. La elección de este lunes, día de San Fernando, ha servido como alusión para cerrar ese círculo de dos décadas. Así lo han subrayado en la presentación del proyecto cuyas obras se prevé que estén terminadas en 2025.

El presidente ha explicado que la decisión de que lleve el nombre de Rafael Altamira constituye un "reconocimiento necesario" a uno de los españoles "más ilustres y menos conocidos", de quien ha valorado su legado pacifista y su compromiso por la defensa de los derechos humanos. El jurista nacido en Alicante participó en la puesta en marcha del sistema de justicia internacional y con este acto pretenden un reconocimiento a este "faro ético" en los derechos humanos.

Multiplicar la inversión

Ximo Puig ha señalado que la Generalitat creará tres mil nuevas plazas para la Administración de Justicia, lo cual mejorará la atención a la ciudadanía; y ha mostrado la apuesta del Consell por implantar un nuevo sistema de gestión procesal con vistas telemáticas, así como por mejorar la eficiencia energética a través de la instalación de paneles solares en todas las sedes judiciales.

Respecto a las infraestructuras judiciales, el jefe del Consell ha recordado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia para la mejora de las sedes judiciales se ha multiplicado por 6 desde 2015, pasando de 10 a 60 millones de euros.

Por último, ha destacado que hasta 2023, el Consell licitará proyectos por 277 millones, principalmente en la provincia de Alicante, como las nuevas sedes judiciales de Villena, la Vila Joiosa y Alicante, y con la ampliación y reforma de las sedes de Orihuela y Dénia.