Las obras del parque de Canalejas o el soterramiento de contenedores son varias de las obras por las que este lunes será juzgado el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens. Fiscalía Anticorrupción pide penas de cuatro años de cárcel, once de inhabilitación en cargos públicos y una indemnización millonaria.

Los hechos que llegan a juicio tuvieron lugar en 2009, bajo la etapa de Gobierno popular de Sonia Castedo. Según el relato inicial de Anticorrupción que recoge Efe, los cuatro encausados se pusieron de acuerdo para manipular la contratación de varias obras de renovación urbanística en favor de dos compañías, hasta el punto de llegar a redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos.

En esas actuaciones, según fiscalía, se contaba con todo el conocimiento del jefe de Servicio de Atención Urbana y del concejal del área, que firmaba las adjudicaciones. Se trataba de actuaciones por un importe global de 7,3 millones que comprendían la renovación o acondicionamiento de calles, avenidas, paseos, plazas y jardines. Estas se realizaban con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como Plan E.

Por todo ello, Andrés Llorens no recorrerá solo el camino a los juzgados de Alicante este lunes a las 9:30. El exconcejal de Atención Urbana estará acompañado por el jefe de servicio de esa concejalía, el apoderado de la mercantil adjudicataria y también el administrador de la empresa subcontratada. Los cuatro acudirán durante las ocho sesiones previstas a la Sección Décima de la Audiencia Provincial.

Las penas

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas de cuatro años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados por los delitos continuados de prevaricación y fraude. Para Llorens, actualmente apartado de la primera línea de la política, y para el técnico municipal, la acusación pública solicita también once años de inhabilitación en el desempeño de empleo o cargo público.

En cuanto a los dos empresarios, el ministerio público solicita su inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.

La fiscalía asegura en su escrito de acusación que el ayuntamiento de Alicante resultó perjudicado por estas adjudicaciones irregulares, "al quedar viciada la igualdad en las contrataciones", por lo que pide que los encausados indemnicen a la administración local de forma solidaria y conjunta con el pago de 1.209.700 euros. Entre esas obras figuraban los proyectos ejecutados en el parque de Canalejas o la plaza de Altozano, así como la instalación de contenedores de basura soterrados.

Tras la sesión inicial de este lunes, la vista oral seguirá entre los días 11 y 13 de enero y proseguirá entre el 17 y 20. Ese jueves, según las previsiones, es cuando debería quedar visto para sentencia.