El 26 de octubre de 2010 los periodistas que cubrían la información municipal de Alicante fueron convocados de urgencia a la sala de prensa del Ayuntamiento. La entonces alcaldesa, Sonia Castedo (PP), apareció arropada por su equipo y anunció, en tono solemne, los tres delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción: cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

La primera edil, que aún no había ganado unas elecciones (su antecesor, Luis Díaz Alperi, le cedió la vara de mando en 2008), repartió a todos los asistentes el escrito del fiscal donde se detallaban estas acusaciones: haber utilizado su posición para contratar a gente en empresas de servicios del Ayuntamiento; haber recibido determinados regalos del empresario Enrique Ortiz; y dar a este promotor información privilegiada sobre el Plan General, en aquel momento en trámite.

Ortiz no es un empresario más de Alicante. Durante años ha controlado dos de sus contratas más importantes: la de basuras y limpieza viaria y la de colegios y dependencias municipales. Solo la de autobuses, otorgada en tiempos de Franco, suponía un desembolso mayor para las arcas municipales.

El promotor es propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante, y tiene un sinfín de ramificaciones en la ciudad. Dueño del Hércules, amigo de políticos (de todo signo) y, más tarde, "la polla insaciable" por su voracidad en los negocios, según las escuchas practicadas por la Policía en el caso 'Brugal', Ortiz es el alfa y omega de muchos proyectos faraónicos, escándalos urbanísticos y licitaciones millonarias en las últimas tres décadas en la provincia.

Castedo lo negó todo y lamentó la "tergiversación" que, dijo, la Fiscalía había hecho en sus acusaciones. También aseguró que el escrito de Anticorrupción respondía a una campaña electoral de quienes "ven al PP como un enemigo al que hay que destruir" con una "condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".
Y remató: "Sé que es difícil luchar contra la infamia y la difamación, sobre todo cuando parten de estamentos oficiales, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas".

Empieza la partida

Castedo, en la campaña de 2011. EFE

Castedo era un animal político. Ni sus enemigos lo niegan. Contaba con todos los elementos necesarios para suceder a Alperi y cronificar al PP en la Alcaldía otros 20 años: olfato, habilidad para las distancias cortas, conocimiento profundo del entorno, un discurso populista y, lo más importante, capacidad para apelar sin esfuerzo a votantes de otros espectros políticos.

En esa ecuación también suma la inoperancia del principal partido de la oposición en Alicante, el PSOE, incapaz de articular un liderazgo adecuado por sus problemas internos.

Las municipales de mayo de 2011 llegaron como una tormenta perfecta para Castedo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había hecho su célebre discurso en el Congreso en el que anunció los mayores recortes sociales de la historia de la Democracia, y la victoria para el PP estaba cantada en casi toda España.

Sin embargo, el tirón electoral de Castedo le permitió ir un paso más allá y sacar los mejores resultados del PP en toda su historia: 15.000 votos más y 18 concejales, tres por encima de la mayoría absoluta. En solo cuatro años los populares habían pasado de ganar las municipales de milagro a barrer a sus rivales.

Apenas un mes después de esta victoria, el juez instructor del caso 'Brugal' levantó el secreto de sumario y salieron a la luz las conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo. Ahí es cuando empezó su verdadero via crucis.

Las escuchas

Enrique Ortiz, en una comparecencia en las Cortes. EFE

-Adiós guapetona, te quiero.
-Y yo, bombón, ciao.

Esta despedida habitual entre Ortiz y Castedo da la medida del tono de la mayor parte material grabado por los agentes en su investigación entre 2008 y 2010. Las escuchas de Brugal son una radiografía precisa de las conexiones del poder en la provincia de Alicante, con un Ortiz que se mueve como pez en el agua entre políticos de todo signo, empresarios y periodistas.

De los audios se deduce que la amistad entre Castedo y Ortiz es evidente, y no solo entre ellos. El marido de la alcaldesa trabaja para el promotor, y las familias de ambos no tienen reparos en compartir vacaciones, cenas y fiestas. Alperi también aparece de manera prominente, en conversaciones de todo corte con Ortiz.

¿Es esto delito? La Audiencia de Alicante opina que en la mayor parte de los casos analizados no. Pero es evidente que aquellas escuchas, cuyos audios fueron ampliamente difundidos, supusieron una hipoteca reputacional enorme tanto para la ciudad de Alicante como para la clase política. Castedo empezó, poco a poco, a convertirse en un problema para el PP.

Año 2012. El caso empieza a coger fuerza el juez instructor pide imputar a Castedo. Pero en aquel entonces tanto la alcaldesa como su antecesor eran diputados autonómicos, por lo que el caso se envía al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Castedo llega a declarar como imputada, pero con tan mal resultado que al tercer día pide anular su comparecencia y empezar de nuevo. No se lo conceden.

En mayo de 2014, antes de que la Sala tome una decisión, Castedo y Alperi juegan el as que tenían guardado en la manga: renuncian a su acta en las Cortes y Brugal vuelve a los juzgados de Alicante. La primera edil se retira al Ayuntamiento, donde podrá ganar tiempo mientras traza una estrategia de resistencia.

La presión, sin embargo, sigue creciendo, y las escuchas no paran de sucederse. Su imagen está hundida y empieza a perder apoyos, incluso entre su equipo. Lo que en principio parecía un escenario cómodo desde Alicante se vuelve una trinchera, con episodios verdaderamente lamentables: actos en los que se insulta a periodistas, desplantes continuos a la oposición, plenos con cruces de insultos... Alicante es un desgobierno y su Ayuntamiento sale en las noticias de toda España cada semana.

El PP, sin embargo, se niega a imponer nada y Castedo elige la fecha de su salida: el 23 de diciembre de 2014, el día de su 44 cumpleaños. Ni siquiera comparece: lo hace por facebook, una de las redes sociales que más utilizaba en su última etapa. El desgaste, sin embargo, está hecho, y cinco meses después su partido perdería la Alcaldía a manos de un tripartito de izquierdas.

El desenlace

Castedo y Alperi, en el juicio. EFE

Los años que restan de Brugal tienen un componente más técnico que político. Pero hay tres hechos que permiten interpretar mejor la sentencia absolutoria que la Audiencia de Alicante dictó esta semana para la alcaldesa.

En primer lugar, la validez de las escuchas. En Orihuela, que es donde se origina el caso a raíz de la adjudicación de un vertedero, los pinchazos telefónicos se anulan, pero en Alicante no. Eso quiere decir que la decisión que han tomada las magistradas tiene en cuenta que casi nada de lo que se dice en esas grabaciones es delito o prueba apaños en el Plan General, lo que acorrala las tesis de la Fiscalía y la acusación.

En segundo, la confesión de Ortiz. El principal imputado en la trama pactó con el fiscal declararse culpable de varios de los delitos a cambio de una reducción de la pena (dos años de cárcel), pero decidió dar marcha atrás precisamente cuando se declaró la nulidad de las escuchas de Orihuela.

En tercero, el empresario ilicitano Ramón Salvador. Este promotor llegó a aceptar tres meses de cárcel por haber pactado la recalificación de terrenos y, sin embargo, ha salido absuelto. Una interesante paradoja judicial que deja la rama alicantina del caso 'Brugal' sin culpables pese tener la confesión de uno de sus implicados por escrito.