La rama alicantina del caso Brugal, la que estudia un posible trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el amaño del Plan General de la ciudad, se saldó el pasado miércoles con penas muy leves para los implicados. Tan solo el exalcalde Luis Díaz Alperi y el propio Ortiz tendrán que pagar multas, de 6.000 y 18.000 euros respectivamente, por sendos delitos de cohecho.

El resto de imputados ha quedado absuelto, incluida la exprimera edil Sonia Castedo. La Audiencia considera que la regidora también cometió cohecho al recibir un bolso de Carolina Herrera del promotor, pero en su caso el delito ha prescrito.

En cuanto a la revelación de secretos, las magistradas de la Audiencia de Alicante consideran que no existen pruebas suficientes para deducir que ninguno de los dos munícipes dio datos a Ortiz del futuro planeamiento de la ciudad; también les absuelve del posible delito de tráfico de influencias.

El fallo ha levantado un gran revuelo en la política alicantina. Tras 12 años de investigaciones, instrucción y pruebas, el mayor caso de corrupción urbanística de la historia de la ciudad se ha desinchado hasta quedarse en dos pequeñas multas.

Así las cosas, la pregunta ahora es qué pasará a continuación. Es decir, si se planteará algún recurso contra la decisión de la Audiencia de Alicante. De ser así tendrá que ser en el Supremo, y en un plazo de cinco días.

Por un lado está el Ayuntamiento de la capital, que estaba personado en el caso como posible perjudicado. El alcalde, Luis Barcala (PP), ya ha dicho que, visto el fallo, lo asumirán. Esa vía está muerta. 

La pelota está, pues, en la Fiscalía y en la acusación popular, que lleva Esquerra Unida (EU). En este último caso el responsable es el abogado es José Luis Romero, un histórico de la agrupación local que incluso ejerció como coordinador durante una temporada en la época en la que el tripartito de izquierdas gobernó en la ciudad.

Romero explicó a EL ESPAÑOL que este fin de semana estudiará en profundidad la sentencia y que debatirá con la organización la mejor forma de proceder. Tras las primeras lecturas no oculta su disconformidad con el fallo, pero hay que tener en cuenta otros factores como el económico. De hecho, una sentencia del Supremo puede condenar en costas a la agrupación, lo que supondría un revés importante para la economía de EU.

En cuanto a Fiscalía Anticorrupción, la idea por ahora es presentar un recurso, según ha podido saber este diario.

Otras reacciones

En este sentido, el que fuera portavoz de EU durante la etapa de Sonia Castedo en la Alcaldía, Miguel Ángel Pavón, indicó que "en su momento cumplimos con nuestra obligación de denunciar el caso a nivel político y judicial". Para el exdirigente, "conseguimos acabar con una oscura etapa de gobiernos municipales en el Ayuntamiento de Alicante y con un Plan General insostenible, contrario a los intereses generales de la ciudad". 

"A pesar de lo que todos pudimos escuchar en las vergonzosas conversaciones entre Alperi, Castedo y Ortiz, la sentencia no considera probado el amaño del Plan General,  pese a que el propio Ortiz llegara a autoinculparse reconociendo los delitos de los que se le acusaba", recordó. El promotor rompió su acuerdo con Fiscalía después de que se declarasen la nulidad de las escuchas en la rama de 'Brugal' que afecta a Orihuela. 

El PSOE, por su parte, no ha emitido aún ningún comunicado oficial. Tampoco puede recurrir porque ya decidió retirarse del caso en la época en la que Gabriel Echávarri se hizo con el control de la agrupación local. Su postura fue que la acusación ya estaba bien representada por el Ministerio Público y el propio consistorio, entonces bajo su control, pero lo cierto es que la decisión tuvo también que ver con criterios económicos.

Finalmente, los concejales de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas, movieron ficha este jueves y reclamaron al alcalde, Luis Barcala, que reconsidere su posición y solicite a la asesoría jurídica municipal que estudie la sentencia del caso PGOU y prepare su recurso como parte interesada en la acusación, como viene haciendo desde el año 2015.

"Pedimos a Barcala que actúe como alcalde, y no pensando en su partido o los gobiernos municipales, del que él también formó parte, y que han sido investigados por la justicia. Por eso le pedimos que replantee su decisión que tomó de forma precipitaba e irreflexiva", argumentó la formación.