El diputado del PP de Alicante, Joaquín Melgarejo, sobre un cultivo de mandarinas.

El diputado del PP de Alicante, Joaquín Melgarejo, sobre un cultivo de mandarinas.

Alicante

El PSOE se niega a escuchar en Madrid el grito de auxilio de los agricultores y productores de cítricos de Alicante

El diputado Joaquín Melgarejo (PP) lidera la ofensiva parlamentaria para exigir el tratamiento en frío obligatorio y frenar la entrada masiva de producción fraudulenta de terceros países.

Más información: Los cítricos de Alicante sufren el mayor descenso de producción de España y caen un 15 %

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La citricultura de la provincia de Alicante se encuentra en una encrucijada histórica donde se juega su supervivencia en los mercados internacionales. El campo de la Vega Baja y de las principales comarcas productoras de la provincia asiste con estupor a un nuevo escenario de confrontación política en Madrid que vuelve a dejar en evidencia la falta de sensibilidad del Ejecutivo central con las demandas más urgentes de los agricultores alicantinos.

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha sido el escenario de un choque frontal tras el debate de una Proposición no de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por el diputado por Alicante Joaquín Melgarejo, orientada a blindar un sector estratégico que se ahoga ante los costes internos y la descontrolada presión de los mercados exteriores.

Pese a que la iniciativa legislativa logró salir adelante gracias al empuje de los populares, el dato político más relevante y preocupante para los productores alicantinos fue el voto en contra del PSOE. Los socialistas decidieron dar la espalda a un documento parlamentario que no hacía más que recoger las quejas históricas de las organizaciones agrarias de la provincia, las cuales asisten indefensas al hundimiento de la rentabilidad de sus explotaciones.

La propuesta del Partido Popular dejaba claro desde el principio la relevancia de una actividad que no puede comprenderse sin el peso específico del arco mediterráneo, recordando que "el sector citrícola constituye una de las principales producciones agrícolas de España y desempeña un papel estratégico en el conjunto del sistema agroalimentario nacional, tanto por su contribución al empleo agrario como por su elevada capacidad exportadora dentro del mercado internacional".

Para la provincia de Alicante, este rechazo del bloque socialista a respaldar de forma unánime el texto resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta la tremenda especialización y la tradición de sus cultivos, enmarcados en una "Comunidad Valenciana que constituye el principal núcleo citrícola del país, con una superficie superior a las 140.000 hectáreas de cultivo".

La iniciativa del PP fundamentaba la urgencia de estas medidas excepcionales explicando que "la citricultura española constituye, por tanto, un sistema productivo altamente especializado y territorialmente concentrado que genera empleo directo e indirecto en amplias zonas rurales, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de la actividad agraria, al equilibrio territorial y al liderazgo exportador del sector agroalimentario español".

Sin embargo, como ha venido analizando este diario, las alarmas en el campo alicantino no dejan de sonar debido a la entrada masiva de fruta procedente de terceros países que compite en condiciones de absoluta desigualdad. El texto de la proposición describe de manera incisiva cómo "el sector viene manifestando en los últimos años una creciente preocupación por diversos factores que afectan a su competitividad, entre los que destacan el incremento de los costes de producción (energía, fertilizantes, fitosanitarios, mano de obra y agua)".

Riesgo de plagas

También, "el riesgo de entrada de plagas y enfermedades, por falta de controles efectivos en frontera; la presión normativa derivada de la regulación comunitaria (aumento de la burocracia y las cargas para los agricultores sin garantizar la rentabilidad de las explotaciones; y, el aumento descontrolado de las importaciones procedentes de terceros países (Marruecos, Sudáfrica, Egipto...)".

Uno de los puntos de fricción más graves, y donde el voto en contra del PSOE genera mayor incomprensión en el sector agroalimentario alicantino, es la tibia respuesta del Gobierno ante las amenazas biológicas que pueden destruir cosechas enteras. El texto aprobado a iniciativa del PP incide de forma directa en que se ha trasladado "reiteradamente a las administraciones públicas la necesidad de reforzar los mecanismos de protección del sector frente a determinados riesgos fitosanitarios asociados a las importaciones agrícolas".

"Entre dichas amenazas -continúa la PNL- destacan plagas de cuarentena como la falsa polilla de los cítricos (Thaumatotibia leucotreta), la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) o el cancro bacteriano (Xanthomonas citri), cuya introducción en el territorio comunitario está ocasionando graves pérdidas económicas y productivas para la citricultura europea".

La negativa del bloque socialista a apoyar estas medidas de control choca frontalmente con la necesidad de ampliar las actuales e insuficientes normativas de la Unión Europea, que actualmente limitan el tratamiento en frío de seguridad únicamente a la naranja procedente de Sudáfrica, dejando fuera a otros frutos muy sensibles para los campos alicantinos, como las mandarinas o los limones.

De hecho, el documento técnico de la iniciativa advertía explícitamente de que "la UE obligará a importar la naranja sudafricana al territorio comunitario aplicando tratamiento en frío, pero no así para otros cítricos. Algunas de estas plagas, como la falsa polilla también afectan a otros vegetales y se pueden introducir con la importación de otras especies, como las rosas cortadas".

El texto final que el Gobierno central se resiste a implementar de forma proactiva exige de manera nítida "impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, el establecimiento de cláusulas de salvaguarda y reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países exportadores de cítricos al mercado comunitario".

Además de obligar de forma urgente a demandar "el refuerzo urgente de los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) en los Puertos para la realización exhaustiva de los controles en materia de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria a las importaciones de terceros países". La cerrazón política del PSOE a sumarse a este bloque de protección deja en el aire la estabilidad de miles de familias de la provincia de Alicante que solo exigen jugar con las mismas reglas del juego que sus competidores del hemisferio sur.