El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, en una imagen de archivo.
El bloqueo de la Ley de Costas con 79 prórrogas pone el foco en PSOE y Sumar tras el aviso del Tribunal Constitucional
La proposición de ley, clave para la pervivencia de núcleos tradicionales en el litoral valenciano y murciano, permanece paralizada en el Congreso mientras crece la presión política y jurídica contra el uso reiterado de prórrogas.
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La reforma de la Ley de Costas impulsada desde el Senado acumula ya 79 prórrogas en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, una cifra que la sitúa en el centro del debate sobre el uso de esta práctica parlamentaria tras el reciente reproche del Tribunal Constitucional. Todo ello, pese al aviso a navegantes que emitió esta misma semana el Tribunal Constitucional por esta práctica política irregular.
La proposición de ley para modificar la Ley 22/1988 de Costas, con el objetivo de garantizar la continuidad de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos del bloqueo parlamentario por la ampliación sistemática de plazos. Desde su llegada al Congreso en la actual legislatura, la iniciativa suma ya 79 prórrogas en el periodo de presentación de enmiendas, una práctica que ha impedido hasta ahora su avance hacia el debate en comisión.
La mayoría de estas ampliaciones han sido solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, lo que ha generado críticas por parte de otras formaciones que ven en esta estrategia una forma de paralizar de facto una iniciativa legislativa que ya fue aprobada en el Senado con el respaldo del Partido Popular y otros grupos.
El impacto de este bloqueo no es menor. La reforma afecta de manera directa a miles de propietarios y residentes en zonas costeras, especialmente en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, donde existen numerosos núcleos tradicionales cuya continuidad depende de una reinterpretación de la normativa vigente.
En estos territorios, el debate trasciende lo jurídico y se convierte en una cuestión social y económica de primer orden. Incluso legal, ya que la Comunitat Valenciana ha aprobado su propia Ley de Costas autonómica ahora en negociación con el Gobierno central.
El contexto ha cambiado en las últimas semanas tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha censurado el uso abusivo de prórrogas en otros proyectos legislativos, algunos de ellos con más de 70 ampliaciones.
El alto tribunal considera que esta práctica puede vulnerar los derechos de los diputados y alterar el normal funcionamiento del proceso legislativo, especialmente cuando se utiliza de forma sistemática para evitar el debate parlamentario.
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Aunque el fallo se refiere a normas tramitadas durante la pandemia, su doctrina abre la puerta a cuestionar situaciones similares como la de la reforma de Costas. La reiteración de prórrogas podría ser interpretada como un mecanismo de obstrucción, lo que añade presión institucional sobre la Mesa del Congreso y los grupos que han impulsado estas ampliaciones.
A esta tensión se suma el hecho de que el Congreso ya se ha pronunciado políticamente sobre la necesidad de abordar cambios en la Ley de Costas. En una votación previa, una mayoría parlamentaria apoyó instar a la reforma, pese a la oposición del PSOE y Sumar y el apoyo a la derecha nacional de algunos de sus tradicionales socios, como Junts. Sin embargo, ese mandato no se ha traducido en avances efectivos en la tramitación de la proposición de ley.
Movilización social
En este contexto, la movilización política y social continúa. El próximo 23 de abril Cartagena acogerá un encuentro con afectados por la Ley de Costas en el Espacio Licor 43, donde se presentarán nuevas iniciativas parlamentarias y propuestas normativas, además de dar voz a los afectados.
El acto contará con la participación de representantes institucionales como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus; el senador Francisco Bernabé; la portavoz del Senado Alicia García; el consejero de Infraestructuras de Murcia, Jorge García Montoro; el diputado Juan Luis Pedreño; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
La cita se produce en un momento clave, con el foco puesto tanto en la situación de bloqueo en el Congreso como en las posibles consecuencias del reciente pronunciamiento del Constitucional. Mientras tanto, la reforma de la Ley de Costas sigue atrapada en el calendario parlamentario, sin fecha clara para su avance.
