Depuradora de Rincón de León, en Alicante.
La cronología que desmonta a PSOE y Compromís: Sánchez deja caer el 'Vertido 0' pese a que la Generalitat ha cumplido
Los requerimientos cumplidos en Rincón de León y Monte Orgegia muestran que la Generalitat cerró en plazo los trámites que dependían de ella mientras el Ministerio dejaba caducar la financiación europea.
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La disputa política por el futuro del proyecto Vertido 0 de Alicante se acaba con la cronología interna de los trámites administrativos para ampliar y modernizar de las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia en Alicante. Pese a las críticas de la izquierda cuando el PP desde la Generalitat Valenciana ha requerido al Ministerio que cumpla con sus compromisos, la documentación demuestra que la Generalitat ha ido cumpliendo uno a uno los requerimientos que le trasladaba el Estado. Enfrente, el Ministerio dejaba caducar los 350 millones de euros comprometidos por la UE.
En las últimas semanas EL ESPAÑOL ha desvelado cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negó a ejecutar con cargo al Fondo de Resiliencia los 350 millones destinados a inversiones hídricas en la provincia, entre ellas Vertido 0, pese a que el propio Ministerio seguía exhibiendo el plan como un emblema de su agenda verde.
De hecho, el proyecto para reutilizar todo el agua depurada en la agricultura alicantina y evitar vertidos al mar, surgió del propio Gobierno Botánico de Ximo Puig y el Gobierno de Sánchez sacó pecho en Bruselas de que cumplía con la agenda verde europea.
¿Qué es lo que ha cambiado ahora para que el Ministerio se niegue a ejecutar este proyecto indispensable para que Alicante sea la provincia española líder en reutilización de agua? El Ayuntamiento de Alicante y la empresa mixta Aguas de Alicante (con Veolia como gestor privado) han hecho todas las inversiones necesarias.
La Generalitat ha cumplido con todos los requerimientos. Y el Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica de la socialista Sara Aagesen, justifica la falta de inversión en el gasto por la dana de Valencia en octubre de 2024, pese a que este proyecto estaba avalado por Europa.
Tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante, en manos del PP, han acusado al Gobierno de Sánchez “negligencia” por dejar perder los fondos y han reclamado que, aun sin financiación europea, se liciten las obras por el “beneficio ambiental y agrícola” que suponen para la bahía de Alicante y los regantes.
Y es que sin inversión estatal en las EDAR, no hay base sobre la que desplegar las tuberías y ramales autonómicos porque tampoco habrá caudales de agua depurada que enviar a los agricultores alicantinos.
![Panorámica del parque de La Marjal.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/04\/26\/actualidad\/667943387_223839488_320x180.jpg"])
La cronología
En el caso de Rincón de León, el encargo del proyecto básico a Tragsatec se formalizó el 13 de junio de 2022 y la Generalitat remitió el Documento de Inicio a la Confederación Hidrográfica del Júcar el 9 de diciembre de ese mismo año, para que esta lo elevase al órgano ambiental estatal. El 28 de febrero de 2023 la CHJ envió ese documento al Ministerio; sin esperar al Documento de Alcance, la parte autonómica entregó ya el proyecto completo el 17 de julio de 2023, y lo actualizó el 23 de febrero de 2024 tras recibir el alcance y nueva información ambiental.
A partir de ahí se suceden los trámites de participación pública y respuesta a alegaciones, de nuevo dentro de los plazos que dependen de la Administración valenciana. El proyecto salió a información pública el 27 de marzo de 2024, la mayor parte de las alegaciones se recibieron el 1 de julio, y el 13 de septiembre la Generalitat registró las respuestas, completadas con información adicional el 4 de octubre.
El 21 de octubre de 2024 la Confederación del Segura -organismo estatal- solicitó la Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio, y es ya en 2025 cuando la CHS requiere subsanaciones y documentación cartográfica a la Generalitat, que se entregó el 6 de noviembre y el 2 de diciembre, cerrando así el expediente técnico que le compete.
Ese cierre se confirma cuando la propia Confederación remitió el 19 de diciembre de 2025 la contestación al requerimiento de subsanación al Ministerio para que este pudiera resolver la DIA y avanzar hacia la licitación de las obras en Rincón de León. Es en ese punto donde el procedimiento se atascó en las competencias del Gobierno central.
La situación de Monte Orgegia es similar, con un calendario de tramitación técnica que se ha ido cumpliendo desde la Generalitat a medida que la Administración General del Estado solicitaba documentos y subsanaciones, aunque el detalle de fechas es aún más complejo. En ambos casos el patrón es el mismo: el trabajo autonómico -redacción de proyectos, información pública, contestación de alegaciones y aportación de cartografía- se acompasó a los tiempos que marcaron la CHJ y la CHS, pero la decisión final sobre la DIA y la ejecución de las obras en las depuradoras sigue dependiendo del Ministerio.
El Consell actual insiste en que no puede acometer las conducciones y redes de distribución hasta que el Estado haga su parte en las EDAR, y que lo único que pide es que se cumpla el esquema acordado en origen, independientemente de quién ocupe ahora La Moncloa o el Palau.
Sobre el terreno, el bloqueo se traduce en una doble factura para Alicante. Por un lado, la bahía sigue recibiendo aguas depuradas que podrían reutilizarse, frenando la mejora ambiental que promete Vertido 0.
Por otro, los regantes ven alejarse la posibilidad de contar con una fuente estable de agua regenerada para sus cultivos, y se enfrentan a la perspectiva de tener que asumir parte del coste si se llega tarde a las nuevas ventanas de financiación europea. Sobre todo, cuando sigue cuestionándose la vigencia y las transferencias del trasvase Tajo-Segura.
