La Conselleria de Marián Cano doblega el clima de crispación en las ITV: de 1.640 quejas en 2024 a solo 496 en 2025

La consolidación del servicio público de ITV en la Comunidad Valenciana ha venido acompañada de una caída abrupta de la conflictividad y la crispación: en 2025 las quejas de los usuarios se redujeron un 69,76% respecto al año anterior (de 1.640 a 496), mientras que el conjunto de reclamaciones, quejas, sugerencias y agradecimientos bajó un 57,06% (de 2.038 a 875)

Estos datos oficiales a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL explican lo que la Conselleria de Industria atribuye a la reorganización del servicio, la mejora en la gestión de citas y el refuerzo de recursos desplegados durante el último año en las inspecciones de vehículos.​

Como ha venido informando este diario, la reversión de las ITV valencianas comenzó a fraguarse con el decreto de marzo de 2022 que creó la Sociedad Valenciana de ITV para recuperar un servicio que llevaba 25 años en manos de concesionarias privadas, y se consumó en febrero de 2023, bajo el Gobierno de Ximo Puig.

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Ese tránsito se hizo entre advertencias empresariales de “caos organizativo”, reducción de plantillas por la imposibilidad de consolidar contratos temporales y un colapso del sistema de citas que alargó los plazos de espera de 15 días a hasta dos o tres meses, dejando potencialmente a cientos de miles de vehículos en riesgo de circular fuera de la ley.

Hace poco más de un año, las reclamaciones formales habían bajado entonces un 17,5% en los diez primeros meses de 2025 respecto a 2024, pese al clima de críticas por demoras, falta de personal y desorganización heredadas de la reversión.

Hoy, con el cierre completo del ejercicio 2025 y el balance global de RQSA (Reclamaciones, Quejas, Sugerencias y Agradecimientos)de SITVAL, la caída definitiva de las quejas hasta 496 expedientes confirma y amplifica aquella tendencia, apuntalando el relato de la Conselleria de Industria de que el servicio ha logrado estabilizarse, aunque los problemas de fondo -desde la sobrecarga en algunas estaciones al malestar por la atención- no hayan desaparecido del todo.​

Según los datos de SITVAL, en 2025 se registraron 496 quejas, 349 reclamaciones, 6 sugerencias y 24 agradecimientos, hasta un total de 875 expresiones formales de los clientes. Un año antes, en 2024, las cifras prácticamente se duplicaban: 1.640 quejas, 347 reclamaciones, 9 sugerencias y 42 agradecimientos, sumando 2.038 RQSA; y en 2023 -primer ejercicio tras la reversión- el volumen total se situaba en 748, con 490 quejas y 253 reclamaciones.

La fotografía global revela así un pico muy anómalo de conflictividad en 2024 que ahora se corrige, hasta el punto de que el número de quejas vuelve a niveles similares a los de 2023, pero con un volumen de reclamaciones algo superior y estabilizado.

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El dato más llamativo es el desplome de las quejas puras, que pasan de 1.640 a 496 expedientes en un año, esa caída del 69,76% que la Conselleria interpreta como un cambio de percepción del usuario más que como una desaparición de los problemas.

Las reclamaciones, que implican un grado mayor de formalización y suelen requerir respuesta administrativa, apenas se mueven: suben de 347 a 349, un 0,58% más, una variación que el propio documento califica de “no significativa” y dentro de parámetros normales. También se reduce la participación “positiva”: los agradecimientos bajan de 42 a 24 y las sugerencias de 9 a 6, lo que sugiere que el uso de los canales formales de relación con el usuario se ha desinflado en general tras el año más tenso de la reversión.

Si se compara la serie 2023-2025, la curva dibuja una U en conflictividad: 748 RQSA en 2023, salto a 2.038 en 2024 y regreso a 875 en 2025. El ejercicio 2023 fue el año cero de la reversión, con un sistema en rodaje, pero aún con inercia de las antiguas concesionarias y un volumen de quejas (490) que hoy se revela muy parecido al actual, pese a que entonces ya se acumulaban protestas por la falta de inspectores y los primeros retrasos.

El pico de 2024 coincide con el momento de máximo colapso logístico y político, con demoras de hasta tres meses para conseguir cita y un goteo constante de críticas por la pérdida de personal indefinido y la imposibilidad de reponerlo con la agilidad del sector privado.

En este contexto, la mejora de indicadores de 2025 convive con otras sombras sobre SITVAL y la gestión pública del servicio: por un lado, la Generalitat ha tenido que recurrir a un despacho de detectives con un contrato de 140.000 euros para investigar el absentismo laboral en las estaciones, un fenómeno que duplica la media autonómica y que las patronales del transporte señalan como uno de los factores del “servicio más caro e ineficaz” tras la reversión.

Por otro, siguen abiertas las heridas de la propia transición, denunciadas por las empresas salientes y recogidas en su día por este diario, que alertaban del caos organizativo, de la rigidez para contratar nuevo personal y de un modelo de gestión pública que no había previsto el relevo de los temporales heredados.

La comparación con la foto de hace un año permite reforzar esa idea de “normalización”: entonces, con datos parciales, el descenso del 17,5% en las reclamaciones se interpretaba como un primer síntoma de que el usuario empezaba a asumir el nuevo sistema pese a las colas y los fallos en la organización.

Hoy, con el desplome del 69,76% en las quejas y un recorte del 57,06% en el total de RQSA, Industria puede presentar un panorama más sólido de mejora operativa, apoyado en medidas de refuerzo de personal, ajustes en la gestión de citas y un mayor control de los comportamientos internos. La incógnita, de cara a los próximos ejercicios, es si esta caída de la conflictividad formal se traducirá también en una reducción real de esperas y en una percepción social claramente más favorable al modelo público, o si responde en parte a una cierta fatiga del usuario a la hora de convertir su malestar en un expediente.