El segundo Gobierno del Botánico ha afrontado este jueves el sexto cambio de consellerias en lo que va de legislatura con la fulminante destitución de la titular de Agricultura, Mireia Mollà. La crisis deja entrever una legislatura mucho más inestable que la anterior, en la que apenas hubo un cambio (Carmen Montón) en cuatro años.

Las luchas intestinas de Compromís, sus tensas relaciones con el PSOE y la incertidumbre sobre el papel que tendrá Podemos tras las próximas elecciones autonómicas complican el sudoku de Ximo Puig para volver a ser presidente. Pero hay otro detalle importante dentro del mapa electoral: el nuevo equilibrio de poder territorial y sus implicaciones a corto plazo, con Alicante arrinconada en el reparto estatal de inversiones y menos peso dentro de la toma de decisiones en Valencia.

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Cuantitativamente, podría decirse que la provincia ha perdido algo de peso respecto a 2019. Con la salida de Mollà hay un conseller menos del sur de la Comunidad Valenciana que al inicio de la legislatura. Por el camino se ha perdido a Ana Barceló, que pasó a ser síndica del PSPV en las Cortes y ahora ha sido elegida candidata a la Alcaldía de Alicante; a Carolina Pascual, responsable de la cartera de Innovación y Universidades; y a la propia Mollà.

Por contra, solo han entrado dos: la líder de Compromís, Aitana Mas, en sustitución de Mónica Oltra, y la profesora de la Universidad de Alicante Josefina Bueno para suplir a Pascual. El único miembro alicantino del Consell que ha permanecido invariable en todo este tiempo es Rafa Climent, responsable de Economía. 

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Más allá de los números, la cuestión es si ha habido una mirada particular en la gestión autonómica hacia la provincia. Porque una de las apuestas de Ximo Puig en 2019 fue sin duda vender una descentralización del poder valenciano con un importante gesto simbólico: el gabinete de Innovación estaría físicamente en Alicante. En la práctica, el anuncio se quedó en una mera declaración de intenciones que se limitó a ubicar un despacho en la capital de provincia, mientras las decisiones y el grueso del personal se mantenía en Valencia.

No solo eso: en los repartos de los fondos para innovación de las universidades, el sur de la Comunidad Valenciana ha salido perdiendo sistemáticamente, en un gesto que ha levantado ampollas entre el mundo académico. La alicantinización de esa parte del Ejecutivo ha fracasado precisamente por ser un gesto vacío de contenido y sin recorrido. 

El problema añadido del Gobierno

Ante esta situación, la Generalitat ha optado por dos vías de actuación. La primera, realizar apuestas muy espectaculares para conseguir rédito en poco tiempo. Es el caso del rescate de Ciudad de la Luz, o los anuncios del Benidorm Fest y la instalación (aún sin materializar) de Euronews en Alicante; también la candidatura de la capital para acoger la sede española de la Inteligencia Artificial y la apuesta por Benidorm para acoger la plataforma de inteligencia turística de España. 

La segunda, abrir nuevos organismos, de peso prácticamente simbólico, pero que cuentan con la ventaja de no tener que arrastrar personal que se encuentra ubicado a 150 kilómetros. Así, se ha abierto el Elche la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo de adscripción voluntario que se encarga de velar por la ordenación de la Comunidad. 

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El problema que tiene Puig es que, por mucho anuncio que haga, la sensación de abandono no ha hecho más que acrecentarse copn el paso del tiempo, muy especialmente cuando la provincia mira hacia Madrid. Alicante lleva años siendo la última provincia de España en inversión per cápita, algo que se ha repetido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 con la menor inversión de la historia (menos de 86 euros por habitante).

La directriz ha sido vender que esa infrafinanciación se compensaría con fondos europeos, una estrategia que ya intentó el año pasado y que no funcionó porque los empresarios recuerdan que no se trata de un problema puntual, sino estructural. Alicante tiene una doble infrafinanciación, arrastra un déficit de infraestructuras de más de 3.500 millones en los últimos tres lustros (según los cáloculos de Ineca) y no se va a rreglar con un ligero desequilibrio en el reparto puntual de unas inversiones.

En este sentido, la pérdida de visibilidad de la provincia en el nuevo Consell refuerza la idea de que el discurso de que "Alicante es importante" es, de nuevo, una cuestión estética o un lema electoral más que una apuesta decidida por cambiar la forma que tiene el poder valenciano de relacionarse con su sur. Aunque les vaya la vida en ello.