¿Queda algo a salvo de la igualdad de género?

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en el acto 'Feminismo para cambiarlo todo'. EFE

Con su legitimación constitucional, comenzó el procés particular de la industria de la igualdad. Una movilización sin precedentes que implica a la totalidad del Estado, medios de comunicación, organismos, entidades, cargos, empleados públicos y ciudadanos de manera tan intensa que se difumina el deber de neutralidad. Ya condiciona hasta la gobernabilidad del país.

A estas normativas le sucedieron infinidad de programas financiados con dinero que, seguramente, estaría mejor empleado en sectores productivos o en el bolsillo de los contribuyentes. Algunos de estos programas están relacionados con la formación en igualdad de género en el ámbito público, incluidos los jueces, y privado. No habíamos visto antes una instrucción similar en la ideología del Gobierno, y cada vez más en la de cualquier alternativa al mismo. Pocos se atreven a cuestionarla. Mucho menos a denunciarla.

Avanza la propaganda y el adoctrinamiento, y aparecen los comisarios de género, que promueven un cerco inquisitorial. Primero, identificando malas prácticas y herejes. Después, creando otros con los que mantener la industria, que siempre quedará justificada por desgracias familiares o personales que todos censuramos y lamentamos.

En la nueva ley de ciencia, por ejemplo, se introduce la obligación de incorporar personal experto en igualdad de género en los equipos de investigación. También de fomentar (se dice "fomentar" cuando en realidad se quiere obligar) su presencia en los órganos de evaluación. Los proyectos empresariales basados en el conocimiento deberán estar igualmente determinados por la igualdad de género. Incluso se proyecta la financiación de proyectos en favor de mujeres por el hecho de ser mujeres.

"El presupuesto público y el entramado mediático contribuyen a una especie de lobotomía generalizada por razón de género"

Este mejunje normativo no hará salir a nuestro país del lugar técnico-científico en el que se encuentra. Se unirá, eso sí, al BOE y a la propaganda política y discursiva mientras se siguen desarrollando, en todos los ámbitos, múltiples instrumentos y programas de discriminación positiva en favor de las mujeres por ser mujeres.

A los criterios y baremos favorables para acceder a plazas y contratos públicos de todo tipo se añaden los florecientes códigos éticos y de conducta, tanto en el ámbito universitario como fuera de él. Se instala el deber de usar y acomodarse al manual de género y al lenguaje inclusivo, y se insinúa que habrá apercibimiento e incluso sanción si se contradicen o no se respetan los dictados de este catecismo.

El presupuesto público y el entramado mediático contribuyen al auge de la industria y a una especie de lobotomía generalizada por razón de género que nos lleva hasta escribir y hablar de forma extraña. Algo que explica que estos días se anuncie también la eliminación de toda una serie de teóricas medidas discriminatorias, como los requisitos de altura parar formar parte de la Policía Nacional, o que se plantee "feminizar" sectores como el pesquero.

Pero la cosa no acaba aquí. Ya se empieza a proyectar la obligación de las empresas a publicar el salario de sus trabajadores para que los comisarios de género puedan detectar "brechas". Poco o nada importará la formación, las tareas, las circunstancias laborales o el trabajo efectivamente realizado. Se trata de mermar la libertad de empresa y someter la autoorganización empresarial a las visiones de los corsarios de género.

"Una férrea militancia y un desaforado activismo promueven la desigualdad y carcomen la convivencia"

Y luego están los efectos multiplicadores de los constantes festejos, reconocimientos y actos de visibilización del género que, según se dice, afirma y predica, ha sido ocultado sistemáticamente a lo largo de la historia. La expansión se consolida con unos estímulos potentísimos desde la Administración que impiden la crítica. Y derivan en una férrea militancia y un desaforado activismo que promueve la desigualdad y carcome la convivencia.

Hace un mes, el exconsejero catalán Santi Vila sostuvo que en Cataluña la gente se hacía procesista para ganarse la vida. Se creó esa industria y ahí sigue, con resultados por todos conocidos. A escala nacional, el sector más pujante es el de la ideología de género. Como sucede con las bases y fundamentos del separatismo o procesismo catalán, los de la religión de la igualdad también son falsos.

Pero sucede que toda la res pública, la totalidad de las instituciones y organismos públicos, está implicada en ella. Con mayor o menor intensidad, con mayor o menor capacidad, no hay institución, organismo o ente financiado con presupuesto público que no haya asumido la religión de la igualdad de género. Tampoco que no participe, de un modo u otro, en este cerco que beneficia a unos, al tiempo que los hace cautivos, y que terminará por perjudicar a todos.

*** Juan José Gutiérrez Alonso es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.