El Gobierno intensificó ayer miércoles sus ataques contra las multinacionales españolas poniendo a las eléctricas en la diana de sus disparatadas sospechas.

El encarnizamiento de su caza de brujas se produce coincidiendo con el anuncio de Iberdrola de su beneficio neto de los tres primeros trimestres del año. Este ha superado los 3.000 millones de euros, un crecimiento del 29% respecto al ejercicio anterior.

Esta clase de datos positivos armaría de razones a cualquier gobierno internacional para facilitar a la energética el refuerzo de su negocio. Pero, como informa EL ESPAÑOL, la realidad es muy distinta en España, donde el Gobierno ha utilizado esa noticia para extender la sospecha sobre todas las energéticas y justificar los nuevos impuestos.

Salta a la vista que la estrategia socialista incorpora más argumentos ideológicos que técnicos. La coalición de PSOE y Unidas Podemos pretende que el impuesto a estas empresas no sólo se centre en su negocio en conjunto (aunque incluya sectores ajenos como el bursátil), sino también en sus ingresos en lugar de en sus beneficios.

Y eso es exactamente lo contrario de lo que pide Bruselas: que este tipo de impuestos grave los beneficios, no los ingresos antes de descontar los costes. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido ya de que "defenderá los intereses de los accionistas y acudirá a los tribunales" si se aprueba la nueva tasa.

Es lo razonable teniendo en cuenta que Iberdrola paga 3.800 millones de euros al año en impuestos en España, casi el doble de lo que el Gobierno pretende recaudar con el gravamen a las energéticas (2.000 millones) y 2,5 veces lo que prevé recaudar con el impuesto a la banca (1.500 millones). 

Es decir, Iberdrola paga más de diez millones de euros al día en impuestos.

¿Qué gobierno responsable arremetería contra sus campeones nacionales, contra Iberdrola, Naturgy, Zara, MAPFRE o Santander, las empresas que están sosteniendo la economía española, los salarios y el empleo, para satisfacer las disparatadas exigencias de esa extrema izquierda que llama a "decrecer" y a "acabar con el capitalismo"? 

Sánchez, que este miércoles estuvo en Kenia reunido con el nuevo presidente del país, William Ruto, debe plantearse una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que le da hoy valor a España? ¿De dónde nace su prestigio internacional? ¿Quiénes representan nuestros intereses en el exterior? ¿Quiénes llaman a los inversores, captan talento y representan la marca España? ¿Los sindicatos? ¿Unidas Podemos? ¿Los separatistas? 

¿O son sus multinacionales? 

Pero parece evidente que el Gobierno de coalición no dará marcha atrás en su acoso a las grandes compañías del país y a unos grandes empresarios que el presidente ha llegado a caricaturizar como "señores con puros". Las acciones del Ejecutivo delatan que, a las puertas de un año electoral determinante, pretende seguir la burda estrategia populista de criminalizar la riqueza y arremeter contra las élites económicas.

El Gobierno pretende vender como inaceptable que una eléctrica española aumente sus beneficios cuando sus compatriotas están sufriendo una inflación desorbitada por los altos precios de la energía. Lo que ignora el Ejecutivo, probablemente a conciencia, no es sólo que estas empresas no operan exclusivamente en España, sino que en muchos casos tienen la mayor parte de su negocio en el extranjero.

La verdad suele encontrarse en los datos y, entre las cifras que ofreció Iberdrola ayer, está su resultado bruto de explotación. Este aumentó un 17% hasta los 9.529 millones de euros. Pero la clave es que este se debió a "una evolución positiva en todas las geografías a excepción, de nuevo, de España". Iberdrola obtiene más beneficios en Brasil que en España, que supone sólo el 30% de sus ingresos. 

La estrategia gubernamental es irresponsable, contraproducente e injusta. Porque a nadie en el sector se le escapa que a empresas como Iberdrola les iría mucho mejor teniendo la sede en ciertas capitales de Estados Unidos antes que en nuestro país.

Y con las políticas de este Gobierno, las presiones que invitan a estas sociedades a marcharse, presiones que se han intensificado durante los últimos días, se comprenden mucho mejor. ¿Cuál es entonces el plan del Gobierno? ¿Depauperar España, provocar la huida de sus grandes empresas y esperar a que multinacionales extranjeras se hagan con el mercado español a precio de saldo, como ocurrió con Endesa?

Pero el problema, en realidad, es mucho más profundo. Moncloa está trasladando el discurso de que castigará a las eléctricas que consigan beneficios en otros países. De esta manera, no sólo mengua la influencia de España más allá de sus fronteras, sino que ahuyenta las inversiones y disuade a las eléctricas de diversificar sus negocios. 

No hay argumentos racionales que sostengan este acoso al sector privado. Una cosa es que se sancione o se persiga el fraude. Otra muy distinta que se ponga en la picota a las multinacionales por sistema y que se insinúe una relación directa entre los beneficios obtenidos y la crisis que sufren los ciudadanos españoles.

Como informa hoy EL ESPAÑOL, el Gobierno se dispone además a investigar la posibilidad de que algunas eléctricas estén "trasladando" contablemente los beneficios obtenidos en España a otros países para simular que han sido generados allí. 

Dejando de lado que una investigación de ese tenor, sin mayores pruebas que la mera sospecha, sería una causa prospectiva prohibida por la ley, está la obviedad de que es imposible contabilizar en el exterior una operación interior. Más cuando las cuentas de las compañías están registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y auditadas convenientemente.

Pensar que a alguien se le podría ocurrir cometer un delito de ese calibre, que acarrearía consecuencias penosísimas para sus responsables, es absurdo.

La estrategia de Moncloa responde a una mentalidad muy perversa. Quizá reporte beneficios electorales a sus instigadores excitando los peores sentimientos de rencor social de algunas capas muy radicalizadas y desinformadas de la población.

Pero, desde luego, genera un daño enorme en los ciudadanos, en las empresas y en la economía española. El Gobierno se está deslizando por una pendiente muy resbaladiza y lo que espera al final de esta no es, desde luego, un país funcional.