El PSOE no quiere dejar cabos sueltos en los cargos estratégicos del Estado a las puertas de un año electoral clave para Pedro Sánchez. No se explica de otra manera que Moncloa haya forzado la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE, apenas dieciocho meses después de acordarlo con el PP, y que lo sustituya una directiva afín como Elena Sánchez.

Llama la atención el error no forzado cometido por los socialistas. En cuestión de meses pasaron de aceptar la candidatura y las convicciones de Pérez Tornero a comprenderlas inaceptables. Pero el análisis no acaba aquí. Porque el relevo escogido es revelador y el mecanismo para sustituirlo, alarmante.

Como informamos en EL ESPAÑOL, después de presionar a los representantes más cercanos del Consejo de Administración de RTVE, PSOE y Unidas Podemos han recurrido a una estratagema de dudosa ética, democráticamente regresiva, para tomar el control absoluto del principal aparato de comunicación del Estado, donde debe regir el principio de neutralidad e interés público.

El Gobierno de coalición ha empleado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista único de RTVE, para abordar un cambio de los estatutos que es clave. Concede el mismo poder al presidente interino, elegido a dedo, que al escogido por el Congreso de los Diputados. De esta manera, el Gobierno aumenta sus herramientas de presión e influencia sobre el presidente de la Corporación para limitar cualquier acción que reme a la contra de los intereses de Moncloa, y potenciar cualquiera que los favorezca.

La noticia no es insólita. Salta a la vista el historial de intervenciones gubernamentales sobre instituciones esenciales para la democracia española, como el CNI o el CIS. Pero que apenas cause sorpresa no le quita un gramo de gravedad.

Lo que hace el Gobierno a través de la SEPI no es un cambio insignificante, sino estatutario, y pone a RTVE a la altura del Hipódromo de la Zarzuela. Con la diferencia de que las modificaciones estructurales del Hipódromo, a diferencia de RTVE, no afectan a los derechos esenciales de los españoles.

El método aplicado no anda escaso de motivos para la inquietud. Contradice la palabra del propio Sánchez, que prometió una RTVE "de los españoles y no de ningún partido". También sabotea el acuerdo sellado en 2021 con el PP, cuando los consensos no abundan. Y, sobre todo, aparta al Congreso de la elección del presidente corporativo y de la delimitación de las funciones del interino en caso de salida del titular.

El plan del PSOE, a punto de iniciar un nuevo ciclo de elecciones autonómicas y generales, es transparente. El equipo de Pedro Sánchez quiere emplear todos los mecanismos y recursos públicos a su alcance para revertir las señales cada vez más luminosas que aventuran el fin de su etapa en la Moncloa.

Las huellas en el camino le delatan. Lo demuestra con los sondeos a medida del CIS, que ofrecen resultados sospechosamente amables e inverosímiles. Con unos Presupuestos Generales menos pensados para el futuro del país que para el futuro de los candidatos de la coalición.

Y con unas modificaciones en RTVE que amenazan con convertir la radiotelevisión de todos los españoles en un poderoso aparato de propaganda. Es decir, en una lanzadera electoral cuando el Gobierno pasa por horas bajas.