Operación Lava Jato

La Fiscalía denuncia a Lula da Silva por un caso como el del ático de González

Lo acusa de ser el verdadero propietario de un tríplex de lujo en la playa registrado a nombre de una empresa implicada en el caso Petrobras.

Lula no pudo contener las lágrimas el día que lo llevaron a declarar por presunta corrupción.

Lula no pudo contener las lágrimas el día que lo llevaron a declarar por presunta corrupción.

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La situación del expresidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva se complica con la denuncia presentada el miércoles por la fiscalía de Sao Paulo por lavado de dinero, falsificación de documentos y ocultación de patrimonio, en concreto de un piso de lujo en la costa de Guarujá, en un caso que recuerda al del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en Estepona. Según la denuncia, el expresidente y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, ocultaron ser los verdaderos dueños de un tríplex que figura a nombre de la constructora OAS, una de las implicadas en el caso Petrobras.

De hecho, aunque los procesos son diferentes, el inmueble es objeto de las sospechas que llevaron a la fiscalía de Paraná, encargada de la investigación de esa trama corrupta, a interrogar a Lula da Silva el pasado viernes. Su defensa ya ha negado los cargos de la denuncia de la fiscalía de Sao Paulo mediante un comunicado, insistiendo en que no cometió ilegalidad alguna porque no es propietario del inmueble. Pero los investigadores dicen tener pruebas suficientes de que él es el verdadero dueño del piso de la discordia.

El triplex 164-A del Condominio Solaris, en la playa de Guarujá, Sao Paulo, se ha hecho famoso en Brasil. Inicialmente proyectado por una cooperativa llamada Bancoop, la obra cambió de manos cuando ésta quebró. Se hizo cargo del complejo la constructora OAS, una de las principales investigadas por distribuir dinero a políticos a cambio de contratos millonarios en Petrobras.

Las sospechas de los fiscales apuntan a que OAS reservó un tríplex en los últimos pisos del edificio y que además hizo una reforma al gusto de la familia de Lula da Silva, por valor de 800.000 reales (unos 200.000 euros). Varios medios brasileños han divulgado fotografías de Lula visitando las obras en compañía del expresidente de la empresa y han dado detalles de las comodidades preparadas para el disfrute de la familia de Lula, que sin embargo nunca llegó.

Con el caso Petrobras en marcha, el exmandatario dijo que solo había tenido una opción de compra, pero que nunca la llegó a ejercer. La investigación rastreó entonces sus cuentas, donde aparecieron pagos millonarios de varias constructoras por dar conferencias, a través de su empresa LILS, y también otras donaciones al Instituto Lula. Esas transacciones terminaron siendo el objeto del interrogatorio del pasado viernes, para determinar si esos pagos son una contrapartida basada en algún delito de corrupción durante el mandato presidencial de Lula.

Pero solo cinco días después de lo que Lula llamó “show mediático” la fiscalía de Sao Paulo ha formalizado la primera denuncia en firme contra él. El abogado de Lula, Cristiano Zanin, ha dicho que esperaban la denuncia y que esperan que la justicia declare nula la acusación: “Realmente el fiscal ya lo informó a la revista Veja el 22 de enero. La denuncia es fruto de una actuación claramente parcial”.  

La acusación, firmada por tres fiscales, consta de 192 páginas en las que se detalla con pruebas que Lula intentó ocultar la propiedad del tríplex. Junto al expresidente también fueron denunciados su esposa, uno de los hijos y varios exdirigentes de OAS. Al mismo tiempo, el expresidente es investigado también por otro inmueble, una finca en Atibaia, las montañas de Sao Paulo, que tampoco está a nombre de Lula pese a que él mismo ha reconocido que pasa muchos fines de semana en ella, y que la Fiscalía de Paraná también cree que está relacionado con los casos de corrupción en Petrobras. El tríplex y la finca forman el cuerpo de la acusación que el Ministerio Público dio a conocer tras el interrogatorio del viernes: “Hay elementos de prueba de que Lula conocía el esquema delictivio en Petrobras y también de que recibió, directa o indirectamente, ventajas indebidas derivadas de esa estructura”.

La denuncia de la Fiscalía de Sao Paulo –que investiga irregularidades en la construcción y venta de pisos en el condominio Solaris tras la quiebra de la cooperativa y su venta a OAS- llegó el mismo día en que Lula da Silva se había reunido con el presidente del Senado y un grupo de parlamentarios  oficialistas para mantener un mensaje de unión ante los embates de la justicia contra él. El diario Folha de Sao Paulo aventuró el miércoles, incluso, que la presidenta del país y delfín de Lula, Dilma Rousseff, presionada por el partido, le ofreció a su predecesor hacerse cargo de un ministerio. La condición de ministro aforado evitaría que fuese enviado a prisión si se recrudece el panorama, pero, según el diario, Lula se ha mostrado reacio a la oferta.

La tensión crece en Brasil con las nuevas acusaciones al exmandatario a unos días del domingo 13, en que se esperan grandes manifestaciones contra la corrupción. El ambiente de descontento ha llevado al Gobierno de Rousseff a pedir “tolerancia” a los brasileños por el temor a  que se repitan enfrentamientos como las del viernes frente a la casa de Lula y la comisaría donde era interrogado.