LEY ELECTORAL

Un sistema proporcional habría dejado al independentismo sin mayoría absoluta

Cataluña sigue sin ley electoral. Así quedaría el resultado del 27-S.

El president Artur Mas convocó las últimas elecciones el día 3 de agosto. En la disposición que publicó el Diari Oficial invocaba "la disposición transitoria cuarta del Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979". El texto jurídico que regula la conversión de votos en escaños en las elecciones catalanas en 2015 es aún de la transición.

La aprobación de una ley electoral que derogue esa disposición necesita el voto de dos tercios del Parlament, 90 diputados. Nunca ha habido el consenso suficiente. Los diputados más necesarios -los del partido tradicionalmente mayoritario en Cataluña, Convergència- nunca lo han visto claro.

El Estatut d’Autonomia vigente dice que el sistema electoral “debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña”. Cataluña es, según la demografía, lo que se conoce como una macrocefalia: está dominada por Barcelona y su área metropolitana, donde viven el 75 por ciento de los catalanes.

El sistema electoral actual cumple una parte de ese mandato del Estatut: “Asegura la representación de todas las zonas del territorio”. La pregunta es si es la “adecuada”. En 2015, un escaño en Lleida costó 13.816 votos y en Barcelona, 34.658. Son los dos extremos: un voto en Lleida vale 2,5 veces más que en Barcelona. Los escaños en Girona y Tarragona costaron cerca de 22 mil votos.

Los partidos nacionalistas suelen tener mejores resultados fuera de Barcelona. De ahí que Convergència esté cómoda con este sistema. Los partidos de izquierdas o nacionales preferirían ir hacia un sistema más proporcional: en el que el voto de cualquier persona valga lo mismo -o casi- en todo el territorio, incluida Barcelona. Esto tendría una desventaja: la atención durante la legislatura a zonas menos pobladas podría ser menor porque luego el castigo electoral sería imperceptible. Y en general las regiones menos pobladas tendrán menos poder en conflictos territoriales.

Durante el tripartito, el Parlament creó una comisión de expertos apadrinados por los distintos partidos para preparar una nueva Ley electoral. En 2007 publicaron su informe. Hemos contactado con cuatro de los seis miembros de aquella comisión. Sólo ha accedido a hablar uno, Josep Maria Reniu. Agustí Bosch y Jaume Magre han preferido no comentar nada. Joan Botella estaba ocupado. Proponían un sistema basado en veguerías, las divisiones geográficas catalanas de origen medieval. Las veguerías son siete en lugar de las cuatro provincias actuales.

El modelo mejora la relación entre el número de habitantes de una región y el número de diputados que tienen asociados. Lo hace asignando más escaños a las veguerías de Barcelona, aunque conserva cierto sobrepeso al resto de regiones, menos pobladas, para asegurar esa “representación adecuada” del territorio. Ese sobrepeso es particularmente fuerte en dos veguerías: Aran y tierras del Ebro.

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Sin embargo, con los resultados de 2015 este modelo alternativo no mejora la proporcionalidad, es decir la relación entre los votos a un partido y los escaños que obtiene. Lo que hace es introducir un sesgo mayoritario que beneficia a los partidos más votados, especialmente de las regiones menos pobladas.

Un miembro de esa comisión, Josep Maria Reniu, dice que es inútil valorar un sistema electoral nuevo “con la calculadora en la mano”, porque el comportamiento del votante sería distinto.

A continuación hemos tomado los resultados de las elecciones del 27 de septiembre y hemos asignado los escaños con tres repartos alternativos: las veguerías, un reparto por provincias pero más proporcional que el actual y un distrito único. Las veguerías, según Reniu, son “el mejor sistema teórico para una realidad política concreta”. Pero quienes prefieran un sistema más proporcional no lo verán tan claro.

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La segunda alternativa es parecida a la propuesta que hizo el PSC en el último debate para reformar la ley en mayo de 2015: usar las mismas provincias pero asignando a cada una un número de escaños proporcional a su población. Ahora mismo Barcelona tiene 85 escaños pero con esta alternativa le asignaría 101.

La tercera propuesta es la proporción pura: un voto vale lo mismo en cualquier rincón del territorio. Madrid o La Rioja tienen sistemas de circunscripción única. En esta simulación hemos eliminado también la barrera del 3% de votos para entrar. Sin esa barrera además de Unió, habría entrado en el Parlament el partido animalista PACMA.

El distrito único evidencia el dilema entre personas y territorios. Da todo el peso a las personas —y por eso es proporcional— y ninguno a los territorios. Pero si queremos que un sistema electoral represente también la singularidad de cada región, pero las regiones no están igualmente pobladas, la única forma de hacerlo es restar proporcionalidad al reparto. Es decir, los votos de algunas personas contarán menos, para que los votos de los otras regiones valgan más.

La tabla siguiente muestra la desproporción entre los votos que recibe un partido y el número de diputados que habría obtenido con cada propuesta de reparto. De nuevo es una simulación con los votos de las elecciones del domingo pasado.

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Con el sistema actual los partidos más votados tienen una ligera sobrerrepresentación: JxSí ha obtenido el 39,5% de los votos y con eso logra el 46% de los diputados. El efecto no es demasiado acusado. El reparto de veguerías exagera ese efecto: JxSí hubiese logrado un 48% de los diputados con los mismos votos. Ocurre así porque dos veguerías son muy pequeñas —Arán reparte sólo tres escaños y Tierras del Ebro sólo cinco—, lo que provoca a menudo un efecto “el ganador se lo lleva todo”. Con los votos de 2015 hubiese sido exactamente así y JxSí hubiese logrado los ocho diputados de esas dos regiones. Como era previsible, la segunda alternativa mejora la proporcionalidad. Lo mismo que el reparto por distrito único, que ajusta las proporciones de votos a las de escaños. En detrimento, recordémoslo, de las singularidades territoriales.

Una ley basada en el informe de aquella comisión no solo cambiaría el reparto de escaños, también proponía otros cambios, como que los votantes pudiesen reordenar los miembros de una lista –con el sistema de listas cerradas pero no bloqueadas.

Es un debate con una solución compleja. Convergència tiene pocos incentivos para variar una ley que le beneficia y está basada en el sistema que rige el resto de España. En general, un partido en el poder tiene poco incentivos a cambiar las reglas, si esas reglas son precisamente las que le llevaron al poder. Por eso es más fácil que una ley electoral se reforma cuando un partido pequeño lo pone como condición para entrar en una coalición de gobierno.