La demanda fue respaldada por 21 estados demócratas y el Distrito de Columbia.
Malas noticias para Trump: Jueza bloquea recorte de servicios sociales para inmigrantes sin estatus legal
La medida buscaba restringir el acceso a clínicas de salud, educación para adultos, entre otros servicios, a personas con un estatus migratorio irregular.
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Un nuevo revés judicial ha golpeado a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, luego de que una jueza del Tribunal de Distrito de EEUU en Rhode Island detuvo temporalmente la implementación de cambios que buscaban limitar el acceso de inmigrantes sin estatus legal a programas sociales federales.
El fallo que frena los recortes
De acuerdo con Reuters, el pasado 10 de septiembre de 2025, la jueza Mary McElroy emitió una orden preliminar que bloquea la nueva interpretación de la administración Trump sobre la ley de 1996 conocida como PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act).
El gobierno buscaba restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a programas como Head Start (educación preescolar), clínicas de salud comunitaria y educación para adultos. Según el fallo, los cambios carecieron del debido proceso de elaboración de reglas (rulemaking) y habrían causado daños inmediatos a miles de familias.
La jueza señaló que el gobierno intentó modificar políticas de larga data “de manera arbitraria” y sin aviso público. En consecuencia, determinó que los estados demandantes demostraron un riesgo real de perjuicio si la política entraba en vigor.
La orden preliminar suspende la medida mientras continúa el litigio, dejando en pie el acceso de los inmigrantes a los programas señalados.
Estados y actores involucrados
La demanda fue presentada por 21 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia, que argumentaron que la política violaba procedimientos legales y ponía en riesgo la estabilidad de familias y comunidades.
Rhode Island fue la sede del proceso, pero el alcance del fallo abarca a las jurisdicciones demandantes, incluyendo California, Nueva York, Massachusetts e Illinois, entre otras.
El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes. Voceros de las clínicas comunitarias advirtieron que miles de pacientes perderían acceso a atención médica básica, mientras que líderes educativos alertaron sobre el impacto en programas preescolares como Head Start. Para los demandantes, el bloqueo representa una victoria clave en la protección de servicios esenciales para comunidades vulnerables.
Lo que está en juego
El intento de Trump de recortar beneficios se enmarca en una estrategia más amplia de restringir apoyos sociales a quienes no tienen estatus legal. De haberse aplicado, la medida habría limitado servicios federales usados por decenas de miles de familias en todo el país. La orden preliminar no resuelve el fondo del caso, pero envía una señal de que la reinterpretación de la ley de 1996 podría no resistir el escrutinio judicial.
El fallo de Rhode Island evidencia las tensiones en torno a la política migratoria en EE.UU. y anticipa una batalla legal prolongada. Por ahora, los inmigrantes sin estatus legal podrán seguir accediendo a programas como Head Start y clínicas comunitarias, en tanto la justicia decide si la propuesta de la administración Trump viola la ley federal.
