Última hora política, en directo | Ábalos pide el voto telemático desde la cárcel para el Pleno de este jueves casi a la vez que el Supremo confirma su procesamiento

Francisca Muñoz, la mujer del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no acudirá a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' por prescripción médica, mientras que el PP sugiere que su ausencia se podría deber a las "presiones del sanchismo".

La comparecencia de Muñoz estaba prevista para el próximo lunes 15 de diciembre, pero por el momento ha quedado suspendida al haber presentado un parte médico ante los servicios de la Cámara Alta, según informan fuentes parlamentarias populares.

"El PP desea su pronta recuperación y espera que su estado no se deba a las presiones del sanchismo", añaden las mismas fuentes, recordando que, hasta el momento, las únicas citaciones suspendidas por este motivo han sido las de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y la del empresario Juan Carlos Barrabés.

"Los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra", agregan.

El presidente de la Diputación de Lugo y secretario general de los socialistas en la provincia, José Tomé, ha convocado una comparecencia ante los medios a las 17:00 horas en Monforte de Lemos, municipio del que es alcalde.

El presidente provincial había comparecido ante la prensa en la mañana de este miércoles en la localidad, donde tachó de "falsas" las denuncias, que aseguró desconocer, y anunció medidas legales para defender su "honor".

Además, descartó dimitir al asegurar que "seguirá trabajando" por el municipio y por la provincia.

El grupo provincial del BNG, que gobierna en coalición con el PSOE en la Diputación de Lugo, ha emitido un comunicado en el que expresa su posición firme frente a las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre el presidente de la entidad, José Tomé.

Así, por medio del vicepresidente de la entidad, Efrén Castro, la formación nacionalista exige al PSdeG que actúe de manera inmediata, apartando a José Tomé de sus responsabilidades políticas y llevando a cabo una investigación exhaustiva de las denuncias formuladas. De lo contrario, advierten, romperán el pacto de gobierno.

Los nacionalistas recuerdan que mantienen una política de "tolerancia cero frente a la violencia machista en todos los ámbitos" e insisten en que actuarán con firmeza, "asumiendo las consecuencias que sean necesarias". En este sentido, advierten de que, si no se produce la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, el BNG abandonará el gobierno provincial.

José Luis Ábalos, todavía diputado del Grupo Mixto, ha enviado un escrito al Congreso en el que pide hacer uso del voto telemático en el Pleno de este jueves al encontrarse en prisión. Mañana se votará, entre otras cuestiones, el techo de gasto.

Ábalos alega que aún sigue siendo diputado y que mantiene todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas.

La Mesa se reunirá en cuanto llegue el escrito oficial del Supremo que aboca a Ábalos al banquillo, dando vía libre al Congreso para suspenderle y dejarle sin sueldo de diputado.

Respecto a lo comunicado por Ábalos, los letrados del Congreso también dirán qué procede hacer.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha acordado absolver al comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y Caixabank con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescritos los delitos por los que había sido condenado a 8 años de cárcel.

Los magistrados estiman los recursos de Villarejo y de su socio Rafael Redondo, que fue condenado a 6 años de cárcel, contra la sentencia de la Sección Cuarta de la propia AN del pasado mayo que condenó a ambos por el 'proyecto Wine' del 'caso Tándem'.

Los magistrados, ademán, rechazan un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía, entre otras cuestiones, que Villarejo y Redondo fueran condenados por el delito de cohecho.

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este miércoles que, tanto el PSOE como Pedro Sánchez han intentado proteger al exalto cargo de Moncloa acusado por acoso sexual, Francisco Salazar, "hasta que ha salido el escándalo mediático".

Así ha contestado en Cuatro al ser preguntada si creía que el exasesor había sido protegido por el presidente del Gobierno frente a las denuncias internas que depositaron en el PSOE el pasado mes de junio las trabajadoras de Moncloa y presuntas víctimas.

Irene Montero ha respondido: "Yo creo que lo que está demostrando con este caso es que sí, han intentado protegerle hasta que ha salido el escándalo mediático y han intentado no aplicar el protocolo". "Y es que el feminismo molesta a Pedro Sánchez", ha proseguido explicando para recordar que el propio presidente del Gobierno lo había admitido.

En este sentido, la también eurodiputada ha agregado que "el problema" que tiene España es que "la mayoría de los agresores agreden" sin recibir sanciones mínimas por parte de su entorno. "Hasta en entornos de poder", ha exclamado al tiempo que ha recordado que esta conducta se da también en algunos organismos.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido a su partido que aclare qué tipo de apoyo, de respaldo "directo o indirecto ha tenido" Paco Salazar desde que fue apartado en el mes de julio, cuando se filtró la noticia de que había tenido comportamientos inadecuados hacia mujeres a su cargo en el entorno de trabajo.

En una entrevista en La Sexta, ha recordado que "hace ya meses que Salazar iba a ser secretario de Organización y cayó por una filtración", y desde el momento en que fue apartado del partido "¿de qué ha vivido?, ¿quién le ha contratado?, ¿directa o indirectamente quién le ha apoyado?", se ha preguntado.

Ante estas dudas, García-Page quiere quedarse con "la tranquilidad de que no se le ha hecho ningún tipo de ofrecimiento, ni ha tenido ningún tipo de contrato en administraciones gobernadas por el PSOE, ni directa ni indirectamente", porque de haber tenido vínculo con el partido, "sería enormemente clarificador por qué el asunto no ha avanzado".

Lo que le importa a la gente es saber cuál es la "situación social y económica" de Salazar desde que saltó la noticia en el mes de julio, porque "desde entonces aparecen informaciones, se están haciendo comentarios". Tal y como ha expresado el líder socialista, sería "bastante evidente conocer exactamente qué tipo de apoyo, respaldo directo o indirecto ha tenido".

"Estamos hablando de una persona que formaba parte del núcleo duro del propio presidente del Gobierno, que está involucrado de una u otra manera en escándalos o en temas turbios y no quiero con ello ni mucho menos inducir a pensar que el presidente lo podía saber, nos puede pasar a muchos estar en un estado de ignorancia", ha afirmado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) observa un "muy relevante defecto lógico" en el razonamiento de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, ya que se descartan alternativas porque no encajan con la hipótesis principal, algo que consideran que "no es compatible con un proceso penal garantista".

La UPF ha publicado este miércoles un comunicado que lleva por título Las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo, despejando toda sombra de duda sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia y a las garantías del Estado de derecho.

Afirman que la presunción de inocencia debe preservarse como un pilar innegociable, especialmente en los casos difíciles, mediáticos o institucionalmente sensibles "porque cuando la presunción de inocencia se debilita para uno, se debilita para todos".

"Jueces y fiscales deben estar blindados legalmente no solo frente al crimen organizado y frente a la corrupción, también deben estarlo frente a la desinformación y frente a los bulos. La sociedad debe saber que quienes tienen la misión constitucional de defender la legalidad no pueden estar jamás maniatados ante la mentira, la manipulación o el ataque a las instituciones", subrayan.

Denuncian que la hipótesis principal que manejan los magistrados para fundamentar su fallo se valida porque se han descartado las alternativas. "Esto no es prueba. Esto es confirmación de una convicción previa por eliminación", destacan.

Según su análisis, "la hipótesis se prueba a sí misma" y "este tipo de razonamiento no es compatible con un proceso penal garantista" sino que "es propio de sistemas donde primero se decide y luego se construye el camino".

Lamentan que cuando una sentencia razona porque no hay explicación alternativa razonable, "en realidad está diciendo que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado", lo que implica una inversión encubierta de la carga de la prueba.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesar al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo así lo han acordado en una resolución que se ha dado a conocer este miércoles, en la que desestiman los recursos que presentaron Ábalos y Koldo contra el auto del pasado 3 de noviembre en el que Puente propuso juzgarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

El magistrado considera que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la condición del ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente dio paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.

De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.

El Rey ha recibido este miércoles en el palacio de la Zarzuela al presidente palestino, Mahmud Abás, en su segunda visita a España desde que el Gobierno acordó el reconocimiento oficial de Palestina como Estado en mayo de 2024.

Han acompañado al presidente del Estado de Palestina Ziad M.H. Abu-Amr, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Majdi A.M. Khaldi, consejero de Asuntos Diplomáticos del presidente, mientras que por parte española han asistido a la reunión Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; y José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, cónsul general de España en Jerusalén.

Antes de la reunión, el Rey ha saludado a Abás, que lucía en la solapa la llave símbolo de los hogares dejados por los palestinos exiliados, y le ha dado la bienvenida junto a la delegación para posar posteriormente para los fotógrafos.

Abás se reunirá también con Pedro Sánchez, quien se comprometerá a un mayor apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina ante el proceso para lograr la paz en Oriente Medio.

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, ha asegurado este miércoles que se sintió "obligado" a poner en marcha la cátedra de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, al tiempo que ha indicado que la asesoría jurídica del centro avaló que Gómez no fuera licenciada o graduada universitaria para impartir el curso.

"Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez", ha dicho durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Doadrio ha asegurado que el reglamento permite que el rector pueda "excepcionalmente" nombrar a un director de una cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid "siempre y cuando haya un director".

"Se aplicó, dentro de ese convenio, el reglamento, la excepción que ejercía el rector en ella", ha manifestado Doadrio, explicando que la normativa del centro universitario también permite que la persona que dirija la cátedra pueda no ser licenciada, como es el caso de Gómez.

El excargo de la Complutense ha relatado que la asesoría jurídica avaló el hecho de que Gómez no ostentara una licenciatura o grado. "La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción", ha incidido, señalando que fue Goyache el que "promocionó la cátedra" y que él se limitó a firmar para ponerla en marcha.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles en Bruselas que desconoce la denuncia por acoso que el PSOE de Algeciras ha elevado hoy a la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de la localidad, el popular José Ignacio Landaluce, y añadió que está convencido que el edil "dará explicaciones".

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Esta será la primera reunión de Sánchez con Pérez Llorca desde que fue investido presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.

Tras su investidura, ya avanzó que esperaba mantener un encuentro próximamente con el presidente del Gobierno y que lo primero que le pedirá será coordinación para afrontar la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Al respecto, subrayó que no puede ser que los políticos se peleen mientras las personas afectadas por esta tragedia necesitan ayuda y no han recuperado aun la normalidad, al tiempo que mostró su "vergüenza" por el hecho de que no se haya constituido una comisión mixta.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se mantendrá en el cargo pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular "para defender su honor", según ha anunciado el Ayuntamiento tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual. 

"No hay ninguna prueba, ni la puede haber porque no es verdad", afirma Tomé en un acto en Monforte de Lemos.

Dice que va a "seguir trabajando" y que ha hablado con su abogado para iniciar acciones judiciales. 

El PSdeG hará un "pronunciamiento contundente" este miércoles sobre el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, después de las denuncias contra él por acoso sexual este miércoles.

Pese a que esta mañana el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, mantenía su agenda, minutos antes de las 11:00 horas, la dirección del partido anuló su visita al centro temporal de acogida de personas migrantes de Cruces (Pontevedra).

Tras anular su agenda, fuentes del PSdeG anunciaban que “el partido hará un pronunciamiento contundente”.

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra José Tomé y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

La dirección federal del PSOE recibió este lunes 8 de diciembre una denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas. El PSdeG sin embargo, asegura no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

La denuncia recibida por el canal interno que Ferraz puso a disposición de posibles víctimas describe "comportamientos machistas" del dirigente socialista según describen otras fuentes socialistas consultadas por Europa Press que aseguran que el PSOE es el "primer interesado" en que el caso se resuelva.

Teresa Peramato Martín ha prometido este miércoles su cargo ante el Rey como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

Una ceremonia a la que han asistido los máximos representantes de los poderes del Estado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y la del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, además del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.

Peramato ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución abierto por el artículo 124 relativo al Ministerio Fiscal después de que este mismo miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara su nombramiento en un real decreto junto a otro que cesaba a García Ortiz, "agradeciéndole los servicios prestados".

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha prometido Teresa Peramato (Salamanca, 1962), considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresidente catalán Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, para interesarse por su estado de salud y en pleno juicio contra él y sus hijos. 

Según ha avanzado La Vanguardia este miércoles, la reunión se celebró a petición de Illa tras regresar de su viaje oficial a México y antes de comparecer en la sesión de control en el Parlament, y lo hizo para interesarse por la salud del expresidente, de 95 años.

Pujol estuvo ingresado por neumonía en noviembre, días antes del juicio a su familia por su fortuna en Andorra y para el cual, debido a su estado de salud, pudo comparecer telemáticamente y desde su domicilio.

Salvador Illa y Pujol el pasado viernes en Pedralbes. Govern de Catalunya

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras (Cádiz), el también senador del PP José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A de Algeciras, piden que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

También piden que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

El PSOE pide que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual.