Malas noticias para Trump: Juez ordena revelar los acuerdos de custodia en Alligator Alcatraz

Un juez federal ha ordenado a las autoridades de Florida y a la administración de Donald Trump que entreguen todos los documentos que clarifiquen quién tiene el control legal del polémico centro de detención conocido como Alligator Alcatraz. Esta decisión judicial surge en medio de una demanda por violaciones a los derechos civiles, y reaviva la atención pública sobre un sitio que ha sido señalado por su opacidad, condiciones extremas y presuntos vínculos con políticas migratorias impulsadas en la era Trump.

Juez exige transparencia sobre la autoridad de custodia

De acuerdo con medios como The Guardian, la orden judicial fue emitida por el magistrado Rodolfo Ruiz, quien dio plazo hasta el jueves para que se presenten los acuerdos escritos que definan qué entidad tiene la autoridad legal para detener y custodiar a las personas recluidas en Alligator Alcatraz.

Esta petición se produce en respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, incluida la ACLU, que denuncian múltiples violaciones procesales y legales en el funcionamiento del centro.

Según la denuncia, los detenidos han sido privados de acceso a abogados, se les ha negado audiencia de fianza y muchos ni siquiera enfrentan cargos formales. Ante esta situación, el juez Ruiz consideró fundamental conocer el marco legal que respalda la operación del sitio, ya que la ambigüedad sobre la cadena de mando podría estar vulnerando derechos constitucionales.

Otro de los puntos críticos es la falta de claridad sobre si el control lo tiene ICE, la Patrulla de Caminos de Florida, la Guardia Nacional estatal o alguna otra dependencia. La mezcla de competencias entre agencias estatales y federales ha generado un vacío legal que, según los demandantes, está permitiendo prácticas irregulares bajo una aparente legalidad.

Qué es Alligator Alcatraz y por qué genera controversia

El centro de detención Alligator Alcatraz fue instalado a mediados de 2025 en los Everglades de Florida y ha operado con un alto grado de discreción. Desde su apertura, ha sido criticado por activistas, abogados y periodistas debido a su ubicación remota, la falta de supervisión clara y las condiciones en las que se encuentran los detenidos.

Incluso el nombre del lugar ha generado atención mediática por su tono irónico, comparándolo con la famosa prisión de Alcatraz, pero en un entorno pantanoso y hostil.

Reportes recientes indican que el lugar aloja a cientos de inmigrantes detenidos sin un debido proceso legal. Las condiciones ambientales extremas, el aislamiento geográfico y la ausencia de información pública sobre quién lo gestiona han elevado las sospechas sobre posibles abusos. La orden del juez Ruiz busca precisamente arrojar luz sobre estas prácticas y establecer responsabilidades.

Aunque aún no se han revelado los documentos exigidos, esta intervención judicial marca un punto de inflexión en el manejo del centro y podría derivar en más demandas o incluso sanciones a las agencias involucradas. Mientras tanto, el escrutinio mediático sigue creciendo y la presión pública aumenta sobre el gobierno de Florida y las autoridades federales para que aclaren el destino de las personas allí detenidas.