Donald Trump sigue fortaleciendo su estrategia migratoria.
La política migratoria de Donald Trump podría costarle a Estados Unidos más de 100 millones de dólares en 2025
El presidente norteamericano celebró de manera reciente la aprobación de una nueva ley fiscal que impulsará la estrategia migratoria del republicano.
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Estados Unidos podría enfrentar un impacto económico significativo en 2025 debido a las estrictas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Un reciente estudio del American Enterprise Institute (AEI), realizado en colaboración con Brookings, advierte que la reducción o reversión de la inmigración neta, por vía de restricciones, deportaciones y un ambiente adverso, podría reducir el crecimiento del PIB en torno al 0.3–0.4%, lo que equivale a una pérdida de entre 30,000 y 110,000 millones de dólares en ese solo año.
Impacto macroeconómico detallado (AEI y Brookings)
Según el estudio, la migración neta podría situarse entre un mínimo de –525,000 y un máximo de +115,000 personas. El escenario más probable es cercano a cero o incluso negativo, algo que no ocurre desde 1960. Esa caída en migración se traduciría en una reducción del 0.3–0.4 % del PIB para 2025, es decir, una pérdida superior a 100,000 millones de dólares.
AEI y Brookings también estiman caídas en el empleo, afectando hasta 40,000 puestos en la segunda mitad del año, especialmente en sectores dependientes de mano de obra migrante como la agricultura, la construcción y el sector salud.
Medios como Barron’s y el Financial Times respaldan estas proyecciones. Además, expertos citados en estos análisis señalan que las consecuencias económicas de estas políticas podrían ser más profundas y duraderas que otras medidas anteriores, como la guerra comercial con China.
La combinación de menor crecimiento, pérdida de empleos y reducción de consumo se convertiría en una presión adicional para la deuda pública y los sistemas de seguridad social.
Migrantes detenidos y nuevas políticas migratorias
Hasta abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó entre 140,000 y 207,000 personas deportadas desde el inicio del actual mandato. En los primeros días de su administración, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas clave (E.O. 14159, 14165, 14163 y 10886) que eliminaron políticas como “catch-and-release” y permitieron redadas en espacios públicos y privados, incluyendo iglesias y escuelas.
También se suspendió por 90 días el programa de refugiados, se anuló el derecho a ciudadanía por nacimiento y se detuvo el uso de la aplicación CBP One, que permitía solicitar citas para asilo en los puertos fronterizos.
En paralelo, el Congreso aprobó un plan presupuestario de casi 170,000 millones de dólares para fortalecer ICE. Este paquete incluye más agentes, más centros de detención y una infraestructura diseñada para sostener deportaciones masivas.
Según analistas, si se concreta el plan completo, podría traducirse en la pérdida de entre 4 y 6 millones de empleos en un periodo de cuatro años, debido a la eliminación de una parte importante de la fuerza laboral migrante.
