Alerta migrante: Este es el nuevo plan antimigrante en Texas que haría colaborar a la policía local con el ICE

Un nuevo proyecto de ley aprobado por la Legislatura de Texas ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de migrantes. Se trata de una medida que obligaría a todos los alguaciles del estado a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ampliando de forma significativa el alcance del programa federal 287(g).

Texas impone cooperación obligatoria con ICE a todos los condados

La ley, conocida como SB 8, fue aprobada en mayo de 2025 y establece que los alguaciles deben solicitar formalmente acuerdos 287(g) con ICE, sin importar el tamaño del condado. Anteriormente, estos acuerdos eran opcionales y solo aplicaban en algunas regiones del estado.

Ahora, incluso las jurisdicciones más pequeñas estarán legalmente obligadas a participar en tareas vinculadas a la detención y procesamiento de personas con estatus migratorio irregular.

El programa 287(g) permite que autoridades locales actúen como agentes federales tras recibir capacitación por parte de ICE. Esto significa que los oficiales del sheriff podrán interrogar a personas detenidas sobre su estatus migratorio y emitir órdenes administrativas de detención dentro de las cárceles locales.

Puntos clave de la ley SB 8 en Texas:

• Obligatoriedad estatal: Todos los alguaciles deben solicitar acuerdos con ICE.

• Aplicación generalizada: Aplica a condados grandes y pequeños por igual.

• Cooperación ampliada: Oficiales locales pueden ejecutar funciones federales de inmigración.

• Consecuencias legales: El fiscal general podrá demandar a quien no cumpla.

• Preocupación social: Organizaciones advierten sobre riesgos de perfilamiento racial y desconfianza comunitaria.

Aunque la SB 8 ya fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura de Texas, aún está pendiente la firma del gobernador Greg Abbott para convertirse oficialmente en ley. Se prevé que entre en vigor en septiembre de 2025. En su versión final, la legislación también contempla la posibilidad de que el fiscal general del estado demande a los alguaciles que no cumplan con el mandato, y crea un programa de subsidios para apoyar a condados con menos de un millón de habitantes en los costos de implementación.

La iniciativa ha sido fuertemente criticada por organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de discriminación racial y la posible ruptura de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades migrantes.

A pesar de las protestas, el gobierno estatal ha reafirmado su compromiso con la aplicación estricta de políticas migratorias.